El Ayuntamiento de Valencia da un paso adelante para evitar la saturación turística de la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá (PP) realizó este viernes dos anuncios al respecto. La tercera capital española prorroga la suspensión vigente de licencias para pisos turísticos y anuncia que no llegarán "megacruceros" a partir de 2026.

Así lo reveló la primera edil en un acto organizado por el diario Las Provincias. Tras unos meses de reflexión sobre la posición a adoptar, la dirigente ha apostado por prorrogar el veto a los nuevos pisos turísticos que heredó del Gobierno anterior de Compromís y PSPV-PSOE.

"El próximo martes, en el pleno, vamos a aprobar la suspensión cautelar de licencias de apartamentos turísticos durante un año, prorrogable otro año más", anunció Catalá. La intención del consistorio es trabajar durante la suspensión en una normativa más restrictiva para la conversión de residencias en pisos turísticos.

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Esta suspensión, según explicó, "afecta a casi toda la ciudad, porque Ciutat Vella ya tiene en vigor la suspensión y el Cabanyal tiene normativa propia", puntualizó.

La dirigente aclaró que "afecta principalmente a viviendas en comunidades de propietarios y bajos, porque los edificios dedicados en exclusiva a apartamentos turísticos son una actividad económica equiparable a un hotel y, por tanto, no le afecta la suspensión".

Por otro lado, la mandataria aseguró que "a Valencia no van a llegar megacruceros porque no es el modelo de turismo por el que apostamos". "En 2026 ya no llegarán ciudades flotantes", aseveró. "Las ciudades flotantes son malas. Los cruceros más reducidos de otro tipo de perfil seguirán llegando a la ciudad", dijo.

Está por ver a qué embarcaciones afecta exactamente esta restricción y cómo se aplica, ya que las competencias en la materia son de la Autoridad Portuaria de Valencia, en la que participan también el Estado y la Generalitat Valenciana.

Reflexión profunda

La apuesta anunciada este viernes por la alcaldesa de Valencia es fruto de una profunda reflexión. El PP se situó durante la campaña electoral junto al sector turístico y contra medidas impulsadas por la izquierda como la restricción de la actividad o la tasa turística.

Catalá, sabedora de la particular circunstancia de la ciudad, fue quien tuvo un discurso más comedido. En su caso, chocan la defensa de la libre actividad que abandera el PP con las consecuencias en la urbe con un crecimiento galopante del turismo.

La consecuencia más visible del auge incontrolado de los visitantes en cualquier ciudad es el trasvase de viviendas del mercado residencial al vacacional. Esto supone haya menos casas para los vecinos y que sean más caras.

El turismo, incontrolado, en consecuencia, genera un grave problema de habitabilidad como el que ya sufren Madrid, Barcelona, las Islas Baleares y, en menor medida pero también preocupante, ciudades como Valencia.

Catalá, además de apostar por la construcción de vivienda pública y por favorecer el desarrollo de las viviendas privadas, apuesta ahora por restringir la actividad turística para reducir el impacto negativo de la actividad en la ciudad.