El abogado José María Corbín, en una imagen de archivo.
El cuñado de Rita Barberá asegura que no medió en adjudicaciones a empresas ni recibió mordidas a cambio
José María Corbín recurre el auto de la jueza de Azud que le deja al borde del juicio oral y señala que cobró por labores de asesoramiento.
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El abogado José María Corbín ha recurrido el auto del caso Azud que le deja al borde del banquillo. Una resolución en la que la jueza sitúa al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá como el eje central de toda una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones (sobre todo el Ayuntamiento de Valencia) durante más de una década.
El auto remarca que la gran mayoría de los ingresos que recibió su despacho provenían de empresas que habían sido adjudicatarias de contratos públicos entre 2007 y 2015. La investigación apunta a que ese dinero eran, en realidad, comisiones ilícitas. Le atribuye el cobro de un total de 3,6 millones de euros en total.
El letrado de Corbín niega todos estos puntos en su recurso. Así, considera que no existe ningún hecho que pueda considerarse indiciario de la comisión de un delito debido a que su despacho de abogados tenía clientes que se dedicaban a la construcción y que optaban a concursos públicos en la ciudad de Valencia y en muchas otras ciudades de nuestro país.
Así, señala que hay "una clara y patente investigación prospectiva basada en la sospecha, y la mera apariencia" y que el auto de procedimiento abreviado "tiene su base en apreciaciones valorativas, inconcreciones y mucha subjetividad".
"El auto calca los diferentes informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ido elaborando durante la instrucción, cargados de elucubraciones, hipótesis, conjeturas, suposiciones etc.", señala.
Esos informes y el auto, argumenta, han "obviado" que Corbín era, en el momento de los hechos investigados, un abogado en ejercicio. "La resolución dictada, sobre esa base policial, desconoce el contenido de la prestación por profesionales del derecho de un asesoramiento jurídico, y también la relación contractual de dicho procedimiento mediante el contrato de igualas", incide.
En el recurso, el letrado razona que la relación del cuñado de Barberá con las diferentes empresas que aparecen en la resolución "no lleva implícita la obligatoriedad, ni de llevar a cabo actuaciones procesales, ni la redacción de contratos, ni por supuesto garantizar ningún tipo de adjudicación pública".
Sí, por contra, "una disponibilidad, la resolución de cualquier cuestión que se formule por el cliente, la revisión de documentación e incluso un asesoramiento preventivo para anticiparse a problemas legales". "Señalar, además que, las facturas por asesoramiento jurídico cumplen los requisitos legales requeridos y han sido debidamente declaradas ante la Agencia Tributaria", agrega.
Para el letrado de Corbín, las que se vienen denominando "comisiones ilícitas" a lo largo del auto "no caben cuando el que recibe la contraprestación, como es el caso, es un abogado". "El abogado, en el libre ejercicio de la profesión, recibe del particular o de la empresa un emolumento que, en ningún caso, por carecer de facultades y de potestad de decisión, puede ampararse en la adjudicación de algo que únicamente compete a la administración, en este caso la local", destaca.
"En el presente caso, se evidencia de forma palmaria que esos emolumentos recibidos por el despacho profesional del señor Corbín por su labor de asesoramiento no fueron a parar, ni en su totalidad ni parte de los mismos, a parar a la autoridad o funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que tuvieran que informar, valorar o adjudicar concursos de cualquier tipo", afirma.
"En este sentido, no existe indicio alguno ni de que el señor Corbín hubiera ofrecido a los funcionarios del Ayuntamiento dádiva o similar, ni que éstos hubieran recibido del señor Corbín dádiva o similar alguna. Tampoco que los funcionarios se lo hubieran solicitado para inclinar una adjudicación en beneficio de los clientes del despacho", indica.
Motivos, todos ellos, por los que pide el archivo de las actuaciones contra el cuñado de Barberá.
