Alfonso Grau, junto a su abogado, en el juicio sobre la financiación de campañas del PP.
Alfonso Grau afirma que nunca fue quien "manejaba" el Ayuntamiento y niega los 2 millones de euros en mordidas
El letrado del exvicealcalde de Valencia expone en su recurso que no hay ninguna "concreción de acciones" que le puedan encausar.
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El ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha presentado un recurso contra el auto de procedimiento abreviado del caso Azud que le deja al borde del juicio. En la resolución, la jueza sostiene que era quien se encargaba de materializar las adjudicaciones de contratos amañados desde el Ayuntamiento a cambio de mordidas, que en su caso cuantificó en 2 millones de euros y que él, lógicamente, niega.
En el escrito, su abogado señala que resulta "imposible establecer la más mínima concreción de acciones cometidas que, ni lejanamente, permitan el encausamiento" de Grau. Así, indica que el auto da una "asunción preconstituida" de que el que fuera vicealcalde con Rita Barberá era el que "manejaba" el Ayuntamiento de Valencia. "Pero no hay ningún elemento derivado de las diligencias practicadas que permita situarlo en dicha posición", comenta.
En el recurso, que critica las "aseveraciones que no se ajustan a la realidad" por parte de la magistrada, el letrado de Grau niega que éste pusiera en contacto a los otros dos supuestos cabecillas de la trama: José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y el constructor Jaime Febrer.
También entra a valorar las imputaciones que la jueza le hace a Grau en una de las grandes operaciones urbanísticas de esta supuesta trama: la Operación Colegios. De acuerdo con la investigación, el Ayuntamiento de Valencia aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil de Febrer. Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.
El intercambio, de acuerdo con los investigadores, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
Jaime Febrer montó una mercantil específicamente para esta operativa junto a Mónica Montoro y Federico Ferrando. Se llamaba Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI). Ellos serían los que asumirían la deuda mientras en la parte del Ayuntamiento todo lo gestionó Alfonso Grau.
El consistorio cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a la mercantil. Una maniobra urbanística presuntamente ilegal que habría contado con el impulso de uno de los funcionarios de la casa: el jefe de Asesoría Jurídica.
El truco estuvo, de acuerdo con las indagaciones, en que se forzó una valoración de los terrenos a la baja. Los suelos tenían un valor real superior a 54 millones, lo que dista de la deuda de 31 millones con los colegios. Un beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa.
La versión de Grau es diferente. Según explica en el recurso, el Ayuntamiento en todo ese periodo se había opuesto a los recursos de la ejecución de las sentencias, con lo que se estaba agravando la situación puesto que los intereses se seguían devengando y la deuda seguía creciendo hasta sobrepasar ya los 35 millones.
"Esa esa situación insostenible había que cortarla porque suponía una sangría sin freno a las arcas municipales. De ahí que el señor Grau, cuando tuvo competencias en este asunto (a partir de al año 2006), recibiera instrucciones de la alcaldesa de acabar con esa situación pagando la deuda contraída", expone.
"El señor Grau en su puesto y competencias heredadas, se encontró con hechos consumados por los que una sociedad de promotores había comprado la deuda a los colegios y se presentó al Ayuntamiento como acreedor, reclamando la deuda con sus intereses. Dada la naturaleza de sus empresas, sí que estaban abiertos a una forma de pago en especie en vez de dineraria. Ese fue el inicio del expediente de solución de la deuda de los colegios", señala.
De manera que cree que la jueza "se inventa un plan urdido para el pago mediante parcelas acusando hasta de ilegalidades contables sin ningún fundamento ni prueba".
![José María Corbín, junto a su hija Rita](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11350767.jpg?p=g:fp:0.45:0.35\/w:320\/h:240&h=q7lMPHl9"])
El letrado de Grau defiende que "todos los hechos imputables" al exvicealcalde "se encuentran ampliamente prescritos", y que la falta de individualización de las conductas en el auto llevan "a la nulidad".
"No hay una sola frase fundada en una prueba en ese auto que impute una conducta delictiva a el señor Grau. Por lo tanto, en estos momentos, desconocemos las acciones por las cuales está acusado (...). Si se dice que nuestra conducta es un cohecho, nos tendrá que decir de cuánto, cómo fue, por qué y para qué, porque ello cambia el tipo e incluso el Código Penal vigente", añade.
