La historia nos demuestra que a los valencianos no nos ha ido demasiado bien diciendo un "sí" a todo; bueno… siendo sinceros, a tardeos, festivales y saraos varios ahí sí.

Pero, cuando se trata de aceptar ofertas, cuidado con correr para dar el "sí quiero" porque igual se cumple aquel dicho popular de "los últimos serán los primeros".

Tal vez ha llegado el momento, probablemente por tacticismo de partido con principios de jerarquía aplicables, de decir que no a la propuesta del Gobierno de España para abordar el cambio del modelo de financiación.

Que, ya que estamos, no obviemos que es obligación del ejecutivo central el acometer las correspondientes actualizaciones a un modelo caduco más de una década, simplemente por falta de operatividad y por voluntad de servicio público, que también parece que se olvida con demasiada facilidad.

Mucho se ha hablado sobre la motivación para formular la presentación de este nuevo proyecto que no es precisamente ninguna de las premisas anteriores ni siquiera obedece a cualquier mecanismo admisible para llevar a término la función de gobernabilidad.

Es una mera cuestión aritmética y es que los números parlamentarios no dan y los peajes no son gratuitos, aquí ha sido Esquerra Republicana de Cataluña la que ha sacado a cobro la factura.

Aun dejando de lado, como algunos defienden, el qué nos ha llevado hasta aquí, y centrándose en la propuesta, igual encontramos varias razones para dar un "no", tanto en la forma como en el fondo.

Empezando por el último, la respuesta a la pregunta que todos deberían formular que es si la Comunitat Valenciana obtiene lo que por derecho le corresponde es clara: no, no se nos está dando todo aquello que nos es en deber.

Y esta negación no solo por posición de partido, que también, todo hay que decirlo, sino por defensa a máximos, aunque solo sea por una vez.

Nadie dijo que las formas no importan y más cuando se trata de consolidación que no surge de las negociaciones bilaterales, de esas salen los cheques en blanco, sino de la negociación colectiva en aplicación del principio de solidaridad constitucional entre autonomías.

Además, nada hay que inventar, ya está todo escrito y debidamente regulado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es precisamente el marco creado para la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con el Estado, creado en 1980, y dependiente del Ministerio de Hacienda.

Tal volta és el moment de donar pas a una nova generació que deixe arrere el victimisme i el meninfotisme, que siga capaç d'estar a l'altura del que es mereix el Poble Valencià, que és tot; i si resulta que és el tot o res eixa pilota que la torne el Govern.