Pedro Sánchez, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia. EE
Hay anuncios que buscan ocupar portadas y otros que transforman la vida de las personas. Por desgracia, no siempre coinciden. El último ejemplo lo hemos visto recientemente. Pedro Sánchez ha presentado "la mayor inversión en dependencia de la democracia" como la prueba definitiva del compromiso social de su Gobierno. Sin embargo, detrás del titular vuelve a aparecer una realidad incómoda: cuando llega el momento de sostener el sistema, el esfuerzo sigue recayendo principalmente sobre las comunidades autónomas.
Los valencianos deberíamos estar vacunados contra este tipo de mensajes. Venimos de ocho años de Ximo anuncios, aquellos que incluso llegaron a construir hospitales sobre solares que ni siquiera eran de la Generalitat. Aprendimos entonces que, tras un gran titular, conviene separar la paja del grano.
De ahí que contemplemos con escepticismo cómo Pedro Sánchez pretende vender como un hito histórico lo que, en realidad, no deja de ser un anuncio que vuelve a quedarse muy corto para quienes más lo necesitan.
Sánchez habla de una inversión extraordinaria de 2.218 millones de euros para la dependencia mientras la deuda acumulada que mantiene el Estado con la Comunitat Valenciana supera los 4.000 millones.
Resulta difícil hablar de un hito histórico cuando adeuda a una sola comunidad el doble de lo que ofrece para toda España. Ofende la cantidad, pero también las formas. Resulta inaceptable que, cada mes, la consellera Elena Albalat remita una carta al Gobierno reclamando una solución y que el silencio sea la única respuesta. ¿Dónde queda su discurso de compromiso social?
Hoy la Generalitat Valenciana sostiene cerca del 80% del coste total de la dependencia, mientras el Gobierno apenas asume el 20%. Un reparto muy alejado del principio de corresponsabilidad con el que nació la Ley de Dependencia y del compromiso político de avanzar hacia la cofinanciación. Ese desequilibrio no es sólo una cuestión contable.
Lo acaban pagando miles de personas mayores, personas con discapacidad y familias cuidadoras que necesitan una atención sólida, ágil y a la altura de lo que demandan.
Mientras el Gobierno centra su relato en anuncios grandilocuentes, la Generalitat concentra sus esfuerzos en reforzar el sistema. Solo en lo que llevamos de legislatura ha destinado 1.474 millones de euros para atender a más personas y hacerlo cada vez mejor.
Por eso, el verdadero éxito no debería medirse por el número de titulares ni por la cantidad de proclamas, sino por el número de personas atendidas. El objetivo de la Generalitat es superar las 200.000 personas antes de que finalice 2026. Ese será el verdadero logro: que cada vez más valencianos encuentren en el sistema de dependencia la respuesta que necesitan.
Porque detrás de cada expediente hay una persona. Hay un nombre y unos apellidos, una familia, una historia de vida marcada por la edad, la enfermedad o la discapacidad. Son ellas quienes dan sentido a cada euro invertido, a cada expediente resuelto y a cada decisión política.
Esa es la diferencia entre utilizar la dependencia para construir un titular o trabajar cada día para garantizar un derecho esencial. No todos pueden hablar de compromiso social. Solo pueden hacerlo quienes convierten las palabras en hechos y los anuncios en respuestas.
Nando Pastor es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes