Gan Pampols, en su despacho.
Gan Pampols se topa con reparos dentro de la Generalitat para prestar funcionarios a los municipios de la dana
En total 28 ayuntamientos se han inscrito, pero queda en el aire cómo se hará el refuerzo de empleados públicos ante las dudas que genera en Función Pública.
Más información: La Generalitat 'presta' funcionarios a los ayuntamientos por la dificultad para gestionar las ayudas dana
El Gobierno valenciano dio este martes el primer paso para asistir a los ayuntamientos afectados por la dana en la gestión de las ayudas otorgadas por el Gobierno central.
Un auxilio que, no obstante, ha generado ya las primeras diferencias en el seno del Ejecutivo valenciano. No tanto por el fondo, sino por la forma en la que está previsto que se acometa: mediante el préstamo de funcionarios de una administración a otra.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el departamento de Función Pública no está del todo conforme con la solución ideada y quiere que se busque una fórmula alternativa que no implique la cesión de parte de su propia plantilla.
Si los funcionarios de la Generalitat acaban prestando servicio a los ayuntamientos, dejarían de hacerlo para la administración autonómica. Por lo que las funciones que desempeñan en sus puestos, dejarían de realizarse. En definitiva, en la práctica sería como tener vacantes esas plazas.
Se da la circunstancia de que el tipo de empleado público que busca la Vicepresidencia para la Reconstrucción y que necesitan los ayuntamientos, son del tipo A1 y A2.
Entre ellos, arquitectos, ingenieros y otros técnicos cualificados que forman parte de la escala más alta del funcionariado valenciano. Un perfil que, según fuentes consultadas por este diario, no sobran ni abundan en la administración autonómica.
Con todo, el dilema sobre la mesa se centra en cómo prestar la ayuda que los consistorios han reclamado ya al Consell y con la que el propio Gobierno valenciano se ha comprometido.
De manera oficial, desde la Conselleria de Justicia que dirige Nuria Martínez no admiten las reticencias, pero sí aseguran que, si bien están a disposición de la Vicepresidencia segunda, actualmente están estudiando el "encaje que tiene el llamamiento" que se ha hecho a la plantilla.
Lo cierto es que no existe una solución sobre la mesa ante las desavenencias. Pero una de las posibles pasaría por la creación de puestos necesarios a través de programas de carácter temporal y que se ejecutaran mediante bolsas de empleo.
Por lo pronto, el principal avance que se ha producido al respecto tuvo lugar este martes. El pleno del Consell aprobó el convenio de colaboración para permitir la asistencia de la Generalitat a los ayuntamientos.
Mazón, Camarero y Gan Pampols en un pleno de Les Corts. José Cuéllar / Corts
También se autorizó a la Vicepresidencia Segunda de Gan Pampols a suscribir, en base al documento tipo aprobado, los convenios individualizados con los 28 ayuntamientos que han pedido ayuda.
Como ya adelantó este periódico, los municipios que lo han solicitado son Albal, Alborache, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Catarroja, Caudete de las Fuentes.
Le siguen Chera, Chiva, Gestalgar, l'Alcúdia, Loriguilla, Macastre, Massanassa, Polinyà del Xúquer, Requena, Ribarroja, Sedaví, Silla, Sot de Chera, Sueca, Turís, Utiel, Vilamarxant y Xirivella.
La petición de voluntarios
La polémica ahora sobre la mesa se remonta al pasado mes de abril, cuando el vicepresidente para la Recuperación de la Comunitat Valenciana Francisco José Gan Pampols envió una carta a los empleados públicos de la Generalitat pidiéndoles colaboración con los consistorios en la gestión de las ayudas que habían recibido del Estado.
No en vano, las corporaciones locales ya tienen en sus arcas los fondos que prometió Pedro Sánchez en una de sus visitas a Valencia para reconstruir las infraestructuras dañadas: 1.746 millones de euros.
Sin embargo, el dinero en sí mismo no es suficiente para encauzar la reconstrucción. Gan Pampols advirtió que muchos de los ayuntamientos habían advertido de su incapacidad para tramitar todos los expedientes necesarios para acometer las obras necesarias y poder volver a la normalidad.
Tras mantener reuniones con las corporaciones locales, la mayoría coincidía en una cosa: no tienen suficiente estructura administrativa para poder licitar grandes contratos y, por tanto, lograr ejecutar el presupuesto en su totalidad.
Polígono industrial de Catarroja tras la dana. Jorge Zapata / Efe
Muchos de estos consistorios tienen unos presupuestos anuales modestos y ahora mismo se encuentran en la tesitura de que los fondos enviados por el Gobierno para la recuperación suponen un montante de dinero superior al que acostumbran a gestionar anualmente.
Por lo que ejecutarlo en solitario es un reto prácticamente inasumible para ellos. De manera que Gan Pampols, al frente de la Recuperación del territorio, pidió voluntarios en la administración autonómica.
Se dirigió a la plantilla de la Generalitat por carta y según los datos que ofrece su departamento, en total cerca de 70 funcionarios se han interesado en prestar ayuda.
Pero lo cierto es que en Función Pública no consta ninguna propuesta formal de comisión de servicios por parte de ningún empleado público.
Por otra parte, huelga resaltar que en caso de que la ayuda acabara prestándose de esta manera y no mediante programas temporales, los funcionarios requerirían de autorización de sus jefes de personal, de las consellerias en las que prestan sus servicios, para poder trabajar para otra administración. En este caso, los ayuntamientos.
