Cristina Mora, alcaldesa socialista de Quart de Poblet, y Consue Campos, concejal de Juventud. EE

Cristina Mora, alcaldesa socialista de Quart de Poblet, y Consue Campos, concejal de Juventud. EE

Valencia

El hijo de la teniente de alcalde de Quart de Poblet (PSOE) logró también una vivienda protegida con terraza, piscina y garaje

El consistorio asegura que la compró con todas las garantías, pero la operación es polémica por las propiedades de su familia y su residencia en Londres.

Más información: La alcaldesa socialista de Quart de Poblet logró una de las viviendas protegidas que sorteaba en el pueblo Ferrobús

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El hijo de María Consuelo Campos, segunda teniente de alcalde de Quart de Poblet (Valencia) y mano derecha de la alcaldesa socialista, Cristina Mora, también logró en 2022 una vivienda protegida en el municipio, como la propia alcaldesa en 2010.

La del joven está en la zona de expansión de Molí d'Animeta y tiene vistas panorámicas desde su terraza. También piscina comunitaria, garaje y trastero, según consta en la nota del inmueble en el Registro de la Propiedad consultada por EL ESPAÑOL.

La adquirió en octubre de 2022, con el ventajoso descuento en el precio de este tipo de residencias protegidas para aquellos compradores jóvenes que cumplen con el umbral de renta que exige esta tipología.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet confirma a EL ESPAÑOL la adquisición, y defiende la total legalidad de la misma. Subraya que se trata de una promoción de VPO privada que se empezó a vender en febrero de 2022.

"Él no compró hasta octubre, no tuvo ningún trato preferencial", recalcan las fuentes consultadas. "Lo pusieron en lista de espera, y siempre hay gente que se va borrando. El chico compró en octubre porque estaba en la lista de espera", agregan.

Como en el caso de la propia alcaldesa de Quart años atrás, el consistorio destaca que la transacción fue autorizada por la promotora privada -la compañía valenciana Ática, en este caso- y supervisada después por la Generalitat Valenciana.

El área de vivienda estaba entonces en manos del vicepresidente segundo Héctor Illueca, nombrado a propuesta de Unides Podem en el gobierno tripartito que presidía Ximo Puig (PSOE) también en coalición con Compromís.

Fuentes municipales consultadas por este periódico cuestionan la adquisición desde el plano ético y estético por un doble motivo.

En primer lugar, por la posesión de la familia del joven y la concejal de varias viviendas en el propio municipio, destinadas al alquiler. Además, por la residencia del comprador en Londres.

La primera de las controversias no parece incurrir en ningún conflicto legal, ya que los únicos ingresos de renta que computan para cumplir o no con el umbral de acceso a una vivienda protegida son los de los compradores. No importa lo rica o pobre que sean sus padres.

Se da además la circunstancia de que el joven es sobrino de Lluismi Campos, actual concejal de Compromís en Quart y exjefe de gabinete del expresidente de les Corts Valencianes, Enric Morera.

Afincado en Londres

La segunda de las circunstancias tiene más enjundia, ya que las viviendas protegidas exigen que los compradores, para beneficiarse del precio reducido, la tengan como residencia habitual y permanente.

En el perfil en LinkedIn del comprador, sin embargo, figura como afincado en Londres, y en la época de la compra (entre 2021 y 2023) trabajaba a "jornada completa" para una empresa radicada en la ciudad.

Sus experiencias laborales tanto previas como posteriores también son en mercantiles de la capital británica.

La legislación, pese a exigir a los compradores que residan en su vivienda protegida, contempla fórmulas como el alquiler de las mismas -siempre a precio de vivienda protegida- en caso de que les surja después una oportunidad laboral en otro lugar.

Tales ausencias justificadas de la vivienda protegida requieren de autorización por parte de la administración autonómica. Solo son válidas si cuentan con esta autorización.

La alcaldesa

Como reveló este jueves EL ESPAÑOL, la propia alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, también logró años antes una vivienda protegida en su municipio.

Fue en 2010. En su caso, la promotora elegía a los compradores por sorteo al haber más aspirantes que viviendas, si bien la dirigente la habría obtenido mediante una compra directa, sin quedar sometida al azar.

El equipo de Mora confirma a este medio que compró junto a su pareja la vivienda protegida. Subraya que fue una adquisición completamente legal a una promotora privada y supervisada por la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el PP. "El promotor vende a cualquiera que cumple con los requisitos, y quien supervisa es la conselleria", destaca.

Según ha podido contrastar este periódico, se trata de una vivienda con plaza de aparcamiento construida por la promotora Ferrobús en las antiguas áreas industriales de Faneca y Turégano, empresas que ocupaban espacios junto al río Turia ahora integrados en el casco urbano de Quart.

En base a la normativa vigente, Ferrobús realizaba sorteos entre los interesados para seleccionar a los compradores cuando éstos excedían el número de viviendas disponibles. Eran sorteos de una gran expectación, en los que los agraciados y descartados descubrían el resultado in situ, con éxtasis o decepción.

Según confirman fuentes conocedoras del proceso, Ferrobús recurrió al salón de actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet, cedido por el consistorio a la promotora, para repartir viviendas del mencionado ámbito. Mora, sin embargo, afirma haberla adquirido "sin que mediara sorteo". "Como todos mis vecinos", apuntó en sus redes tras la publicación de esta cuestión en este diario.

El entorno de la actual alcaldesa insiste a EL ESPAÑOL en que aquella fue una operación en la que nada tuvo que ver la administración local.

De hecho, subraya que la afiliación al PSPV-PSOE de Cristina Mora no se produjo hasta el mes de julio de 2011, semanas después de haber sido elegida como concejal por los socialistas.

"La compró en 2010 cuando ni siquiera estaba afiliada al PSOE", asevera. Entonces la alcaldesa era la socialista Carmen Martínez, quien solo unos meses después la designó como concejal al ser reelegida como primera edil.

En efecto, fue justo unos meses antes de las elecciones de mayo de 2011 cuando se materializó la compraventa de la vivienda y el garaje, que fueron valorados entonces en algo más de 215.000 euros, según consta en el expediente público del inmueble en el Registro de la Propiedad.

La transacción, según esta documentación, se produjo en agosto de 2010.

"Antiestético"

"Es el piso en el que sigue viviendo y que sigue pagando", recalca el equipo de Cristina Mora. "Esta es una información filtrada para hacer daño. Ni siquiera es antiestético", asevera.

Lo ocurrido en el Residencial Les Naus de Alicante ha elevado el listón ético sobre la adquisición de viviendas protegidas por parte de políticos, funcionarios y allegados, ante la suspicacia de que hayan tenido información privilegiada o un trato preferente por parte de la promotora.

Más allá de los casos concretos en los que se investiga una posible prevaricación administrativa y tráfico de influencias, las compraventas que han trascendido de personalidades políticas de relevancia parecen legales, y solo cuestionables desde el plano ético o estético.

La mujer de Luis Barcala, alcalde de Alicante del PP, fue señalada por la adquisición en 2006 de una vivienda protegida que tiene alquilada.

Él argumentó que esa era precisamente la tipología de la vivienda, que la adquisición exigía que se destinara al alquiler. También, como ahora arguyen la alcaldesa socialista de Quart y su teniente de alcalde, que no hubo irregularidad alguna, que cumplía con todos los requisitos.

Otro dirigente, en este caso el exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (IVC), Xavi Navarro, nombrado a propuesta de Compromís, se defendió de igual modo cuando fue revelada la compraventa de su vivienda de protección pública.

Él argumentó que cumplía con el umbral de renta para poder adquirirla, porque su nombramiento se produjo en el mes de diciembre de ese año y apenas tuvo impacto su nuevo sueldo de alto cargo en la renta del ejercicio 2015, la que computó para analizar a los aspirantes.