El merodeador

El fiscal debe recurrir la extraña 'rebaja' a Mas

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No tiene explicación lógica que el mismo juez instructor que hace tres meses apreciaba en el comportamiento de Artur Mas una fundada sospecha de malversación de fondos públicos, haya retirado ahora ese posible delito al cerrar la investigación y abrir los preparativos de la fase de juicio oral. Ese es el único de los tres delitos que se le atribuyen al ex presidente de la Generalitat que comporta pena de cárcel. ¿Casualidad?

Las circunstancias que rodean este caso generan muchas sospechas. Con su decisión, Joan Manel Abril, juez que ha instruido el caso de la consulta soberanista del 9-N, actúa contra el escrito que él mismo remitió al Supremo con la intención de que el Alto Tribunal se hiciera cargo del caso, ya que uno de los imputados, Francesc Homs, era aforado. En esa exposición al Alto Tribunal sostenía que había indicios suficientes contra Mas, Homs, la exvicepresidenta Joana Ortega y la ex consejeraIrene Rigau, de la comisión de tres delitos: prevaricación, desobediencia al Constitucional y malversación.

En el asunto de la malversación era taxativo al afirmar que los investigados "no podían desconocer que, al no haber dado orden de paralizar los diferentes procedimientos de contratación (...) se comprometían recursos públicos de la Administración catalana". La retirada del cargo de malversación hace que Mas y sus excompañeros sólo se expongan a multa e inhabilitación, dos penas menores. Se da la paradoja de que Homs está siendo investigado en el Supremo por delitos que incluyen la supuesta malversación merced al escrito de Abril.

Malversación sin malversador

Lo lógico es que el juez hubiera justificado ahora en la resolución que cierra la instrucción las razones que le han llevado a desdecirse y a hacer, en la práctica, un sobreseimiento parcial. Nada de eso hay. Al contrario, el juez llega a cuantificar el dinero público que se invirtió en el 9-N: 1,5 millones de euros. Así que no se entiende que haya dinero malversado sin malversador.

Una circunstancia que alimenta las suspicacias en este caso es que este juez, promovido por CiU en su día para ocupar la plaza en la relevante Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia catalán, ha decidido abandonar la judicatura para ocupar la mucho mejor remunerada presidencia del Tribunal Superior de Andorra. Es decir, que esta es su gran despedida. Eso alimenta la idea de que puede estar buscando congraciarse con quienes le apadrinaron, en una suerte de regalo de despedida. Como otro regalo se interpretó ya el hecho de que citase a Mas a declarar en el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, circunstancia que aprovechó propagandísticamente el mundo independentista.

La Fiscalía, que se querelló por malversación, debe ser consecuente y recurrir la decisión judicial para que Mas pueda ser juzgado por algo que, tras la instrucción, parece altamente probable: que utilizó dinero público en una consulta ilegal que había sido prohibida por el Constitucional. Y a eso se le llama malversación.