Ignacio González (i) y su hermano, Pablo González (d), ambos detenidos.

Ignacio González (i) y su hermano, Pablo González (d), ambos detenidos. Efe / EP

España Operación Lezo

González usó para blanquear una empresa administrada por un muerto

Su hermano es apoderado de la firma, en la que figura como responsable en el registro un empresario fallecido en 2013.

27 abril, 2017 02:59
Alejandro Requeijo Daniel Montero Carlota Guindal

Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, utilizó para las actividades de presunto blanqueo del político una sociedad llamada Asesora 25 SL en la que aún hoy figura como administrador único una persona fallecida hace cuatro años. Se trata de Iluminado Hernández Jiménez, cuya esquela se encuentra con una rápida consulta en Internet y que informa de su fallecimiento el 11 de noviembre de 2013 e invita a escribir una condolencia. El velatorio tuvo lugar en el Tanatorio de la M30 y esa misma tarde fue incinerado en el crematorio del Cementerio de La Almudena.

Esquela del administrador publicada en Internet.

Esquela del administrador publicada en Internet.

Pese a ello, el nombre de Iluminado Hernández aparece, todavía hoy, al frente de la sociedad Asesora 25 SL. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la empresa madrileña aparece varias veces en la investigación del caso Lezo, principalmente en lo que afecta a las operaciones del presunto blanqueo que llevaron a cabo los hermanos González, ambos en prisión desde el pasado miércoles. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tiene acreditada una facturación ficticia de alrededor de 12.000 euros entre el expresidente y la citada sociedad. Luego Ignacio González, según esta misma tesis, compensaba esa cantidad a su hermano con dinero en efectivo.  

Para estas operaciones de facturación ficticia, González también se sirvió -según los investigadores- de otras sociedades como Asecon Base SL y Comunica Más. El expresidente madrileño también se valió de otros miembros de su núcleo familiar más cercano, incluyendo su padre, Pablo González Liberal, de 90 años de edad. Asesora 25 SL aparece también en una de las piezas centrales de la causa, la adjudicación del campo de golf en los terrenos del Canal Isabel II en Islas Filipinas. Una de las sociedades beneficiadas en la concesión fue Tecnoconcret, firma en la que después entraron como accionistas el hermano y el cuñado de González.

"Numerosos indicios"

“Numerosos indicios apuntan a que tanto Pablo González, como José Juan Caballero --cuñado del expresidente-- se beneficiaron económicamente de estos contratos del Canal en fechas en las que Ignacio González era el presidente del Consejo de Administración”, dice en su auto el juez, que tiene acreditado que Asesora 25 SL, facturó en 2007 a Tecnoconcret unos 8.000 euros.

El rastro de Asesora 25 SL también aparece en otra de las actividades por las que se investiga al hermano de González y que tiene que ver con su posición de directivo de la empresa pública Mercasa. En concreto, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción tienen pruebas de que Asesora 25 percibió fondos de Urbaser entre 2011 y 2015 por un importe total de más de 370.000 euros. Además existen indicios de que está concertado un directivo de dicha empresa para influir en procesos de contratación pública de Mercagranada.

Según el Registro Mercantil, esta empresa --cuyo administrador único es un fallecido-- fue constituida en 1999 y actualmente cuenta con un capital social de 72.000 euros. El órgano de Administración de Asesora 25 tan solo lo componen el fallecido como administrador único y Pablo González como apoderado. Asesura 25 no presenta cuentas en el registro público desde el año 2010. Y según la legislación española, cuando una sociedad no está al día con la presentación de sus cuentas, sufre el llamado cierre de su hoja registral. Es decir: que si no presenta cuentas, no puede inscribir ni borrar a sus administradores ni hacer modificación alguna. 

Por esa cuestión formal, para Pablo González y los responsables de la sociedad era imposible inscribir a un nuevo administrador en el registro aunque el vigente hubiera fallecido. Y así pasaron al menos cinco años, mientras la bola de cuentas no presentadas se hizo cada vez más grande. Ahora, los investigadores trabajan con la tesis de que el hermano de Ignacio González nunca tuvo intención de regularizar la información de la empresa, que sobre el papel seguía controlada por un fallecido.