Despilfarro autonómico

Campus de la Justicia: del despilfarro al rescate de Montoro

El ex apoderado del proyecto fallido de Aguirre detalla a EL ESPAÑOL cómo se dilapidaron 105 millones de dinero público.

Presentación del Campus de la Justicia.

Presentación del Campus de la Justicia.

Los focos se apagaron este martes definitivamente para el show del Campus de la Justicia, el proyecto emblemático de Esperanza Aguirre que se ideó para unificar en 12 edificios todas las sedes judiciales dispersas por Madrid. Ha bastado una de las comparecencias ante la Comisión de Endeudamiento que se está celebrando en la Asamblea de Madrid -a iniciativa de Podemos y Ciudadanos- para tirar por tierra definitivamente el decorado que tapó durante años el despilfarro del Campus.  

Javier Rodríguez, ex apoderado de la sociedad, compareció ante la Comisión y fue desnudando con paciencia el proyecto, detallando el mecanismo, descubriendo el truco que, al recoger, ha dejado dos recuerdos: un edificio abandonado e inútil que hay que 'desconejar' de vez en cuando (los únicos que han encontrado uso al edificio son los conejos de Valdebebas) y un coste para las arcas públicas de 105 millones de euros. Algo más de 56 millones se han ido al único edificio terminado y los túneles que lo rodean (en cuyo sellado tras pararse el proyecto también hubo que emplear dinero público); 27 millones para los proyectos técnicos (incluidos los 10 millones que cobró el arquitecto Norman Foster) y 6 millones para indemnizaciones. 

Atrás quedan definitivamente la colocación de la primera piedra, los viajes a Nueva York, Munich, Singapur, Milán o Valencia, el autobús itinerante de dos plantas, las camisetas, los paragüeros y las gorras de merchandising, los folletos de papel satinado. 

En conversación con EL ESPAÑOL, Rodríguez añadió detalles a sus declaraciones ante la comisión, limitadas por el tiempo de la comparecencia. El problema del Campus fue la falta de un plan estratégico general y que no hubo un plan riguroso de financiación, lo que obligaba a ampliar capital o vender un activo cada vez que faltaba dinero, según Rodríguez. El remate final fue que, después de las constantes inyecciones de dinero y la entrega de edificios propiedad de la Comunidad que Campus subastó para sacar pingües ganancias (también dilapidadas), hubo que recurrir al Plan de Pago a Proveedores ideado por el Ministerio de Hacienda en 2012 para pagar la factura principal: la del único edificio terminado. Un total de 20,6 millones de euros a los que hubo que añadir 2,62 millones de la tesorería de la sociedad, que fueron pagados a Acciona por la construcción del Instituto de Medicina Legal.

Ese "donut", como se le conoce y llama Rodríguez, al que no va ser nada fácil buscar una utilidad porque "es para muertos", recordó, en referencia a que se diseñó para acoger la actividad del anatómico forense.  

La pólvora del rey

El goteo de dinero hacia Campus de la Justicia, detallado por Rodríguez, es una historia de siete años que dice mucho de cómo se hacían las cosas en la Comunidad de Madrid en pasadas legislaturas. La sociedad se creó en 2005 con una aportación dineraria de la Comunidad de Madrid de 500.000 euros más un edificio en Fernández de la Hoz tasado en ese momento en 6,85 millones. El edificio se vendió en subasta y se obtuvieron 13,5 millones, que se sumaron a las cuentas de la sociedad.

Un año más tarde, 2006, en vista de que era totalmente insuficiente la cantidad para un proyecto al que se había planteado destinar 500 millones de euros, la Comunidad de Madrid aportaba un edificio más, el de Hernani, tasado por 37,5 millones. Para hacerlo dinero contante y sonante, Campus de la Justicia lo sacó a subasta también y logró 62 millones.

En enero de 2009, cuando la economía española ya se estaba tambaleando, la Comunidad de Madrid hizo una nueva ampliación por la que aportó, esta vez en dinero contante y sonante, 8,28 millones de euros. En diciembre de ese mismo año se realiza una aportación por la misma cantidad y en febrero de 2011, de nuevo, el mismo importe. 

Fiesta electoral, pánico en las cuentas

En octubre de 2011 llega Javier Rodríguez como apoderado. En la Comunidad de Madrid estaban "en plena convulsión política". El Partido Popular había arrasado en las elecciones autonómicas y locales de mayo y se disponía a hacerse con la Moncloa en las generales. Todo parecía motivo de alegría pero la fiesta se había acabado y nadie quería hacerse responsable de las rondas que quedaban sin pagar. 

Rodríguez se encuentra con las cuentas de 2010 sin formular. "Me dejé los nudillos de golpear en las puertas para pedir que se aprobasen las cuentas de 2010 del Campus", ha declarado ante la Comisión de Endeudamiento. Nadie quiso hacerse responsable. Ni la consejera de Presidencia, Interior y Justicia que se encuentra al llegar, Regina Plañol, ni quien la sustituye, Salvador Victoria. No quieren poner su firma a las cuentas de una sociedad cuyo máximo responsable ha sido el anterior consejero de Presidencia: Francisco Granados, hoy en la cárcel como presunto responsable de la trama Púnica. 

No hay forma de liquidar la sociedad sin las cuentas y Francisco Rodríguez intenta explicarles que, aunque contienen salvedades del auditor, no implican una opinión desfavorable. Se deben a que no hay forma de poner valor al único edificio que se ha construido del proyecto, el Instituto de Medicina Legal. "Era un edificio muy singular sin elementos de comparación y Valdebebas no estaba desarrollado urbanísticamente. Los tasadores no podían dar más que el valor de construcción y restarles las amortizaciones". 

"Que venga a defender las cuentas quien las hizo", asegura Rodríguez que le dijo Salvador Victoria cuando le insistió en que había que aprobarlas llevándolas al consejo de Gobierno. 

Rodríguez fue cesado en febrero de 2013 con las cuentas de 2010 aún sin aprobar. Todo encaja con las declaraciones ante la Comisión de Endeudamiento de la asamblea del presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, que reconoció la imposibilidad surante años de obtener la información sobre Campus de la Justicia que reclamaba. 

Reclamaciones pendientes

Cuando Javier Rodríguez fue nombrado apoderado del Campus en octubre de 2011, se encontró unas cuantas reclamaciones pendientes, algún contrato que consideró inasumible y las cuentas de 2010 aún sin aprobar. 

Entre estas se encontraba una de Acciona que tenía incluso sentencia en contra de la sociedad. Los tribunales obligaban a Campus a pagar 2,15 millones que les reclamaba la constructora, más 300.000 euros de intereses de demora y 700.000 euros de las costas del proceso, al que los gestores de Campus no se habían preocupado ni de presentarse. Rodríguez asegura que logró pactar que la deuda se saldara por los 2,15 millones iniciales. También logró pactar una reducción de deuda con Elecnor, que se dedica a la ingeniería y sistemas eléctricos.

También asegura que renegoció el contrato con Bovis Lend Lease, la empresa de asesoría técnica a la que, al menos de septiembre de 2010 (según el último contrato al que tuvo acceso Rodríguez), se pagaban 34.000 euros al mes por sus servicios. La renegociación, con la sociedad ya paralizada, redujo el coste mensual del contrato primero a 8.500 euros en octubre de 2011 y a 1.500 en marzo de 2010.

No todas las reclamaciones consiguieron pactarse. Algunos de los arquitectos que habían ganado en 2004 el concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (y cobraron su premio) se agarraron a que en las bases se decía que serían los encargados del proyecto real y, a pesar de no tener contrato, siguen agarrándose a esa opción y litigando en los tribunales contra la Comunidad de Madrid. 

El Campus de la Justicia fue finalmente liquidado en julio de 2014 pero pocos meses después Ignacio González relanzaba el proyecto rebautizado como Ciudad de la Justicia, con nuevo concurso incluido. Ha sido ya Cristina Cifuentes como presidente de la comunidad quien ha paralizado el proyecto ante el recurso presentado en los tribunales por Corsan Corviam.