El Defensor del Pueblo valenciano investiga el uso de la cita previa en la Generalitat: "No tiene sustento legal"

Una práctica extendida durante la pandemia pero que ha permanecido con el paso de los años y sobre la que el órgano que dirige Ángel Luna ya advirtió en 2022 que "no tiene sustento legal".

La investigación abierta ahora afecta a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Según la institución, varios ciudadanos habrían presentado una queja por tener que pedir cita previa para ser atendidos con la "dificultad que supone" exigirla "para acceder a trámites esenciales".

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Por ello, el Defensor del Pueblo pretende aclarar si esta práctica "extendida" tras el covid-19 "vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo que las administraciones deben garantizar a la ciudadanía, como garantía del derecho a una buena administración".

En este sentido, Luna subraya que la atención a la ciudadanía "es un pilar fundamental en la relación entre la Administración y la sociedad", y es necesario "ofrecer canales accesibles y próximos para la confianza y satisfacción ciudadana".

"Sin embargo, la generalización del sistema de cita previa, inicialmente excepcional, se ha mantenido como requisito habitual para acceder a servicios presenciales, incluso para trámites sencillos como la presentación de documentos", denuncia el Síndic.

Así, recuerda que en el informe anual de 2022 presentado por este órgano estatutario a Les Corts ya denunciaba que mantener esta medida podía suponer "una barrera injustificada que infringe derechos reconocidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público".

Según la institución, "esta práctica responde más a una inercia administrativa que a una verdadera necesidad de organización, y puede dificultar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales, como el derecho a la vivienda en este caso", dado que la EVHA es la entidad responsable de promover y gestionar viviendas públicas en la Comunitat Valenciana.

Luna advierte que el defensor ha detectado que el sistema actual "presenta importantes limitaciones porque cada oficina funciona con horarios y procedimientos distintos". "En la Comunidad Valenciana existen cuatro oficinas repartidas en las tres capitales de provincia: dos en Valencia, una en Alicante y otra en Castellón", expone.

"Sin embargo, sólo se permite solicitar cita en dos de ellas: en una de las de Valencia y en la de Alicante. La otra oficina de la ciudad de Valencia no ofrece atención al público y la de Castellón actualmente está cerrada", concluye tras advertir que los otros puntos de atención a los que remiten, no siempre están disponibles.

Ante esta situación, el organismo reclama a la entidad que en el plazo de un mes justifique por qué sigue haciendo uso del sistema de cita previa. Pero también que "detalle los canales de acceso, explique las diferencias entre sedes y cuantifique la demanda real de los usuarios".

Informe de 2022

En el análisis del ejercicio 2022, el Síndic ya advirtió que la cita previa no tenía "sustento legal" y las administraciones debían suprimirla.

"Ninguna ley ampara el mantenimiento de la cita previa, que podía ser comprensible en la pandemia. Pero hoy en día es una comodidad que se han buscado algunas administraciones para facilitar su trabajo", expuso Luna en rueda de prensa tras advertir que un ciudadano "no tiene por qué coger cita previa para poder empadronarse".

Su implantación tras la pandemia fue "en muchas ocasiones general e indiscriminada". "Se han aprovechado las limitaciones a la movilidad y aforo derivadas de aquella, para implantar esta solución", añadía.

"No para recibir una atención personalizada y específica, sino también para trámites tan habituales y simples como la presentación de documentos ante el registro de las Administraciones", advertía el Defensor del Pueblo.