Constitución comisión mixta Gobierno-Generalitat por la dana. Ana Escobar / EFE
Ayuntamientos de la dana piden que sea la Generalitat y no el Gobierno quien asuma las obras de reconstrucción
El Estado recomendó acudir a Tragsa ante la escasez de funcionarios municipales para tramitar expedientes, pero los municipios señalan el atasco del medio propio.
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Casi un año y medio después de haber recibido el dinero, varios ayuntamientos afectados por la dana siguen sin poder ejecutar gran parte de los fondos que le transfirió el Gobierno de España para realizar las obras de reconstrucción.
¿El motivo? La escasez de funcionarios con los que cuentan para tramitar expedientes, algo que está marcando el ritmo de recuperación de algunos municipios que se vieron arrasados por el agua el 29 de octubre de 2024.
Tanto es así que algunas localidades como Aldaia, Catarroja o Paiporta -las tres gobernadas por el PSOE- reclamaron hace unas semanas a la Generalitat que asumiera algunas de las actuaciones que se deben realizar, dado que tiene una mayor estructuraadministrativa para poder licitar grandes contratos.
Una petición que, no obstante, debería autorizar el Ejecutivo central. No en vano, fue este quien transfirió a los consistorios 1.746 millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras dañadas y, ante las advertencias de los municipios de su limitado músculo administrativo para poder ejecutar el dinero, les recomendó acudir a Tragsa.
Sin embargo, algunos de ellos han mostrado su preferencia por que sea la administración autonómica quien lo haga debido al "atasco" con el que opera actualmente este medio propio, según confirman fuentes del Gobierno valenciano.
Con estos mimbres, la comisión mixta Gobierno-Generalitat se reunirá este viernes en Algemesí. Será la primera cita después de que se constituyera el pasado febrero en el castillo de Riba-Roja del Túria, y se da por hecho que este será uno de los temas que afloren en el encuentro.
A la reunión acudirá Diana Morant, a quien el Ejecutivo ha decidido introducir en esta herramienta interadministrativa como relevo de Arcadi España después de que este fuera designado ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero.
Conviene apuntar que ya existen algunas obras concretas que, bien por su relevancia o por la inversión global, los municipios pidieron a la Generalitat que asumiera para que no se dilataran en el tiempo a pesar de ser financiadas por el Estado.
Se trata del puente de acceso al centro comercial Bonaire, cuya cimentación fue afectada por la riada. Finalmente fue reconstruido por la administración autonómica a pesar de ser de titularidad municipal y en él se invirtió 1 millón de euros.
La petición se registró en agosto de 2025, y el consistorio justificó tal petición en que más de 12.300 vehículos circulaban por él cada sábado.
También ocurrió lo mismo con el camino de Santa Ana entre Paiporta y Catarroja, una obra cuyo presupuesto era de 900.000 euros. Logró reabrirse en noviembre de 2025 y, aunque no fue directamente afectado por la dana, por él circularon multitud de vehículos tras la catástrofe porque fue de los pocos tramos que no quedaron devastados.
Como estas, también hay otro tipo de obras que los ayuntamientos quieren derivar a la administración autonómica. Algo que el Gobierno, eso sí, deberá autorizar.
La plantilla de la Generalitat
Con todo, cabe recordar que la Diputación de Valencia aprobó en julio de 2025 una partida de 10,3 millones de euros para dotar de 100.000 euros a cada ayuntamiento afectado por la catástrofe con el único objetivo de que estos pudieran contratar personal que trabajara en la tramitación de expedientes dedicados a la reconstrucción.
El presupuesto beneficiaría a un total de 103 municipios. La partida buscaba poner fin al dilema al que se enfrentaban los consistorios tras naufragar el plan propuesto por el exvicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, que pretendía ceder a los empleados públicosde la Generalitat a los ayuntamientos.
Este se basaba en el préstamo de funcionarios de la Comunitat, pero acabó descartado por distintos motivos. Principalmente, por los reparos que puso la Dirección General de Función Pública, pero también por el poco interés que suscitó en la plantilla de la Generalitat.
Todo surgió en abril de 2025, cuando tras visitar numerosos municipios afectados por las inundaciones, Gan Pampols cotejó que entre las principales preocupaciones que le trasladaban los alcaldes había un común denominador.
A pesar de que todos tenían ya en sus arcas los fondos del Gobierno para iniciar la rehabilitación de infraestructuras, advertían que no tenían suficiente músculoadministrativo para poder licitar contratos.
Dicho de otra manera: sin el personal suficiente, corrían el riesgo de no poder ejecutar el presupuesto y, por tanto, que todas las obras necesarias para devolver la normalidad a sus municipios se quedarían por hacer.
Muchos de estos pueblos cuentan con unos presupuestos anuales modestos y se encontraron en la tesitura de que el dinero enviado por el Estado era superior al que acostumbran a gestionar anualmente.
Con este telón de fondo, Gan Pampols envió una carta a los funcionarios autonómicos para pedir voluntarios y configurar un equipo técnico 'ad hoc' para la reconstrucción.
El tipo de empleado público que buscaba la Vicepresidencia segunda y necesitaban los ayuntamientos eran del tipo A1 y A2. Entre ellos, arquitectos, ingenieros y otros técnicos cualificados que forman parte de la escala más alta del funcionariado valenciano.
Se llegaron a interesar 82 personas, pero con el paso de los días, el plan encalló. Función Pública puso reparos al no estar de acuerdo con la fórmula empleada. Esta Dirección General quería que se empleara otro mecanismo que no implicara la cesión de su propia plantilla.
Esto se debía a que si los funcionarios de la Generalitat acababan trabajando para los ayuntamientos, dejarían de prestar sus servicios en la administración autonómica. Así, las funciones que desempeñan en sus puestos, dejarían de realizarse y en la práctica sería como tener vacantes esas plazas.
Con todo, aunque no admitían reticencias, desde la Conselleria dirigida por Nuria Martínez -donde entonces se encontraban las competencias en Función Pública- sí reconocían estar estudiando el "encaje" que tenía "el llamamiento" que se había hecho.
Pero la realidad es que ese encaje nunca llegó a pesar de que el número de interesados iba aumentando. Las peticiones para trabajar en otra administración, huelga subrayar, debían ser firmadas por los jefes de personalde las consellerias donde los funcionarios tienen la plaza. Unas autorizaciones que no se produjeron.
Pocos acudieron a la reunión
Ahora bien, también hubo un segundo hándicap. Después de tener 82 instancias de personas interesadas en formar parte de ese equipo técnico, Gan Pampols convocó a todos a una reunión para exponerles las labores que se les encomendaría y cómo trabajarían.
"Se les convocó a una reunión en la Conselleria, pero solo acudieron 31. De estos, una vez explicado el modelo de funcionamiento que esperábamos, quedaron disponibles dos funcionarios y 11 interinos", reveló el vicepresidente.
La forma de trabajar, según expuso, se basaba en dividir equipos de cuatro personas para cada ayuntamiento: dos técnicos de Arquitectura y otros dos de Ingeniería.
Pero las cifras finales fueron poco prometedoras. Y a esto se sumó también la problemática que arrastran los interinos: al ser trabajadores temporales que cubren vacantes en la administración, corrían el riesgo de que la plaza que ocupan quedara cubierta por un funcionario en algún momento.
Con ello, el interino se vería obligado a dejar el puesto que ocupaba y también dejaría a medias el trabajo iniciado con los ayuntamientos de la dana. En definitiva: el departamento de Recuperación tuvo que pensar en una alternativa para dar respuesta a la demanda de los consistorios.
