Decenas de vehículos acumulados tras el paso de la danaen el barrio de la Torre en Valencia. Europa Press / Rober Solsona
El 29 de octubre, mientras las lluvias torrenciales desbordaban calles y viviendas en las pedanías de València y arrancaban la vida a 17 personas en nuestro municipio, el Ayuntamiento de María José Catalá permaneció inmóvil.
Ahora sabemos que entre las 18 y las 20 horas de aquella tarde, las horas críticas, no se dio ninguna orden desde el centro de coordinación municipal. Dos horas de parálisis absoluta que agravaron los efectos de la catástrofe.
Desde entonces, Catalá ha intentado esquivar cualquier explicación sobre su gestión de la emergencia. Ha buscado excusas, ha culpado a otros organismos y ha tratado de desviar la atención.
Pero los hechos son contundentes: su gobierno no activó los mecanismos previstos en el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones, no reforzó los efectivos de emergencias y no tomó medidas preventivas para reducir el impacto de la dana. Todo esto contrasta con la actuación seguida en la alerta naranja actual por el temporal, donde sí se están aplicado algunas de estas medidas preventivas.
El Ayuntamiento contaba con información suficiente para haber actuado con antelación. Desde la mañana del 29 de octubre, ya se había decretado la alerta roja por lluvias y emergencias nivel 2 en la provincia de València.
A pesar de ello, no se reforzó el dispositivo de bomberos ni de policía, no se impidió el aparcamiento en zonas de riesgo ni se activaron los avisos a la población mediante megafonía. Es más, la única gran decisión que se tomó fue instalar el Puesto de Mando Avanzado sobre un puente del nuevo cauce del Turia, una ubicación totalmente inadecuada y que hubiese quedado aislada si el río se hubiese llegado a desbordar, como el propio Jefe de Bomberos ha reconocido.
Catalá ha tratado de desviar la atención culpando a la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero la documentación de la comisión de investigación lo deja claro: la CHJ no tenía ninguna obligación de informar al Ayuntamiento. En cambio, sí que era responsabilidad del gobierno municipal seguir de cerca la evolución de la emergencia, coordinar los recursos locales y reaccionar con rapidez. Y no lo hizo.
Lo más grave es que esta falta de previsión no solo afectó a la noche de la tragedia, sino también a los días posteriores. La Policía Local no ha entregado documentación sobre los efectivos movilizados el 29, 30 y 31 de octubre, porque sencillamente no hubo refuerzos extraordinarios.
De hecho, sabemos que el jefe de la Policía Local no convocó a sus altos mandos hasta ocho días después de la catástrofe. Totalmente inexplicable e injustificable.
Para colmo, ante la solicitud de Compromís de tener acceso a las llamadas de la tarde y noche del 29 de octubre, el gobierno de Catalá se ha negado a proporcionarlas en comisión. 1.389 llamadas que podrían arrojar luz e información clave, pero que Catalá está intentando de ocultar por todos los medios. ¿Por qué? ¿Qué llamada o llamadas quiere ocultar Catalá?
Catalá lleva meses intentando esconderse, esperando que el tiempo entierre su responsabilidad. Pero no lo vamos a permitir. Desde Compromís, aportaremos toda esta información a las causas judiciales abiertas. Porque la ciudadanía de València tiene derecho a conocer la verdad. Y porque las víctimas de la dana merecen justicia.