El ex vicealcalde Alfonso Grau y el abogado José María.
La jueza de Azud sitúa al cuñado de Rita Barberá como eje de las mordidas y acredita gastos en B en campañas del PSPV-PSOE
La magistrada cuantifica en 2 millones las comisiones de Alfonso Grau y señala que la exalcaldesa "propiciaba" las comisiones de Corbín.
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El auto de procedimiento abreviado del caso Azud -aquel que pone fin a la instrucción y supone el paso previo a la apertura de juicio para un total de 38 personas- desgrana a lo largo de sus más de 300 páginas toda una serie de posibles hechos delictivos que tienen un denominador común: José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá.
La magistrada de la plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, Pepa Tarodo, sitúa al abogado como el eje central de toda una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante más de una década.
Junto a él aparecen otros cabecillas y personajes "secundarios", al igual que un sucinto desglose de actuaciones dirigidas al abono de comisiones y sus respectivas ramificaciones, entre ellas la de los gastos en B de la campaña electoral del PSPV de 2007.
Los grandes protagonistas son, además de Corbín, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el abogado vinculado a los socialistas José Luis Vera; o el empresario Jaime Febrer. El auto, además, concluye que Rita Barberá "propiciaba" las comisiones de su cuñado y apunta no solo a cargos políticos, sino a empresarios y a una importante cantidad de funcionarios, algo que no ha sido tan habitual en los procedimientos de corrupción valencianos.
Si hay que empezar por el principio de esta causa que se comenzó a investigar en secreto hace 9 años, todo se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía en 2016, que a su vez había recibido información de la Agencia Tributaria sobre los ingresos del despacho de abogados de Corbín.
La mayoría de ellos provenían de empresas que habían sido adjudicatarias de contratos públicos entre 2007 y 2015 en el Ayuntamiento de Valencia, época en la que gobernaba Rita Barberá. Pasado este último año y con la llegada de la izquierda, cayeron en picado.
La instrucción ha concluido que la mercantil Corbín Abogados S.L. debía casi el 80% de sus ingresos a "pagos consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas por grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos, principalmente en materia urbanística".
El total de mordidas cobradas por el cuñado de Barberá son cuantificadas por la jueza en 3,6 millones de euros. Y las empresas o grupos que las desembolsaban Acciona, Grupo Cyes, Grupo Axis, Grupo Cleop, Grupo Secopsa y Grupo Cinal.
De acuerdo con el auto, la situación personal de Corbín por su cercanía a la familia Barberá le facilitaba reunirse con concejales, funcionarios y empresarios. Y aquí es donde se habría coordinado con otros investigados como Grau y Febrer. El primero era quien, según la investigación, se encargaba de materializar las adjudicaciones desde el Ayuntamiento, pues además controlaba la empresa pública Aumsa (Actuaciones Urbanas de Valencia).
El auto desgrana el papel de cada una de las empresas mencionadas y los contratos u operaciones urbanísticas: el contrato de saneamiento del agua de Valencia, cesiones de parcelas en la ciudad, adjudicaciones de obra, operaciones urbanísticas en Xixona, Burjassot o Benicàssim...
Al "amparo" de Rita
"En el período investigado (2005 al 2015) se ha podido constatar la participación de Alfonso Grau en al menos 8 tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaime Febrer y de empresas de su grupo (Grupo Axis) desde el año 2004 al año 2013", señala la jueza.
"Los dos investigados, junto con José María Corbín, formaron una verdadera asociación con fines delictivos, pues los tres estaban involucrados en las operaciones inmobiliarias en el Ayuntamiento de Valencia, de tal modo que podían amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad. El investigado Alfonso Grau ostentaba el control total del consistorio y Corbín podía actuar libremente en cualquier departamento dado su amparo personal de su mujer y de su cuñada la alcaldesa de Valencia", prosigue la magistrada, quien cree que Rita Barberá "propiciaba" los abonos en las adjudicaciones públicas al despacho de Corbín.
"De tal modo que los tres investigados obtenían un nada desdeñable beneficio patrimonial. Por tal actividad, Jaime Febrer abonaba a Alfonso Grau grandes cantidades de dinero de origen oculto y cuyo destino, para que no se detectara la actividad delictiva, se llevaba a efecto de diferentes formas. Para ello, tanto Jaime Febrer como Alfonso Grau se servían de sus familiares directos", añade.
La ocultación del dinero
En este punto, la jueza -que cuantifica en 2 millones de euros las mordidas cobradas por Grau- menciona todo el proceso de ocultación del dinero. Hacía participar, dice, a sus hijas y a los maridos de estas.
"Como consecuencia de la recepción de esos sobornos o comisiones ilícitas, y faltando a su deber de lealtad como funcionario público, procedió a amañar varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de las empresas propiedad de Jaime Febrer", indica. Después, integró el dinero en el circuito legal "evitando así la acción de la justicia".
El estudio económico efectuado sobre el exvicealcalde y su entorno más cercano, comenta la jueza, ha permitido identificar la existencia de un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre los años 2004 y 2014, se cuantifica en al menos 802.924,12 euros. Todos los cuales, apunta, habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos, en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen.
Esas vías fueron: ingresos en efectivo de cantidades que escapan al control financiero; movimientos de fondos; amortizaciones de préstamos de forma anticipada; compras de inmuebles; y pagos en metálico.
Grau, recuerda la jueza, tenía contratada una caja de seguridad que canceló en enero de 2015 y en octubre de ese mismo año intentó abrir una cuenta bancaria en Francia. Sin embargo, no pudo porque intentó justificar el origen lícito de los fondos que quería ingresar mediante un certificado del BBVA que resultó ser falso. A ello se añade que ocultó sus datos profesionales omitiendo todos los cargos políticos que había ostentado.
Donde sí acabó parte del dinero de las comisiones fue en la cuenta de un banco en EEUU, donde vivía una de sus hijas.
Vera y los regalos
Otra de las personas que más cantidad de comisiones cobró junto a Corbín y Grau fue el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera. Según la magistrada, Jaime Febrer contó con él para "poder influenciar al PSOE", consiguiendo sus intereses tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en otras localidades gobernadas por este partido y en aquellos ente públicos estatales dirigidos por la formación.
En esta trama de mordidas que se entremezcla con otras dádivas como regalos de Navidad, el auto destaca que el por aquel entonces portavoz socialista en el consistorio, Rafa Rubio, recibía desde 2022 los denominados "regalos de Navidad" que le enviaba Febrer. En los listados aparecía su nombre vinculado al de Vera, utilizando para identificarlos las siglas “PSOE”. Ambos recibieron cajas de vino y cajas de champagne francés. Además, los regalos se entregaban en la calle Blanquearías, donde tenía su sede el PSPV.
Cabe recordar que la investigación apunta a que Rubio cobró una comisión de 300.000 euros por su silencio en el consistorio. Es decir, para que no trascendiera ese entramado de amaño de contratos públicos.
Gastos electorales del PSPV
Pero volviendo a Vera, uno de sus papeles de 'conseguidor' más destacados lo desempeñó en el PAI El Espartal, en Xixona. Febrer estaba muy interesado en esta operación urbanística, pero surgieron problemas. Sólo podía desarrollarse si se obtenían suficientes recursos hídricos. Así que aquí entraron en juego Vera y Acuamed.
El primero se reunió con Joan Navarro, director de Relaciones Institucionales de la empresa -también investigado-, "quien accedió a las pretensiones del grupo Axis proponiendo el modo y forma en que podría llevarse a cabo sin que el PAI se paralizara".
Pero a cambio de todo ello había un peaje. Una parte era la comisión directa a Vera. La magistrada indica que, por su intervención, cobró las cantidades de 940.000 y 500.000 euros a través de contratos firmados entre una sociedad -que creó ex profeso en 2007 "para dar cobijo a todo el entramado- y el grupo Axis.
El auto hace hincapié en que, en todo este proceso y "para alcanzar los objetivos", Vera utilizaba el correo institucional de su mujer, María Antonia Armengol, en esas fechas diputada en el Congreso.
La otra parte del peaje fue a parar a gastos electorales del PSPV. Se mantuvieron encuentros entre Febrer, Vera y el partido. Representado, este último, por el que fuera su responsable de finanzas, Pepe Cataluña. El cual "no ostentaba cargo orgánico en el partido pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
La contraprestación consistió en utilizar una empresa interpuesta, Gigante Edificaciones y Obras, "para inyectar dinero a la campaña" del PSPV de 2007 "y para que el propio PSOE facilitara la campaña a un partido que podía restar votos al PP". Fueron un total de 484.480 euros abonados 5 empresas que realizaron actos electorales para el partido.
Algunos de los gastos fueron a parar a la campaña de Carmen Alborch en Valencia.
Ninguno de estos últimos hechos se ha podido perseguir por parte de la jueza. El delito de financiación ilegal no estaba vigente en esos años y los presuntos delitos están prescritos. Motivo por el que archivó la causa a Pepe Cataluña.
