Miguel Polo, a su llegada al juzgado de Catarroja. EP / Rober Solsona
Tras la declaración del socialista presidente de la CHJ Miguel Polo ante el Juzgado de Catarroja el viernes 19 de septiembre surgen muchas dudas ante algunas de sus sorprendentes respuestas a la Fiscalía, a las partes personadas y a las defensas.
Su declaración necesita de una urgente aclaración, pero como garantía de su derecho de defensa debería comparecer como investigado con su abogado, puesto que de algunas de sus respuestas y aclaraciones podría producirse un cambio de su posición procesal, pasando de testigo a investigado.
Polo debe aclarar su frase "pedí antes de las 18:00 horas que se mandara un mensaje para subir a plantas altas", cuando Pilar Bernabé dijo que la primera vez que se planteó ese mensaje fue a las 19:00 horas, coincidiendo con lo afirmado por el director de AEMET y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.
Además, según lo publicado, afirmó en su declaración que no informó de la evolución del barranco del Poyo, "porque no había capacidad de reacción", es decir, que pudiendo evitar muertes no lo hizo porque "solo eran relevantes los grandes ríos como el Júcar y el Magro".
Esa frase es muy relevante porque más del 80% de los fallecidos fueron en la cuenca del Poyo, con lo cual sí que era muy relevante la información que podía trasladar al CECOPI, órgano del que él era miembro.
También debe aclarar el silencio absoluto de la CHJ desde las 16.13 hasta las 18.43 sobre el caudal del Poyo, puesto que ante la juez afirmó que "la decisión de avisar le corresponde a los técnicos". ¿Él no es el responsable de transmitir la información como miembro del CECOPI?, debería aclararlo.
Además, llegó a decir que se entera del desbordamiento del Poyo a las 18.45 y no avisa porque consideró que la Generalitat ya podía tener la información por otro lado y no se podía reaccionar.
Es de suma importancia investigar en sede judicial una cuestión transcendental consistente en que si esos avisos hubieran llegado al CECOPI se hubieran podido salvar vidas, y por garantías constitucionales del derecho de defensa de Miguel Polo, debería de efectuarse pasando de testigo a investigado.
Sería también interesante que aclarara porque esa mañana fue con toda normalidad a la Universidad Politécnica de Valencia y si esa normalidad tiene relación con su frase en sede judicial "nadie podía prever lo que iba a suceder", esa frase también debería ser aclarada en sede judicial.
Su declaración debería aclarar todo lo ocurrido con la presa de Forata y la contradicción con Pilar Bernabé sobre si había un peligro de rotura o de desbordamiento, porque tiene mucha trascendencia con respecto a si se avisó o no a los municipios de aguas abajo del río Magro y Júcar, en lo que respecta al peligro real para las personas y los bienes.
Polo ha declarado, según lo que ha trascendido, que no se enviaron avisos sobre el caudal del Poyo porque serían "correos redundantes", no se entiende qué concepto es "redundante" en una emergencia y sobre todo cuando se considera que una alerta es suficiente por parte de aquellos que tienen la información.
En una investigación penal por delito de homicidio por imprudencia o por omisión del deber de socorro, las frases empleadas por Polo, no informó de la evolución del barranco del Poyo, "porque no había capacidad de reacción", que no se enviaron avisos sobre el caudal del Poyo porque serían "correos redundantes".
"Nadie podía prever lo que iba a suceder", "solo eran relevantes los grandes ríos como el Júcar y el Magro", "la decisión de avisar le corresponde a los técnicos", que se entera del desbordamiento del Poyo a las 18:45 y no avisa porque consideró que la Generalitat ya podía tener la información por otro lado y ya no se podía reaccionar, tienen mucha transcendencia penal por las consecuencias que pueden tener para el testigo en las futuras fases e instancias judiciales.
Así pues, en aras del derecho de defensa y en la búsqueda de la verdad, debería aclararlas acompañado de abogado y siendo citado como investigado como garantía procesal.
Fernando de Rosa es diputado en el Congreso por el PP, expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia y exvicepresidente del CGPJ.