El Gobierno de Sánchez convierte la balsa de San Diego en promesa electoral y retrasa su arreglo más de una década

Un nuevo agravio hídrico para la provincia de Alicante. El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) ha convertido la reparación de la balsa de San Diego, en Villena, en un compromiso diferido a la próxima legislatura, cuando posiblemente ya no gobierne, pese a que su inactividad limita la llegada de caudales del Júcar a la provincia de Alicante a través del trasvase Júcar-Vinalopó.

Y es que en 2024 el Ejecutivo sostuvo por escrito que la obra no era prioritaria, y ahora, dos años después, se compromete a ejecutarla, pero con un horizonte temporal fijado en 2028, ya bajo el próximo Gobierno.

La balsa de San Diego fue diseñada para almacenar un volumen anual de agua transferida de 80 hm³, lo que la convierte en una infraestructura estratégica para la regulación del trasvase y la garantía de suministro a los regadíos alicantinos.

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Según explica el diputado del PP y experto en recursos hídricos Joaquín Melgarejo, “tienen una capacidad de 20 hm³ y es una balsa fundamental, es un pantano, un embalse fundamental para la regulación del trasvase hídrico y sin eso no se puede acumular agua”, por lo que su falta de operatividad impide almacenar y gestionar adecuadamente los volúmenes que llegan desde el Júcar.

La rotura e impermeabilización pendiente de la infraestructura mantienen fuera de servicio una pieza clave del sistema justo cuando, tras un buen año hidrológico, habría podido acumular una gran cantidad de excedentes.

En la respuesta remitida al Congreso en febrero de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica argumentó que “el volumen de agua anual a gestionar en los diez años de vigencia de la adenda recientemente firmada no requiere necesariamente la reparación de esta balsa, razón por la que la puesta en servicio de esta no se considera urgente”. Pese a admitir que el proyecto se encontraba entonces en fase de supervisión por parte de Acuamed, el Gobierno dejaba claro que no consideraba esencial su reparación para el funcionamiento ordinario del trasvase.

Respuesta del Gobierno en 2024.

Dos años más tarde, en una nueva contestación parlamentaria fechada el 24 de febrero de 2026, el Ejecutivo da un giro en su discurso y anuncia que “el inicio de los trabajos de actualización desde el punto de vista técnico y presupuestario del proyecto de obras de impermeabilización de la balsa de San Diego se producirá en el año 2026”, mientras que “los trabajos de impermeabilización, una vez aprobada la actualización, se inicien en 2028”.

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Es decir, la obra se reconoce como necesaria, pero su ejecución efectiva se traslada al próximo ciclo político, más allá de las elecciones generales y coincidiendo de lleno con la siguiente legislatura.

Respuesta parlamentaria de 2026.

Melgarejo, uno de los diputados que ha impulsado las preguntas sobre esta infraestructura, interpreta esta secuencia como una maniobra de calendario electoral. “Habíamos pedido la información, habíamos preguntado por la situación de la balsa de San Diego, la respuesta del Ministerio en 2024 fue que no se iba a hacer, que no era prioritaria esa obra y que curiosamente ahora nos responden en 2026 diciéndonos que sí que se va a hacer, pero que se va a hacer a partir de 2027-28”, sostiene.

El parlamentario popular cuestiona además el ritmo de tramitación que plantea el Gobierno para una actuación que considera técnicamente sencilla. “Durante 2026, según dicen, van a hacer los proyectos de reparación de la balsa. Es decir, se van a tirar un año haciendo un proyecto que relativamente es sencillo, porque simplemente se trata de impermeabilizar el embalse”, critica, al tiempo que subraya la coincidencia temporal: “curiosamente también coincide con el periodo poselectoral o proelectoral”.

A su juicio, el compromiso de iniciar las obras en 2028 se convertirá en munición de campaña antes de las próximas autonómicas y municipales. “Es decir, que vamos a tener teóricamente de nuevo unas declaraciones como que se va a reparar la balsa en 2027 para ejecutarla en 2028, según dicen, y curiosamente coincide, como te comento, con el periodo electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2027”, advierte Melgarejo. Desde su perspectiva, el Gobierno lanza ahora una promesa de inversión hidráulica cuya ejecución real quedará en manos del siguiente Ejecutivo central.

Más allá de la pugna política, la ausencia de la balsa de San Diego en la cadena del Júcar-Vinalopó tiene consecuencias directas sobre la gestión del agua en la provincia. “No se puede enviar el agua directamente a los usos, a los cultivos, sino que tienes que tenerla y la vas regulando en función de la demanda que pueda existir”, explica Melgarejo, que recuerda que la función de este embalse es precisamente permitir almacenar caudales en momentos de excedente para destinarlos después a los riegos de primavera y, sobre todo, de verano.

El diputado apunta que este año el Júcar presenta una situación holgada, con excedentes que podrían haberse derivado a San Diego de estar la infraestructura operativa. “Podría haber acumulado muchísima agua durante este año, que ha sido un buen año hidrológico, en el Júcar está bien y hay excedente, y los agricultores han dejado de embalsar porque ya no tienen dónde. Y todas las balsas privadas y el embalse del Tosal, etcétera, están llenos, están completos”, relata. Esta saturación de las balsas privadas y públicos secundarios contrasta con la inactividad de una infraestructura pública que, según el PP, debería estar operativa desde hace años.

Mientras tanto, la Generalitat Valenciana avanza en las obras del post-trasvase, preparando redes y conducciones para distribuir el agua que llegue del Júcar a las comunidades de regantes del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina. “La Generalitat puede tener las obras, pero si no tienes el agua disponible, poco te pueden servir esas obras”, resume Melgarejo, quien considera que la falta de decisión del Gobierno central sobre la balsa de San Diego está desaprovechando una oportunidad hídrica clave para el campo alicantino.