Señalización de ZBE.

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Valencia

PSPV y Compromís proponen su propia Zona de Bajas Emisiones en Valencia y piden que la alcaldesa se abstenga

La oposición en el Ayuntamiento ha solicitado también un pleno extraordinario para debatir, votar y aprobar la nueva normativa.

Más información: Vox rechaza 'in extremis' la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Valencia y expone a Catalá a perder 115 millones

Valencia
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El PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia han llegado a un acuerdo para formular una propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la ciudad.

En un primer momento, la ordenanza debería entrar en vigor el próximo 1 de diciembre, pero el giro de guion de Vox y la negativa de la oposición hizo que los populares no pudieran aprobar esta medida en el pleno de noviembre.

Ahora esos mismos grupos, PSPV y Compromís, han presentado una ordenanza alternativa para aplicar en la ciudad. Para poder debatirla, votarla y aplicarla, han pedido al gobierno la convocatoria de un pleno extraordinario y que, en él, los populares se abstengan.

Entre otros objetivos, esta nueva ordenanza incluye a "toda" la ciudad e incorpora ayudas para cambiar los vehículos a aquellas personas que lo necesitan. Si se aprobara, se empezaría a implantar el 1 de enero de 2026 en diferentes fases.

Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa la portavoz de Compromís, Papi Robles, y el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, que han pedido un pleno extraordinario para presentar una moción con una propuesta de Zona de Bajas Emisiones que evite perder unos 150 millones de euros en ayudas europeas y estatales.

Además, han pedido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que se abstenga en su votación para sacar adelante la propuesta.

Robles, que ha criticado que Catalá "verbalice" que no cree en la Zona de Bajas Emisiones, ha subrayado que su partido ha pactado con PSPV una propuesta con tres objetivos principales: no perder los 150 millones de euros europeos y estatales; desarrollar una zona más justa, social y que responda a las necesidades de la ciudad; y bajar la contaminación.

"Catalá solo tiene que dejarnos hacer. Tenemos 16 concejales capaces de llegar a acuerdos y con una propuesta perfectamente aprobable. Ella tiene a 13 y cuatro negacionistas del cambio climático", ha lamentado.

Así, ha pedido a la primera edil que en el pleno extraordinario, si no quiere votar a favor, que se abstenga para sacar adelante esta moción "flexible para la gente que vive en València y que responde a las necesidades de los barrios", ha dicho.

Al respecto, Sanjuan ha afirmado que la propuesta va directamente dirigida a Catalá porque consideran al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, un "interlocutor quemado", una persona "que se dedica a poner más insultos encima de la mesa que argumentos y que ha entendido que cambiar su propuesta inicial suponía asumir una derrota personal como concejal".

La propuesta, ha proseguido, "podrá ser buena, mala o mejorable, pero tiene más votos en el pleno y no necesita ni que el PP vote a favor". "Solo pedimos a Catalá que se abstenga", ha insistido.

"La alcaldesa dice que no cree en la Zona de Bajas Emisiones, con lo que, cogiendo su argumento, si no cree, que no la vote a favor, pero que salve a la ciudad de pagar una factura de 150 millones de euros. Le pedimos que se levante pensando que antes de ser futura candidata del PP a la Generalitat, sea alcaldesa. Sino, que explique que no puede aprobar la Zona por ser una condición que VOX ha puesto para la investidura de Juanfran Pérez Llorca", ha señalado.

La propuesta

La propuesta lanzada por el PSPV y Compromís pretende, según ha explicado Robles, que se aplique a "toda" la ciudad de Valencia para bajar la contaminación y mejorar la salud de las personas.

Incluye un calendario de implantación progresivo para los vehículos más contaminantes, empezando por los de fuera de la provincia y terminando por los residentes.

Así, el texto incorpora ayudas para las familias más vulnerables, exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales, y un régimen transitorio para que los comercios y actividades económicas puedan adaptarse sin impactos negativos.

También prevé la implantación en 2027 de un modelo de zonas de estacionamiento para residentes en todos los barrios, reservando al menos el 55% de las plazas para vecinos y eliminando el pago para hogares con menos recursos.

La moción conjunta nace ante una situación que los promotores califican de "riesgo colectivo". Según datos aportados por los grupos, y como ha detallado el portavoz socialista Borja Sanjuan, estudios de la Universidad Politécnica de València confirman que el 40% de los barrios de la ciudad ya superan los límites de contaminación actuales, y que con la nueva normativa europea prácticamente toda Valencia quedaría en situación de incumplimiento.

"Este empeoramiento se vincula, además, a las decisiones del gobierno municipal en materia de movilidad, que han incrementado notablemente el tráfico de vehículos y revertido las políticas de reducción de emisiones impulsadas en los años anteriores", ha lamentado el socialista.

La moción incluye igualmente la revisión y reversión de decisiones recientes del gobierno del PP que, según los estudios universitarios citados, han incrementado el tráfico y las emisiones, como la reordenación de la calle Colón.

Los grupos apuestan por una línea estratégica clara: priorizar los espacios verdes, la movilidad a pie y los proyectos que reduzcan el tráfico rodado, como el Corredor Verde de García Lorca sin tráfico de vehículos, pero siempre garantizando la accesibilidad del vecindario y los servicios de emergencia, ha recalcado Borja Sanjuán.

Sanjuan ha especificado, respecto a las etiquetas, que proponen que el día 1 de enero de 2026 la etiqueta A deje de poder entrar para vehículos de fuera de Valencia; que el 1 de julio afecte a los vehículos de fuera de la ciudad; y, a vehículos de la ciudad, a partir del 1 de julio de 2027.

Sobre los vehículos de etiqueta B, ha indicado que, según la propuesta, les afectaría a partir del 1 de enero de 2027, en concreto, a vehículos de fuera de la provincia; y, a partir del 1 de enero de 2028, a vehículos de fuera de la ciudad.

Por el momento quedaría fuera el vehículo de ciudad pero con el compromiso de que el 1 de enero de 2027 el 55% de las plazas de aparcamiento de los barrios de la ciudad sean para residentes.