En estos días se conmemoraba el aniversario de una de esas leyes que cambió radicalmente nuestra vida y nuestra sociedad. Hace cuarenta y cinco años se aprobaba la ley de divorcio, dando paso a una nueva época, una época en la que el matrimonio dejaba de ser un sacramento y pasaba a ser un mero contrato, con las consecuencias en orden a su naturaleza y a su duración.

Se acabó el manido "lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre" que tantas veces hemos escuchado, para pasar a ser algo así como que lo que las personas hemos decidido, las mismas personas lo podemos revocar. Así de simple y así de complejo.

Estábamos en el año 1981, ya hacía más de cinco años que murió el dictador y tres de que se aprobó una Constitución que decidía que España era un Estado no confesional, pero todavía no era posible romper un matrimonio.

Y había quien esperaba su momento como agua de mayo, por no decir que lo esperaba como quien espera a Dios porque sería, cuanto menos, incoherente.

Puede que ahora nos parezca mentira, pero en su momento hubo quien se opuso a esta ley. Probablemente, incluso tendría sus detractores entre personas que luego acabaron haciendo uso de esta ley, como ocurrió con la del matrimonio igualitario, pero todavía estaba muy arraigada en nuestra sociedad la indisolubilidad del matrimonio y su procedencia divina para hacerlo desaparecer de un plumazo.

Aunque, en honor a la verdad, la resistencia fue poca y, sobre todo, corta. Y hoy pocos se atreven a defender la perpetuidad del matrimonio, como si de una condena se tratara.

No obstante, y en honor a la verdad hay que decir que, si la ley del divorcio supuso un avance para toda la sociedad, supuso un cambio esencial para la vida de las mujeres. De unas mujeres que, durante más de cuarenta años, habían sido sujetos de derecho de segunda clase, incapaces de ejercitar y exigir derechos, pero capaces para recibir con más dureza que nadie el peso de la ley.

Pensemos, sin ir más lejos, en el castigo del adulterio, mucho más grave si quien lo cometía era una mujer que si era un varón, o en el tratamiento privilegiado del uxoricidio en adulterio, esto es, el castigo nimio que recaía en un hombre si asesinaba a su esposa porque le era infiel.

Y comparemos con un estatuto jurídico que no permitía a las mujeres cosas tan simples como abrir una cuenta corriente, alquilar un piso o viajar al extranjero sin el beneplácito de un pariente varón, como era su esposo o su padre.

Así que el hecho de que las mujeres pudieran poner fin a una relación de pareja en muchos casos impuesta, era una de las claves de que el cambio social, por fin, había llegado, aunque fuera con décadas de retraso.

Porque, además, la existencia del divorcio dotaba de libertad a todas esas mujeres que vivían encadenadas a un maltratador porque había que soportar lo que Dios te enviara.

Aunque es cierto que todavía tendrían que pasar unos cuantos años más para que la violencia de género tuviera nombre propio y fuera objeto de condena legal y social. Pero tiempo al tiempo. Ya se había dado el primer paso.

Por eso, en estos días que tanto recordamos leyes que cambiaron la vida como las ya citadas del matrimonio homosexual o la ley contra la violencia de género, a las que habría que añadir otras como la ley del aborto, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley de igualdad de trato y contra la discriminación o la ley de memoria histórica -hoy de memoria democrática- entre otras, no podemos dejar de acordarnos de aquellas que supusieron el principio de esa revolución que ya no tenía marcha atrás. Y la ley del divorcio era, precisamente, eso.

Poder divorciarse es poder ser libre. Y la libertad era algo que se había negado durante mucho tiempo a todas las personas, pero especialmente a las mujeres. Aquel día de 1981 empezamos a ser libres.