Gestión pública

Una veintena de empleados y cargos del Canal de Isabel II ligados al PP, bajo la lupa

El director general de la empresa pública madrileña reconoce que pagan el abogado de Gerardo Díaz, imputado en la Operación Tosca.

Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, junto con Esperanza Aguirre.

Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, junto con Esperanza Aguirre.

El Canal de Isabel II, cuando todavía no era una sociedad anónima, tenía una pequeña puerta por la que se fueron colando amigos, familiares y antiguos cargos del Partido Popular. Era un artículo en el convenio colectivo que permitía que el 1% de la contratación del Canal no se hiciera por concurso o cualquier otro proceso abierto de selección. El Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid, en el marco de la comisión de endeudamiento que ha empezado esta semana a estudiar la gestión del Canal, trabaja en una lista de una veintena de nombres de personas que entraron en la empresa pública madrileña utilizando esa puerta (lo que fue posible hasta mediados de 2012 cuando se transformó en sociedad anónima y pasó a regirse por el convenio sectorial) así como posteriormente por otras vías de contratación. Se trata de dilucidar si han sido producto de una correcta gestión pública. La lista puede dejar corto el número conocido de fichajes con causa política de Canal, la empresa que la oposición al PP espera que sirva para echar el lazo judicial al ex presidente de la Comunidad, Ignacio González.  

Incluye a Víctor Sánchez Mestre (responsable de Gestión de Facturación del Canal) y Almudena Mestre (archivera), familia de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González; a María del Camino Arroyo Prada, ex cargo de confianza de Esperanza Aguirre y ex mujer de Gustavo de Arístegui, actualmente imputado por el presunto cobro de comisiones que destapó El Mundo; a Fernando Cevallos Aguaron, marido de Regina Plañiol de Lacalle, ex consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid; a la hoy presidenta de Telemadrid, Covadonga Fernández; a María Fernanda Richmond, esposa de Javier de Andrés, íntimo amigo de Ignacio González y consejero delegado de Indra; a Francisco Javier Aguirre Pemán (subdirector de Márketing del Canal), primo de Esperanza Aguirre; a Manrique Mariscal de Gante (en el equipo jurídico del Canal), primo de la ex ministra de Justicia con Aznar Margarita Mariscal de Gante; a Pilar Martín de Miguel, hija del secretario de Estado con Aznar Antonio Martín Marín, o a algunos nombres ligados a Caja Madrid y sus tarjetas black, como Pablo Abejas; o a Bankia, como Álvaro de Ulloa y Suelves, director gerente del ente Canal de Isabel II hasta este martes, cuando ha presentado su dimisión.

El imputado cuyo abogado paga el Canal

Los vínculos políticos no son la única línea de investigación abierta en torno al Canal de Isabel II, ni mucho menos. Los contratos pagados a varias empresas por servicios no realizados son también protagonistas de la comisión. El ex director general de Hispanagua (filial del Canal) Gerardo Díaz, imputado en la Operación Tosca, ha reconocido en el marco de la misma que existieron contratos facturados por empresas que no realizaron correctamente el cometido por el que se las había contratado, contratos a empresas externas pagados por labores que en realidad realizó Hispanagua e incluso contratos que se pagaron a pesar de que nunca se llegaron a realizar los trabajos contratados.

Díaz no sólo negó su implicación en estos contratos sino que aseguró ser la persona que los detectó desde su puesto en Hispanagua. Si esto llamó la atención en la comisión, no lo hizo menos la defensa cerrada de Díaz, a pesar de su imputación, que hizo en la comisión el director general de la sociedad Canal de Isabel II, Adrián Martín López de las Huertas. Además de pedir respeto por que lo considera "un presunto inocente" hizo público que tras destituirlo como director financiero de Hispanagua recibió "por primera vez una carta firmada por 200 trabajadores mostrándose en contra de la destitución". Según López de las Huertas, Díaz está investigado "por defender los intereses de Canal", motivo por el que "quien le paga el abogado es el seguro de la empresa", reconoció. 

El otro Canal de Panamá

El director general de la sociedad Canal, que lleva al frente de la gestión desde 2009, cuando aún existía sólo el ente, defendió ayer la gestión que ha hecho de la compañía desde que fue conformada como sociedad anónima en 2012. En su opinión, la deuda financiera actual (975 millones de euros) es una deuda baja en comparación con las mayores empresas del mundo de gestión de aguas.

Se justifica, añadió, con los 1.871 millones de euros invertidos en la Comunidad de Madrid entre 2009 y 2015, con una media de 267 millones de euros al año y el paso de 51 municipios adheridos en 2009 a 134 en el pasado ejercicio. Llama la atención, sin embargo, como destacaron los diputados, que el Canal haya repartido en estos siete años su beneficio en forma de dividendo, entregando 482 millones de euros a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos asociados, de los que el de mayor tamaño, con el 10% del capital, es el Ayuntamiento de Madrid.  

La otra pata de inversión está en América Latina, donde Canal tiene empresas participadas y asociadas en países como Panamá, Ecuador, Colombia o Brasil, que no aportan beneficio alguno, según las cuentas del registro mercantil, y por cuyos socios minoritarios preguntó ayer el Grupo socialista en la comisión. El director general del Canal se limitó a indicar que son socios locales. Canal ha sido objeto de denuncias por algunas de sus participadas en América Latina por prácticas abusivas con las tarifas.