MEMORIA HISTÓRICA

Una jueza argentina investigará la desaparición de Lorca

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España puso en contacto a la jueza Servini con el documento que explicaba el asesinato del poeta. 

Federico García Lorca.

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La jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde hace años investiga violaciones de derechos humanos durante el franquismo, ha aceptado la denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).El presidente de este colectivo, Emilio Silva, afirma que la jueza ha aceptado este caso y que ya ha enviado un exhorto a España para iniciar diligencias. El inicio de esta investigación judicial coincide con el 80 aniversario del asesinato del poeta nacido en Fuente Vaqueros (Granada) y tras el hallazgo de unos documentos que la asociación había custodiado.

El inicio de esta investigación judicial coincide con el 80 aniversario del asesinato del poeta nacido en Fuente Vaqueros (Granada)

La denuncia, formalizada el pasado abril, trasladaba a la jueza argentina un relato que acreditaba "de manera fehaciente" las circunstancias de la detención y el asesinato de Federico García Lorca, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965. El referido informe, que mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del poeta, señalaba que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como "socialista y masón", a la vez que le atribuye "prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi".

Federico García Lorca recitando su poesía.

Federico García Lorca recitando su poesía.

García Lorca se encontraba en Granada, hasta donde había llegado días antes de Madrid, ciudad en la que residía, explica el documento, que añade que, en el lapso de pocos días, se practicaron dos registros en su domicilio, tras lo cual se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, falangistas. Allí permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936 y que se produjo con una orden procedente del Gobierno Civil.

La denuncia recoge que Lorca fue pasado por armas en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande

Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil y se interesaron por él los hermanos Rosales Camacho y el jefe local y el jefe de milicias de Falange, quienes tras entrevistarse con el entonces gobernador civil no consiguieron la libertad del detenido. La denuncia recoge que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo" y conducido en un coche al término municipal de Víznar junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen y que, en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, "fue pasado por las armas".

A partir de este relato, la ARMH trasladó a la jueza la importancia de este caso para la configuración del que considera un "contexto de crímenes contra la humanidad" y que "resulta indispensable" contar con toda la documentación vinculada a este hecho que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español. Como medida de prueba, solicitaron que se remitiera un comisión rogatoria al Juzgado de Instrucción de Madrid que correspondiera por turno para que recabase del Ministerio copias certificadas del expediente de la Jefatura Superior de Policía de Granada de 1965, así como toda documentación que obre en sus archivos relativa a la detención y homicidio de García Lorca.

Tras conocer la decisión judicial, la asociación granadina Verdad, Justicia y Reparación ha celebrado en un comunicado que Servini de Cubría haya admitido a trámite la denuncia, aunque ha calificado de lamentable que sea necesaria la intervención de una juez argentina para investigar el "genocidio franquista". Además, considera que este paso supone un "desprestigio" para el poder judicial español, que "utiliza la Ley de Amnistía del 77 como ley de punto final, dejando en desamparo a las familias de más de 100.000 desaparecidos.La asociación lamenta que la misma ley impida que antiguos cargos franquistas presten declaración ante la misma jueza dentro de la investigación abierta para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura