El extesorero del PSPV Pepe Cataluña, en los juzgados.
La jueza de 'Azud' archiva la causa al extesorero del PSOE valenciano Pepe Cataluña por prescripción
La magistrada también acuerda el sobreseimiento para el empresario Enrique Gimeno en una investigación que toca a su fin tras casi 9 años.
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El caso Azud toca a su fin casi 9 años después de que se iniciara en secreto la investigación y 7 desde que estallara la operación policial. La jueza ha acordado varios sobreseimientos en la fase final de la instrucción. Entre ellos, el del extesorero del PSPV Pepe Cataluña, investigado desde 2021. También el del empresario Enrique Gimeno.
En un escueto auto y de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada señala que "habiéndose practicado las diligencias que les afectan y los hechos atribuidos, atendiendo a la fecha de dichos hechos y su declaración como investigados, deben entenderse prescritos por el lapso de tiempo establecido en el Código Penal".
El caso Azud, centrado en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013), ha salpicado a políticos del PP y del PSPV, además de empresarios.
La investigación situó a Pepe Cataluña, el que fuera responsable de las finanzas del PSPV durante años, como enlace dentro de la presunta trama. En definitiva, como facilitador de contactos entre los considerados cabecillas y ayuntamientos gobernados por los socialistas.
La jueza manifestó en uno de sus escritos que "no ostentaba cargo orgánico en el partido, pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
Así, se le vinculaba con el empresario detenido, Jaime María Febrer, con el que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, y con el ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio.
Durante uno de los registros de la segunda fase del caso Azud, la Guardia Civil encontró unas notas en el domicilio de Cataluña que apuntaban a una financiación irregular del PSPV en campañas electorales. Delito que nunca se ha podido perseguir ni probar.
Los papeles de Cataluña
La jueza destacó a lo largo de sus autos una relación de facturas de proveedores del partido que fueron abonadas por una de las empresas de la trama, Gigante Edificaciones y Obras. Ésta efectuó pagos, a su vez, a sociedades vinculadas a la publicidad por un total de 484.480,46 euros.
"Dichas empresas se dedican a la publicidad y trabajaban para el PSOE en materia de publicidad", puntualizó la instructora. Además, subrayó que existían pruebas que vinculaban a Cataluña "con el pago por parte del investigado Febrer del peaje que debía desembolsarse para obtener la adjudicación de sus negocios en los ayuntamientos gobernados por el PSOE".
Los papeles de Pepe Cataluña hallados en su domicilio también dibujaban, supuestamente, a comisiones de grandes constructoras que llegarían hasta un 6% como resultado de adjudicaciones.
La operación concreta que llamó la atención de los investigadores fue la del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006. Acciona y Construcciones Luján concurrieron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras y fueron adjudicatarias del tramo E, el más caro, que ascendió a 39,7 millones de euros.
El concurso partió de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona. El objeto era la redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de la conducción hídrica.
La Guardia Civil cree que estaba totalmente amañado. Para empezar, las adjudicatarias tenían que abonar dos millones de euros como condición para la licitación, lo que suponía un 5% respecto a la adjudicación. A lo que se añadían otros pagos que figuraban bajo el apéndice "Factura a recuperar en proyecto (teóricamente)" en los papeles de Pepe Cataluña.
En ambos abonos, cada empresa debía de aportar una cantidad de manera proporcional a su participación en la UTE. La suma de todas las cantidades representaba alrededor del 6% respecto al importe de adjudicación del proyecto y ascendía a 2,5 millones de euros. Motivo por el que la UCO interpretó que se trataba de comisiones.
Pero el que fuera responsable de finanzas del PSPV no sólo tenía anotados estos pagos, sino el detalle de las adjudicaciones de los cinco tramos de la obra del trasvase –que se formalizaron entre 2006 y 2008– y las UTEs beneficiarias. De ahí que el conjunto del proyecto pudiera estar amañado, según los investigadores.
La financiación
De estos papeles y de otras operaciones como una relacionada con la empresa pública Acuamed en Xixona y cuyo protagonista era el exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera -un abogado cercano históricamente a los socialistas-, derivó la línea de investigación dirigida a averiguar si hubo financiación de campañas electorales del PSPV.
Sin embargo, no se pudo llegar a acreditar el delito de financiación irregular porque no existía en las fechas en las que se produjeron los hechos (2006-2007) y el presunto delito electoral ya estaría prescrito. De manera que no se pudo perseguir y las indagaciones se centraron en la vía del cohecho.
La prescripción ha llegado también, por tanto, para Pepe Cataluña.
Pagos de empresarios
En cuanto al empresario Enrique Gimeno, Anticorrupción consideró en su momento que había indicios de que los pagos efectuados por dos empresas del Grupo Gimeno, que habrían abonado gastos electorales para el PSPV-PSOE en las elecciones municipales de 2007 y generales de 2008, "obedecerían al amaño de contratación pública".
La Fiscalía puso así el foco en la posible relación entre Pepe Cataluña con gastos de campaña electoral del PSPV que en definitiva "habría asumido" el Grupo Gimeno. Los presuntos delitos, una vez más, estarían prescritos.
