No es lo mismo hablar de ética y de política que hablar de ética política, de ahí, los malabares varios.
Porque parece, cuanto menos, que incomoda exigir un mínimo de moral, de ética, de principios y valores, dentro de un simple marco de respeto al prójimo, cuando nos introducimos dentro de la clase política.
Y no, no todo vale.
Pero, además, lo más digno de análisis, es precisamente la recepción de los actos, la forma de ponderar la repercusión de los hechos en la ciudadanía, o, digámoslo claro, la manera en la que afecta al cliente final, que es el votante.
Obviamente, y ahí está la cuestión nuclear, no se mide de la misma forma, como se suele decir, no se rige con la misma vara de medir lo que se exige al adversario político de lo que se aplica dentro de la propia casa.
En innumerables ocasiones se recibe con aplausos al que ahora se encuentra en una situación algo comprometida, por ser suaves, el mismo que enarbolaba la bandera del reproche, bajo el mantra de la moralidad, frente a aquello que bajo su leal saber y entender debía asumir sí o sí responsabilidades políticas, ya las jurídicas probablemente han cumplido con el cometido de empezar a sembrar la sospecha y poco importa.
El regreso de Mónica Oltra a la primera línea de fuego abre la puerta al debate sobre la fusión de la ética como un elemento indivisible de la política, del arte de ejercer la política buscando, a través de la gobernabilidad, el bien común, por vocación de servicio público, sin buscar para sí ni para los suyos más que la dedicación a la sociedad.
Dicho de este modo parece que no cabe tacha alguna pero la legitimidad también puede hacerse valer, y frente a la norma nada impide el regreso de la que ahora todavía no ha sido juzgada.
Sin entrar en futuribles que ya se dirimirán en sede judicial y las consecuencias que pudieran derivarse de la resolución de los tribunales, la misma legitimación debe ser dada al opositor político, que, bajo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hace público su rechazo; y, bajo la garantía institucional puede acudir a cualquier administración, entidad, organismo que considere oportuno para denunciar aquello que es objeto de repulsa por responsabilidad política, máxime si el bien a proteger son menores y, además, tutelados por la propia administración pública.
Si las leyes están hechas para todos también lo son los altavoces, ya el uso o el abuso de unos o de otros forma parte de la ética política, no separada por una coma sino unidas en el punto de una sociedad exigente cansada de hacer malabares varios para seguir tragando quinina.
