Jaime Febrer, durante un juicio en 2021.
El cabecilla de Azud afirma que no ha obtenido ningún beneficio de la trama y que no hay delitos concretos contra él
Una de las funcionarias investigadas niega actuaciones administrativas para favorecer a Jaime Febrer y enmarca los regalos de Navidad en la cortesía.
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El empresario considerado como cabecilla del caso Azud, Jaime Febrer, ha presentado un recurso contra el auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. La jueza le sitúa como uno de los principales líderes de un presunto entramado de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante más de una década.
Junto a él aparecen, entre otros, el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau. La magistrada cree que los tres "formaron una verdadera asociación con fines delictivos, pues estaban involucrados en las operaciones inmobiliarias en el Ayuntamiento de Valencia, de tal modo que podían amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad".
El papel de Febrer habría consistido en ser el beneficiario de las adjudicaciones a través de su grupo (Grupo Axis) mientras pagaba grandes cantidades de dinero al resto en contraprestación. En el caso de Corbín, a su despacho por labores de asesoramiento que los investigadores sostienen que eran en realidad ficticias.
El abogado del empresario, Manolo Mata, niega en su recurso la naturaleza delictiva de todos estos hechos. "No no ha obtenido ningún beneficio por ninguno" de ellos, asegura.
"La contratación de abogados, lobistas, gabinetes de comunicación o similares para obtener información concreta de actividades municipales, gestión de citas y agendas o intentar agilizar trámites no es delito", razona.
Febrer, expone, dejó de tener relación profesional con Corbín en 2012. "Sorprende que se cite como hechos por los que se incoa este procedimiento unos que han sido ya juzgados en dos juzgados distintos o se insista en hechos acaecidos hace más de veinte años", indica.
El abogado critica que el auto "es una síntesis de los diversos informes policiales que se han ido aportando, omitiendo cualquier circunstancia exculpatoria, aclaratoria o explicativa" que ha aportado.
"La delegación de la instrucción en la policía judicial es una flagrante vulneración de derechos fundamentales", sostiene. Menciona así que se han incorporado algunos informes "trufados de declaraciones realizadas ante la propia fuerza policial sin participación de las defensas" o "documentos supuestamente incriminatorios con inaceptables tesis de partida, erróneos en el la interpretación del derecho administrativo aplicable, contradictorios entre sí, elaborados de espaldas al instructor, sin participación de las defensas, con el aplauso del Ministerio Fiscal y con total desprecio a las garantías mínimas que asisten a los investigados".
"Estamos ante un procedimiento penal en que se desnuda la vida privada del señor Febrer (sus anotaciones, sus previsiones de citas, sus valoraciones sobre personas, sus intuiciones, sus errores…) sin que la inmensa mayoría de ellas haya pasado el filtro de la certeza", comenta. "No se puede convertir cada relación, cada mensaje o cada proximidad en una pieza de sospecha moral", añade.
![Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Valencia.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11348865.jpg?p=g:fp:0.5:0.7\/w:320\/h:240&h=iCNFQIvb"])
El auto, remarca el letrado, "no aproxima los hechos a delitos concretos", sino que "se limita a trasladar una valoración moral". En el aspecto formal, apunta a que no tiene una calificación jurídica sumaria, provisional y no vinculante con los presuntos delitos explicados y atribuidos a los investigados, algo que entiende que afecta al derecho de defensa.
Otra de las investigadas que ha presentado recurso ha sido Esmeralda Orero, funcionaria del Ayuntamiento de Valencia a la que la jueza le atribuye una participación en algunas de las operaciones urbanísticas y la obtención de regalos.
Su abogado niega, también, estos hechos. Así, remarca que no ha intervenido en ninguna actuación administrativa desde el Ayuntamiento destinada a beneficiar a la presunta trama, que los delitos no han quedado acreditados y que los indicios sobre los que se pretendía sustentarlos han quedado totalmente desvirtuados.
Respecto a los regalos que habría recibido, los enmarca en aquellos que se entregaban "de forma habitual" en las fechas navideñas. Los percibía, dice, "como regalos de cortesía vinculados a una práctica social e institucional entonces extendida, sin que apreciara en ellos una finalidad de influir" o de "corromper".
