Fachada del Ayuntamiento de Valencia.
El balance político de María José Catalá al frente del Ayuntamiento de València está marcado por una constante: la normalización de comportamientos, discursos y decisiones que hace apenas unos años habrían resultado incompatibles con un gobierno democrático que aspire a representar a toda la ciudadanía.
Resulta preocupante comprobar cómo el Partido Popular ha dejado de limitarse a pactar con Vox para empezar a asumir parte de su agenda. La aceptación de propuestas que pretenden distinguir el acceso a ayudas públicas en función del origen o la nacionalidad supone cruzar una línea que ninguna democracia debería traspasar.
El artículo 14 de nuestra Constitución proclama que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza u origen. Gobernar diferenciando a las personas según de dónde vienen no protege la convivencia: la rompe.
Pero es especialmente grave porque choca frontalmente con la realidad de la ciudad que gobiernan. Los propios datos oficiales del Padrón Municipal muestran que València no deja de crecer gracias, en buena medida, a su diversidad.
A 1 de enero de 2025 la ciudad alcanzó los 844.424 habitantes, casi 20.000 más que el año anterior, con 165.636 vecinos de nacionalidad extranjera, cerca del 20 % de la población empadronada.
Colombianos, italianos, venezolanos, ucranianos, chinos, rumanos o franceses forman parte de la vida cotidiana de nuestros barrios, sostienen sectores esenciales de nuestra economía y contribuyen al crecimiento demográfico de la ciudad.
En lugar de entender esa diversidad como una fortaleza, el gobierno de María José Catalá ha decidido convertirla en un instrumento de confrontación política.
Asumir el discurso de Vox, señalando a las personas por su origen o aceptando propuestas que pretenden condicionar el acceso a derechos o ayudas públicas en función de la nacionalidad, supone romper uno de los consensos democráticos más importantes: que todos los vecinos y vecinas merecen la misma dignidad y la misma protección de las instituciones.
Hace apenas unos días, tras ser ratificada como candidata del Partido Popular a la Alcaldía, María José Catalá agradecía a Alberto Núñez Feijóo su confianza afirmando: 'Te agradezco que me permitas seguir cuidando Valencia'.
Pero no cuida València quien enfrenta a unos vecinos contra otros. No cuida València quien permite que el odio entre en las entrañas de la convivencia. No cuida València quien gobierna de la mano de quienes consideran que el origen de una persona debe determinar sus derechos.
Una ciudad con más de 844.000 habitantes, construida durante generaciones por personas llegadas de todos los rincones de España y del mundo, no necesita que le enseñen a desconfiar del diferente. Necesita una alcaldesa que esté a la altura de esa realidad y la defienda, no que la utilice como moneda de cambio para conservar el poder.
Cuidar una ciudad no consiste solo en gestionar calles, jardines o presupuestos, algo que, por cierto, tampoco hace. Cuidar una ciudad significa proteger aquello que la hace posible: la convivencia, el respeto y la igualdad entre quienes la habitan.
La democracia no se deteriora únicamente por las grandes decisiones. También se erosiona cuando se normalizan los discursos de odio, cuando se toleran comportamientos incompatibles con la ejemplaridad institucional y cuando quienes tienen la responsabilidad de poner límites prefieren no hacerlo para conservar el poder.
Porque los socios también definen a quien gobierna. Y hoy, a falta de gestión, el principal legado político de María José Catalá no es solo haber pactado con Vox. Es haber contribuido a normalizar aquello que nunca debería formar parte del gobierno de una ciudad: la ruptura de la convivencia.
Antes de 2024, València era una ciudad en la que no solo se vivía bien; se convivía bien.
En 2027, con Pilar Bernabé, València volverá a ser una ciudad para todos.
Alicia Andújar es diputada del PSPV en Les Corts valencianas.