Sobrina de doña Margarita

La presidenta del Hipódromo de la Zarzuela declara como investigada por prevaricación

Faina Zurita cedió a Loterías del Estado los derechos de imagen de las carreras a pesar de ser propiedad del regulador.

Presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, Faina Zurita.

Presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, Faina Zurita. Archivo

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La presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, Faina Zurita, ha acudido hoy a los madrileños Juzgados de Plaza de Castilla para declarar en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación. El cargo de la sobrina de doña Margarita de Borbón (tía del rey Felipe VI) es público dado que el hipódromo forma parte de la SEPI y es la razón por la que la Justicia ha considerado que debe ser investigada por su condición de funcionaria pública.

Zurita ha tenido que acudir hoy al Juzgado por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó que la causa debía continuar adelante en contra del criterio del instructor, que dio carpetazo a la querella presentada por las cuadras Kemeng, Méster de Cría y la Cuadra Los Mellizos.

La querella está centrada en varios aspectos. El primero, que Zurita habría dispuesto de los derechos de imagen de la competición de las carreras de caballos cuando éstos habían sido cedidos por el regulador del 'turf', Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE). La presidenta del HdZ vendió, según los querellantes, sin autorización esos derechos de imagen a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Pero es que además, los querellantes acusan a Zurita de haber mantenido las carreras de caballos en el año 2014 a pesar de que el regulado, SFCCE, estaba en concurso de acreedores y la ley impide a una empresa pública contratar con sociedades en concurso, para al año siguiente prohibir la celebración de las carreras bajo el alegato contrario, es decir, que no podía haber carreras mientras el regulador estuviera en concurso. Según los querellantes, Zurita prevaricó con el único objetivo de favorecer la entrada de un nuevo regulador, más acorde a sus intereses.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó íntegramente el recurso contra el archivo de la querella y ordenó al Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid que citara a Zurita, designada por el consejo de administración de la SEPI en el año 2012, en calidad de investigada.

Así, la presidenta de HdZ ha acudido hoy para ser interrogada, en un acto al que no ha acudido la Fiscalía y la Abogacía del Estado actúa en defensa de Zurita. Aún así, la magistrada le ha advertido al inicio de la declaración que la causa va a estar acotada únicamente al primero de los aspectos de la querella, el contrato firmado con la SELAE de cesión de los derechos de imagen de las carreras, lo que provocó la disconformidad de la defensa de los querellantes como de la SFCCE, que también está personada como acusación bajo la defensa letrada de Gonzalo Díaz, de Dastae abogados.

Zurita señala a presidentes anteriores

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Zurita aseguró que el contrato con al SELAE se viene firmando desde 2005 por periodos de dos años, con otros presidentes anteriores, sostuvo que se trata de la cesión de los derechos únicamente vinculados al Hipódromo de la Zarzuela por lo que no debería afectar al resto de hipódromos.

Sin embargo, el contrato, en su estipulación primera, recoge literalmente: “El objeto del presente contrato consiste en la regulación de los términos y condiciones bajo los que HZ coordinará y organizará determinadas carreras y caballos en el Hipódromo de la Zarzuela y cederá en exclusiva a SELAE los derechos de explotación audiovisual en España de las mismas. El presente contrato regula asimismo los términos y condiciones en los que el HZ deberá poner a disposición de la SELAE derechos de explotación audiovisual en España de las carreras hípicas celebradas en otros hipódromos españoles y extranjeros”.

En ese contrato, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se recoge como la SELAE desde 2005 comercializa las apuestas hípicas y en el año 2013, con la firma del contrato en cuestión, Loterías y Apuestas del Estado buscaba la cesión en exclusiva de los derechos de explotación audiovisual "a los efectos de obtener la mayor repercusión mediática posible de las carreras hípicas sobre las que versa la apuesta deportiva de SELAE".

La línea de defensa mantenida por la investigada en su interrogatorio ha sido que los hechos por los que se le persigue ya han sido analizados y archivados por otro Juzgado de Madrid y avalado por la Audiencia Provincial de Madrid. El regulador histórico de las carreras de caballos -sustituido por uno nuevo tras entrar en concurso de acreedores- se querelló contra Zurita por los delitos de estafa, falsedad documental y coacciones, por el presunto “contrato fraudulento” sobre los derechos de imagen, que generó un enfrentamiento que provocó el aplazamiento indefinido de esta temporada.

“Raya la mala fe”

Esa querella se archivó antes de que Zurita pudiera declarar en calidad de investigada. Sin embargo, poco después tres cuadras se juntaron para querellarse contra ella, esta vez por prevaricación. En este caso, la Audiencia de Madrid ha estimado que sí debe ser investigada. En contra del criterio del juez instructor, la Sala entiende que Zurita es funcionaria pública al gestionar una sociedad controlada por la SEPI con un 95%.

Precisamente, en el conflicto mercantil por el concurso de acreedores de SFCCE, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid avaló que los derechos de imagen de las carreras formaba parte de la masa activa de esta empresa y no del Hipódromo de la Zarzuela, tal y como éste defendió. Dentro del proceso concursal, HZ pidió que se excluyera estos derechos de imagen de la partida de masa activa del regulador, así como la base de datos oficial de las carreras. Sin embargo, a través de sentencia, el juez concluyó que la posesión de los derechos de imagen por parte de SFCCE “no sólo consta en documentos muy anteriores en su generación al litigio, sino que ha sido pacífica y constantemente admitida por todos los interesados desde muy antiguo, cerca de 30 años” y por lo que su inclusión en el inventario por parte del regulador “es correcta y acertada”.

Respecto a la posesión de la base de daros relativa a la cría de los caballos, el juez afirmó que “es lamentable y particularmente llamativo que la propia entidad Hipódromo de la Zarzuela haya reconocido de modo expreso la existencia de tal base de datos y su titularidad por parte de SFCCE, en un convenio de 2005. Va contra sus actos propios, y raya la mala fe, negar ahora dicha existencia”.