La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat. Sebastián Hipperdinger / EP
La Generalitat recula: entidades privadas no podrán gestionar centros sociales de atención primaria ni violencia de género
El PP y Vox pactan la mayoría de enmiendas al Plan Simplifica mientras Compromís critica que hagan 'decretazos' como Pedro Sánchez.
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El PP y Vox acordaron este lunes la mayoría de las enmiendas al conocido como Plan Simplifica II, que se encuentra en proceso de tramitación en el Parlamento valenciano. Se trata de una especie de decreto ómnibus con numerosas modificaciones legales que ha impulsado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como una segunda parte del que sacó adelante Carlos Mazón.
La derecha pactó casi todos los textos presentados, a excepción de dos que quedan vivos para el pleno basados en cuestiones técnicas y que permitirán a ambos partidos tanto introducir modificaciones de última hora como marcar posición propia en el debate.
Sin embargo, sí ha habido enmiendas con cambios legislativos sustanciales que han sido rectificadas. Una de ellas es la que permitía que las entidades privadas pudieran construir y gestionar determinados centros sociales. La Conselleria de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat ha reducido su alcance. También lo ha hecho el Departamento de Igualdad que lidera Susana Camarero.
El texto original que planteó el PP modificaba el artículo 28 de la ley de Servicios Sociales, que establecía que era a la Generalitat a quien le corresponderían "los servicios de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria de alojamiento alternativo y de violencia de género y machista de la atención primaria".
Realmente, estas competencias están delegadas en las entidades locales (los ayuntamientos), tal como está igualmente regulado en esa norma. Sin embargo, con esa modificación planteada por los populares se agregaba que el servicio pudiera prestarse por empresas privadas. Esto afectaba a los servicios sociales de atención primaria de carácter específico, con intervenciones complementarias, por ejemplo, con menores en riesgo o desprotección.
Sin embargo, esa parte de la enmienda ha sido suprimida. Los servicios de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria de alojamiento alternativo y de violencia de género y machista de la atención primaria no podrán ser construidos y gestionados finalmente por entidades privadas.
Desde la Conselleria explican que la atención primaria se presta esencialmente en los ayuntamientos y por eso no procede que estos servicios o competencias las preste una empresa o entidad.
Sí lo podrán hacer, por contra, con los centros sociales de atención secundaria. Se trata de prestaciones especializadas de mayor intensidad técnica que intervienen cuando la atención primaria no es suficiente. Abordan, así, situaciones complejas de riesgo o exclusión social.
La enmienda presentada por el PP en su momento también suprimía la disposición transitoria primera de la ley valenciana, que contemplaba una transferencia progresiva de los centros sociales de atención primaria y secundaria de los ayuntamientos a la Generalitat Valenciana. En definitiva, regulaba el traspaso de la titularidad: de municipios a la administración autonómica.
Pero ahora ya no se suprime esa regulación sino que únicamente se modifica para que el traspaso de titularidad de acuerdo a los informes y a la normativa que resulte de aplicación.
Desgravaciones para la discapacidad
No fueron los únicos asuntos que marcaron este lunes la comisión parlamentaria en la que se debatían y votaban las enmiendas del Plan Simplifica II. El PP corrigió otra enmienda al decreto sobre las deducciones fiscales a personas con discapacidad.
En el texto original, incluía que éstas iban dirigidas a las personas con un grado de discapacidad intelectual o mental "reconocido de manera permanente igual o superior al 33%". Esa coletilla del “reconocido de manera permanente” fue denunciada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al considerar que podría perjudicar a las familias de los 18.000 niños con discapacidad intelectual, TEA y trastornos del neurodesarrollo que hay en la Comunitat Valenciana.
Los populares la han eliminado y además han añadido a la nueva enmienda -ya aprobada- que las deducciones tengan efectos retroactivos desde el 30 de diciembre de 2025. Esto supone que se puedan aplicar ya en la renta del año pasado que se está presentando estos meses. Aunque conlleva que aquellos que ya la han presentado sin acogerse a estos beneficios por el error del PP tengan que pedir ahora una revisión.
Plazas para militares
Otro de los textos presentados por Vox que salió adelante con el apoyo del PP consiste en que los ayuntamientos puedan "establecer en sus bases una reserva de un máximo del 20% de plazas de acceso restringido para aquellos militares profesionales que cumplan con los restantes requisitos en los Cuerpos de Policía Local, incrementando las plazas reservadas a las de turno de acceso libre cuando aquellas quedasen desiertas".
Ambos partidos han votado a favor con un añadido: "En todo caso, a aquellos militares que accedan a las plazas ofertadas por esta modalidad, les será reconocido el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas a efectos retributivos de manera automática".
![El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos. Jorge Gil / EP](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/17\/actualidad\/1003744211913_262502633_320x180.jpg"])
Hoteles en la costa y VPP
La derecha, por su parte, rechazó las alrededor de 80 enmiendas presentadas por el PSPV. Una de ellas ha sido la referida a que ninguna actuación urbanística -se trate de Proyecto de Interés Autonómico (la figura que sustituye a la antigua Actuación Territorial Estratégica) o cualquier otro- que implique una ocupación estable del territorio será posible en los primeros 500 metros desde la costa.
Esto supone que, en la práctica, se permita la construcción de hoteles a 200 metros de la costa valenciana. Algo que ya aprobaron el PP y Vox en su momento y que ahora se mantiene.
Otro de los textos que la derecha no ha respaldado ha sido el relativo a las viviendas protegidas tras la polémica en Alicante. Los socialistas planteaban, de un lado, que la Vivienda de Protección Pública (VPP), tanto de iniciativa o promoción pública como privada, manteniéndose dicha calificación con carácter indefinido.
También que el acceso a la Vivienda de Protección Pública requerirá acreditar una capacidad económica que no supere, en ningún caso, 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a doce pagas.
"Gobiernan como Sánchez"
En cuanto a Compromís, especialmente crítica se ha mostrado la diputada Aitana Mas con el decreto Simplifica en su conjunto. Así, ha recordado que la propia Abogacía de la Generalitat considera que los ómnibus no son el mecanismo apropiado para legislar y ha lamentado que el Ejecutivo de Pérez Llorca gobierne "a golpe de decretazo como Pedro Sánchez" pese a que censuran esta práctica.
La parlamentaria ha manifestado que con el Simplifica se pretende rebajar el papel de la Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu (CJC), diluir el Código de Buenas Prácticas, reducir los controles dentro de la administración y minimizar la participación ciudadana precisamente en decretos como el Simplifica. Su grupo, ha señalado, ha presentado enmiendas para corregir estas cuestiones y ninguna ha sido aceptada.
"¿Esto es urgente? ¿No son un gobierno estable? ¿por qué no gobiernan con normalidad? Ustedes quieren depender de Vox para todo. Se saltan cualquier control y fiscalización sobre su manera de gobernar. Lo que tienen que hacer si quieren agilizar la administración es convocar más oposiciones para contratar a funcionarios y poner a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) a trabajar como si no hubiera un mañana", afirmó Mas.
