El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en un pleno junto al secretario, Vicente Boquera.
La Diputación informa de que ya tramita la revisión de 30 contratos de agua: se juega multas de 1.000 € semanales
La corporación aguarda el informe del Consell Jurídic para decidir sobre los convenios de Egevasa mientras las competidoras ven incumplida la sentencia.
Más información: Mompó señala al secretario de la Diputación por no ejecutar la sentencia sobre contratos de agua y le da un ultimátum
La Diputación de Valencia se ha dirigido al juzgado para comunicar la tramitación del expediente de revisión de 30 convenios suscritos por la empresa Egevasa para la gestión de aguas o depuradoras en distintos municipios.
Una respuesta que llega por la tardanza en la ejecución de la sentencia que obliga a tomar esta medida y que está generando una complicada situación en la corporación provincial a la espera de que ahora se pronuncie el Consell Jurídic Consultiu (el órgano consultivo de las administraciones valencianas).
Como informó EL ESPAÑOL, la demora en dar cumplimiento a una resolución que ya es firme ha derivado en un aviso del juzgado dirigido tanto al presidente de la Diputación, Vicente Mompó, como al secretario, Vicente Boquera. Ambos podrían enfrentarse a una multa que oscilaría entre los 150 y los 1.000 euros semanales, según las fuentes consultadas por este periódico.
Desde la corporación confían en que no se llegue a este extremo, pero el embrollo político y jurídico no es menor en este momento. Y la solución tampoco resulta fácil. Mompó va a tener que tomar una decisión de un asunto que ya se arrastra años -es previa a su mandato- y que parece que ha llegado a un punto de no retorno.
¿Pero qué es lo que ha llevado al actual lío con Egevasa? La Empresa General Valenciana del Agua era pública inicialmente y se convirtió en una empresa mixta en 1999, cuando pasó a estar participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium).
Muchos de los convenios con municipios se firmaron antes de ese momento o justo después y tienen una duración en algunos casos de hasta 50 años, de los que se han cumplido 25, y un objeto genérico.
En aquella época en la que se suscribieron, la Ley de Contratos permitía a las empresas mixtas encargar directamente prestaciones contractuales. Algo que no ocurre con la actual norma.
El recorrido en los juzgados
Aqlara, una firma especializada en la gestión del ciclo integral del agua, inició una ofensiva en los tribunales hace tiempo por la vía contenciosa para pedir la nulidad de los convenios y lograr, en última instancia, que las licitaciones de contratos sean abiertas para poder optar a ellos las competidoras: ella misma y Veolia, antigua Hidraqua (empresa del mismo ámbito). También que estén sujetos a plazo.
Los tribunales le han ido dando la razón en bastantes de las cuestiones planteadas con sentencias que han devenido firmes. En algunos casos, las resoluciones han concluido la nulidad de la continuación de contratos que ya han terminado. Es el caso de la depuradora de Ontinyent. El juzgado valoró que la Diputación permitió su continuación "a pesar de ser consciente de la ilegalidad".
Esa sentencia sirvió de base para otras similares relacionadas con contratos de gestión de agua potable en más municipios como Canet o Casinos.
En otros casos, los tribunales ordenaron a la corporación provincial la revisión de oficio de los convenios. Ocurrió en l'Olleria y Moixent y, especialmente, en el procedimiento sobre el conjunto de 30 convenios para la gestión de las depuradoras de la provincia de Valencia.
Y este último asunto es el que ahora trae el enredo, a la espera de qué ocurrirá más adelante con las nulidades. La Diputación todavía no ha ejecutado la sentencia que obliga a revisar esa treintena de convenios en una tardanza para abordar el problema que denota de lo enmarañado del tema.
La multa
Aqlara se ha dirigido al juzgado para pedir celeridad. De ahí que el juzgado, a su vez, advirtiera a la corporación del riesgo de esa multa coercitiva y personal para Mompó y Boquera.
Aqlara ha apelado en sus escritos a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.
La norma señala que, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento, podrán imponer las citadas multas coercitivas de 150 a 1.500 euros "a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".
Aqlara hace referencia a lo que considera una situación similar a la de la Diputación de Valencia. Se trata de la multa pecuniaria de mil euros semanales impuesta por un juzgado contencioso de Palma de Mallorca a un alcalde por incumplimiento de sentencia. De ahí que se interprete que sería lo que les correspondería a Mompó y Boquera.
En todo caso, fuentes de la Diputación consideran que no es una situación equiparable porque están ejecutando la sentencia en los términos que exige la resolución del juzgado valenciano. Es decir, ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio mediante acuerdo plenario, ha incoado el expediente y lo está tramitando conforme a la ley. En definitiva, ha iniciado los trámites oportunos para determinar la validez de los contratos.
Esto es lo que ha trasladado al juzgado y lo que cree que les exime del incumplimiento. A lo que añaden que todo ese procedimiento exige informes jurídicos preceptivos, especialmente el del secretario general.
La cuestión es que éste todavía no ha resuelto de manera definitiva -únicamente se ha pronunciado de manera clara en contra de la nulidad de los convenios- y ha pedido al Consell Jurídic Consultiu que elabore un informe sobre la hoja de ruta a seguir, como informó este periódico. Será entonces cuando realice una propuesta formal.
![El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en un pleno junto al secretario, Vicente Boquera.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11321698.jpg?p=w:320\/h:240&h=uMjH0B4p"])
El análisis del Jurídic aparece ahora como clave, pues la Diputación deberá acogerse a lo que diga. Y existen millones en juego. Aguas de Valencia podría presentar reclamaciones si los contratos se revisaran o se declararan nulos.
A ello se une que la corporación provincial tiene que seguir prestando el servicio de gestión de agua en toda la provincia a la espera de si algunas licitaciones contratos pasan a ser abiertas.
La tensión entre Mompó y Boquera
Si algo faltara a todo este embrollo, además ha elevado notablemente la tensión entre Vicente Mompó y Vicente Boquera. Después de que EL ESPAÑOL publicara el aviso del juzgado, el primero le envió un oficio en el que le afeaba que durante los últimos cinco meses se hubiera instado reiteradamente de forma verbal a la secretaría general a la emisión del informe "sin resultado alguno, sin que conste causa que justifique tal demora ni se haya puesto de manifiesto ante esta Presidencia impedimento u obstáculo para su emisión".
"Esta inactividad, mantenida pese a los sucesivos requerimientos, resulta inaceptable y puede comprometer gravemente a esta corporación", expresó Mompó. La emisión de la propuesta de resolución, señalaba, no puede "quedar al arbitrio" del secretario "ni demorarse indefinidamente".
El presidente de la corporación le dio un ultimátum con plazo, después de lo cual Boquera elaboró el mencionado informe en el que condiciona al Jurídic la decisión definitiva a la vez que no veía nulidad.
