El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con las actas de las reuniones del Gobierno de Puig. José Cuéllar / Corts
La izquierda negó 5 veces subir el sueldo al profesorado mientras gobernaba, según las actas reveladas por Llorca
La Conselleria de Educación y los sindicatos no llegan a un acuerdo, por lo que la huelga indefinida comenzará el próximo 11 de mayo.
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, reprochó este jueves a Compromís y PSPV no haber dado respuesta cuando gobernaron en coalición a las reivindicaciones que realizó el profesorado. Entre ellas, a las subidas salariales que hoy reclaman los sindicatos y que han provocado que las negociaciones encallen.
Una circunstancia -la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de izquierdas- que, a juicio del Consell actual, los convierte en responsables del dilema que ahora mismo está sobre la mesa. O dicho de otro modo: que la huelga indefinida que planean los docentes a partir del 11 de mayo es una consecuencia de la herencia recibida.
Durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, el jefe del Consell mostró cinco actas de reuniones que tuvieron lugar entre 2018 y 2022 entre la Conselleria de Educación que dirigía Vicent Marzà y los sindicatos.
En ellas, queda manifiesto cómo la Conselleria no atendió las peticiones reiteradas de STEPV, CCOO, UGT, ANPE y CSIF para mejorar la retribución del profesorado, que había venido perdiendo poder adquisitivo desde el año 2009.
El primer documento refleja lo que ocurrió en la reunión del 17 de diciembre de 2018: tanto STEPV como CCOO pidieron abordar "la recuperación del poder adquisitivo del profesorado", así como "la actualización del complemento de sexenios y la inclusión de estas cuantías en los presupuestos" autonómicos.
Conviene recordar en este punto que a pesar de que la Conselleria la dirigía la coalición valencianista, los altos cargos estaban repartidos entre las dos formaciones que integraban el Gobierno, PSPV y Compromís. Una fórmula para conformar el ejecutivo que bautizaron como "mestizaje".
Así, el entonces secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, del PSPV, fue quien presidió la cita, pero no dio respuesta alguna a estas peticiones. Por lo que el tema volvió a ponerse sobre la mesa al año siguiente, el 12 de noviembre de 2019.
En aquella ocasión, el acta refleja que CCOO advirtió que existían "algunas deficiencias, en comparación con otras comunidades autónomas" en relación a las retribuciones percibidas. Y del mismo modo se pronunció ANPE.
UGT también protestó por las "carencias" que afectaban "a la actualización de las retribuciones del profesorado". Soler respondió a los integrantes de la mesa sectorial con las mejoras que habían podido percibir todos los funcionarios como consecuencia del acuerdo estatal entre CCOO, UGT y el Gobierno.
Estas, sin embargo, se tratan de subidas salariales que afectaban no solo a docentes, sino a todo funcionario público: del Estado, de la Generalitat, Justicia, Sanidad o Educación. "No es un debate de esta Mesa Sectorial las retribuciones generales del conjunto del profesorado", espetó en aquel encuentro.
De nuevo en diciembre de 2020, los sindicatos volvieron a la carga. El día 4 de aquel mes, STEPV y ANPE volvieron a protestar por las "descompensaciones" que observaban respecto al profesorado del resto de autonomías; el resto pidieron mejoras para las condiciones laborales de los docentes.
El Consell consideró que las condiciones laborales del conjunto del profesorado ya estaban presentes en todo aquello que se estaba negociando.
Así que el asunto se volvió a tratar en septiembre de 2021. Conscientes de que estaban ya a mitad de la segunda legislatura del Consell liderado por Ximo Puig, los sindicatos pidieron "calendarizar" un compromiso de mejora de los sueldos de la plantilla de docentes.
Todas las organizaciones sindicales lo tildaron de "urgente" y el líder sindical Marc Candela, incluso, propuso un Plan de recuperación de poder adquisitivo.
"La posición del Consell, desde hace seis años, es que la retribución docente tiene que ir en consonancia con el resto del funcionariado de Función Pública. Esta es la razón por la cual no se ha introducido en el calendario".
Esta fue la respuesta que ofreció en aquel momento, de nuevo, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, que estuvo acompañado durante aquella mesa de negociación de la entonces directora general de Personal Docente, María Ángeles Herranz.
La última ocasión en la que los sindicatos trataron de arrancar un compromiso al Ejecutivo de coalición fue el 17 de febrero de 2022. Pero el éxito fue el mismo que el de las ocasiones anteriores.
Según consta en el acta, el entonces secretario autonómico de Educación advirtió que incrementar los salarios era una "decisión política". "Remite de nuevo a los recortes, que no solo sufrió el profesorado, sino todo el conjunto del funcionariado público", dice el acta.
"Así pues, la recuperación del poder adquisitivo se enmarca en el mismo ámbito que el resto de funcionariado. Por lo tanto, se negocia en conjunto, no solo en el ámbito del profesorado", agrega el escrito sin mención específica a adquirir un compromiso con los sindicatos de docentes.
En la misma cita, además, la Conselleria descartó otras demandas que también ahora se encuentran entre las que exige el profesorado, como la reducción de ratios o el aumento de plantillas.
"La ratio no se puede reducir de golpe porque no se dispone de aulas, ni de centros suficientes. Y respecto al incremento de profesores, depende de la capacidad económica para poder aumentarlo", contempla el documento.
Con todo, el president de la Generalitat reprochó a la izquierda en la sesión de control sus ataques por no haber logrado frenar el paro de docentes a menos de 3 días de que comience. Pero también confrontó con los sindicatos por no haber planteado en aquellas legislaturas ninguna huelga indefinida como la de ahora.
Fumata negra
La huelga, en todo caso, seguirá adelante, tal y como advirtieron a media mañana los sindicatos que forman parte del Comité de Huelga tras no alcanzar un acuerdo con el departamento que dirige Carmen Ortí.
La consellera realizó una propuesta de subida salarial al profesorado valenciano que en lugar de calmar las aguas, las agitó todavía más.
La oferta contemplaba un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva en tres años a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.
Ahora bien, esta llevaba aparejada una condición: que las organizaciones sindicales aceptaran los servicios mínimos que plantea la Conselleria para que los profesores de 2º de Bachillerato evalúen a los alumnos, de manera que estos puedan tener sus notas finales y presentarse así a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
También existiría el compromiso de llevar a cabo un plan de infraestructuras y mejorar la climatización de los centros públicos de la Comunitat Valenciana.
El encuentro, sin embargo, acabó con STEPV, CCOO y UGT levantándose de la mesa en señal de protesta. Mientras la consellera defendió la oferta y aseguró que con ella se "situaría a gran parte de los docentes de la Comunitat Valenciana entre los mejores pagados de España", los sindicatos la calificaron de "irrisoria" e "indignante".
"Si solo se contempla el sueldo retributivo base sí que estamos en unos puestos en la parte baja de la tabla comparativa entre todas las comunidades, pero es verdad que los sexenios, que es lo correspondiente a la carrera profesional de nuestro profesorado, son de los más altos de España", calculó Ortí.
Dado que la mayoría de docentes valencianos se encuentran entre los tres sexenios, al sumar este incremento "subiría considerablemente el lugar que ocupan en la tabla comparativa" salarial del profesorado en el ámbito estatal, según explicó.
Para el profesorado, lo que les ofrece la Conselleria es, a partir del 1 de enero de 2027, una subida de unos 25 euros brutos más al mes para que al cabo de tres años se complete una subida de 75 euros.
"Ni de lejos" se acerca a las "necesidades del profesorado para recuperar la pérdida de nivel adquisitivo desde 2009" y, además, "no tiene en cuenta lo que pueda subir el IPC", reprocharon. El lunes, por tanto, arranca la huelga.
