El exalcalde de Quartell Francisco Huguet durante su detención. Efe
El exalcalde de Quartell y un exconcejal, a juicio por adjudicaciones irregulares de suelo público en el 'Caso Avialsa'
Fiscalía pide penas que oscilan entre los siete y los dieciocho años y medio de prisión por delitos continuados de cohecho, falsificación documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.
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El exalcalde de Quartell (Valencia) y antiguo vicepresidente de la Diputación de Valencia, Francisco Huguet, junto al exconcejal Emilio Máñez, se sentarán en el banquillo desde el próximo lunes en la Audiencia de Valencia por un presunto caso de corrupción urbanística vinculado al conocido como ‘Caso Avialsa’ o ‘Cártel del fuego’.
La Fiscalía Anticorrupción pide para los diez encausados penas que oscilan entre los siete y los dieciocho años y medio de prisión por delitos continuados de cohecho, falsificación documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.
Según el Ministerio Público, uno de los acusados, que presidía el holding Avialsa, habría aprovechado la capacidad de decisión e influencia de ambos cargos públicos para lograr la adjudicación de terrenos municipales destinados a desarrollos urbanísticos en localidades del Camp de Morvedre, principalmente en Alfara de Algimia y Quartell.
No obstante, siempre según la Fiscalía, su intención no era llevar a cabo dichos proyectos, sino transferir su ejecución a otras empresas.
Los hechos investigados se sitúan entre 2005 y 2016. Durante ese periodo, los dos responsables públicos habrían recibido distintas compensaciones por su actuación presuntamente ilegal, como descuentos en la compra de terrenos, fincas y viviendas, así como el uso de vehículos de alta gama, entre otros beneficios.
En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama además indemnizaciones para el Ayuntamiento de Quartell que, en total, rondan los 700.000 euros.
Cabe recordar que Huguet ya fue condenado —con sentencia firme en mayo de 2022— a dos años y medio de prisión como cooperador necesario en un delito continuado de prevaricación y malversación de fondos públicos, relacionado con la contratación simulada en la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) de Emilio Máñez como coordinador de brigada forestal.
Por su parte, Máñez trabajó como asesor del grupo popular en la Diputación de Valencia entre 1999 y 2003, etapa en la que también ejerció como asesor del entonces alcalde de Quartell y diputado provincial.
