Los efectos de la inflación ya no se notan únicamente en el bolsillo de los españoles. Se descubren, también, en las escenas de los supermercados. La huelga de transportistas convocada desde el 14 de marzo tiene como resultado el desabastecimiento de productos básicos, como la leche o los cereales, y da cuenta de una crisis que bloquea el país y que se extiende cada vez a más sectores.

El encarecimiento sostenido de los carburantes, los piensos y los fertilizantes lanzó a la calle a decenas de miles de representantes del medio rural, que ponen el grito en el cielo por unas explotaciones muy lejos de ser rentables. Y las interrupciones en el suministro de materias primas afectan irremediablemente a la industria, con ejemplos tan paradigmáticos como Danone o Heineken, que tendrán que detener su actividad.

Parece difícil que esta situación, de mantenerse, le salga gratis a Pedro Sánchez. Basta con un vistazo rápido a la historia para descubrir el poder del gremio camionero para hacer tambalear gobiernos, particularmente a los de izquierda. Sucedió en Chile, en 1972, con parones que ejercieron una presión terrible sobre Salvador Allende. Y lo comprobamos, en una dimensión menos extrema y más reciente, con la crisis que padeció el progresista Justin Trudeau en Canadá, con movilizaciones que llegaron a colapsar la capital.

Inquietud

Sánchez, ante las malogradas peticiones de paciencia y el rechazo de la patronal de un plan de 500 millones de euros en bonificaciones al gasóleo, se aferra a la próxima cumbre de la Comisión Europea, que tendrá lugar el 24 y el 25 de marzo, para encontrar soluciones.

Pero ni está claro que se convenga en esta la intervención conjunta de los precios de la energía, como demandan los socios del sur y rechazan los del norte, ni las medidas tendrán un impacto inmediato sobre los consumidores. De modo que la inquietud ciudadana ante un Gobierno paralizado un mes después de iniciada la guerra en Ucrania y a la espera permanente de que la Unión Europea le saque las castañas del fuego está justificada. 

Inacción

Los próximos en salir a la calle serán los taxistas y el sector de transportes de viajeros por carretera, que lo harán el próximo domingo. Con cada vez más amplias las capas de población que expresan tan notoriamente su malestar, ¿cuánto tiempo más puede permanecer el Gobierno en la inacción?

Sánchez se expone a que las reclamaciones de sectores originalmente tan dispares acaben desembocando, peligrosamente para sus intereses, en una voz única de protesta. En este escenario, parece claro que recurrir a la disparatada propaganda dirigida contra los manifestantes, a los que Moncloa ha identificado con la ultraderecha e incluso con Putin, no será suficiente. 

El Gobierno tiene que responder. Lo contrario no sólo provocaría heridas inasumibles para una economía tan renqueante como la española. También podría ser letal para su legislatura.