Imagen de archivo de varios militares en Paiporta tras la dana de hace un año. Rober Solsona / EP
Las 10 claves reveladas en la causa de la dana: del silencio de la CHJ sobre el Poyo al retraso en el envío del SMS
La instrucción ha despejado dudas, como que la alerta se empezó a barajar a las 18:09 o que las primeras muertes fueron entre las 16:45 y las 17:30.
Más información: Un año de la dana de Valencia: el día en que un barranco abandonado llevó más agua que el Nilo y nadie fue capaz de reaccionar
La fatídica dana de hace un año derivó en uno de los procedimientos judiciales más importantes que se han desarrollado recientemente en la Comunitat Valenciana. Aunque se inició de manera inmediata con los fallecidos (hay 229 hasta la fecha), fue a comienzos de año cuando la causa empezó a coger vuelo en su componente más político.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, dedicada exclusivamente a este asunto desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha pasado del anonimato a ser un nombre conocido. Y una de las primeras decisiones trascendentales que tomó, además de citar a los familiares de las víctimas, fue tomar declaración en calidad de investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al que fuera su número dos, Emilio Argüeso.
Desde entonces, en el marco de la causa, además de los interrogantes que se resolverán conforme avance la instrucción, ha habido diversas claves reveladas:
1. El mando único
"A la Conselleria que tenga atribuida la competencia en materia de protección civil y gestión de emergencias le corresponde ejercer el Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil y desarrollando, entre otras, las siguientes funciones:
1. Determinar las actuaciones a desarrollar y los recursos humanos y materiales que han de asignarse a cada situación de emergencia.
2. Declarar, cuando le corresponda, los niveles, fases o situaciones de emergencia establecidos en los planes y procedimientos de protección civil.
3. Determinar las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y para el personal de los servicios de intervención. Las medidas de protección a la población comprenden: control de accesos, avisos a la población, medidas de autoprotección personal, confinamiento, disgregación o aislamiento por motivos sanitarios (epidemias), alejamiento o evacuación.
4. Coordinar la información a la población durante la situación de la emergencia.
5. Declarar la finalización de la emergencia en aquellos casos establecidos en los planes y procedimientos de protección civil".
La literalidad de la ley de Emergencias de la Comunitat Valenciana y lo establecido en el Plan de Inundaciones llevó a la magistrada a señalar desde el principio la posible responsabilidad penal de Pradas y Argüeso, a los que atribuyó una presunta negligencia por la falta de medidas de protección a la población.
Sobre Pradas recaía el mando único de la emergencia, motivo por el que la jueza ha centrado exclusivamente en la Generalitat las responsabilidades. Así, ha descartado ampliar su investigación a la actuación de otros protagonistas de aquel día, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los miembros del Cecopi o los ayuntamientos.
La exconsellera -al igual que la propia Generalitat- siempre ha sostenido que se basó en las recomendaciones de los técnicos y en la información con la que contaba para su toma de decisiones de aquella jornada.
2. Los insuficientes avisos de la CHJ
Una de las diligencias más relevantes que la jueza acordó en relación a la Confederación fue que informara sobre todos los avisos que dio el día de la dana.
En su respuesta, el organismo estatal que preside Miguel Polo expuso de los datos que fueron actualizando en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) al que todos —incluyendo la Generalitat— tenían acceso pero que, al parecer, nadie del Cecopi siguió aquella jornada.
Más relevantes fueron los avisos. Es decir, correos electrónicos, llamadas o intervenciones directas en el Cecopi ante la gravedad de lo que ocurría en el barranco del Poyo, el que ocasionó la gran parte de las muertes. La conclusión es que no hubo ni llamadas ni avisos verbales. Y el que se produjo por correo electrónico no sirvió de nada.
El protocolo interno de la CHJ establece que el organismo estatal tenía que avisar de los riesgos de crecidas porque sus técnicos son los encargados de interpretar los datos. También debía alertar telefónicamente.
Vehículos acumulados en Sedaví hace un año. Rober Solsona / EP
3. El correo perdido de la Confederación
La CHJ admitió en la documentación que remitió a la jueza que detectó "un incremento súbito de caudal a partir de las 17:40 horas" en el barranco del Poyo. Sin embargo, no informó por correo a la Generalitat hasta las 18:43, cuando la brutal subida ya era de 1.686 m3/s. El anterior correo había sido de las 16:13 con un descenso.
¿Y qué ocurrió con ese correo? La respuesta resumida podría ser que nadie de los que tenían que tomar decisiones lo vio y que la CHJ tampoco alertó de él.
Dos testimonios de técnicos de Emergencias ante la jueza han resultado relevantes en este sentido. Una trabajadora del Centro de l'Eliana en el que se celebraba el Cecopi —reunido en una sala contigua a la sala de control— aseguró que abrió el correo y lo leyó en voz alta para que los compañeros presentes en la Sala conocieran el contenido.
El técnico de la sala, por su parte, declaró que no comunicaron nada al Cecopi —a escasos metros— porque dieron por hecho que lo haría la propia CHJ, que contaba con 5 miembros conectados telemáticamente.
El Cecopi se desconectó de manera telemática entre las 18:00 y las 19:00 aproximadamente. Pero ninguna comunicación verbal sobre la gravedad del Poyo tuvo lugar ni durante esa desconexión ni a la vuelta.
4. El silencio de Miguel Polo
El presidente de la CHJ rompió su silencio por primera vez en once meses cuando declaró ante la jueza de la dana el pasado septiembre.
Además de remarcar la falta de decisiones en el Cecopi del 29 de octubre, trató de justificar su incomparecencia. Así, argumentó que aquella tarde su competencia era vigilar las presas —el riesgo por el colapso de la de Forata centró la atención la mayor parte de la tarde—.
También señaló que no avisó de su propio correo porque pensó que "Emergencias hacía lo que tenía que hacer"; que los datos que manejaban sobre el desbordamiento no eran "relevantes" para la toma de decisiones porque lo importante era la suma de los caudales de l'Horteta y El Galleg. Y que ya no había capacidad de reacción a esa hora.
5. El peligro del Poyo que nadie miraba
El avance de la instrucción judicial está permitiendo hacer una composición cronológica de todo lo sucedido el 29 de octubre del año pasado. Y una serie de vídeos incorporados a la causa recientemente han resultado fundamentales como prueba.
En la mañana de aquel día, y con una alerta roja de la Aemet en casi toda la provincia de Valencia, Pradas dialogó en el Centro de Coordinación de Emergencias pasadas las 12:30 con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez (un alto funcionario que ha pasado a ser clave y cuya declaración en el juzgado es muy esperada) y con la jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112, Inmaculada Piles.
"Hemos emitido alerta hidrológica en el río Magro y en la rambla del Poyo. Hemos informado a los ayuntamientos", le comentaba Suárez, mientras Pradas anotaba en un papel las zonas de riesgo.
Como consecuencia de esa alerta, a las 12:48 Emergencias pidió movilizar los bomberos para vigilar presencialmente el Poyo, pero se retiraron antes de las 15:00, sin que el criterio seguido se haya explicado con detalle en sede judicial. El caudal en esos momentos no ascendía.
Sin bomberos en el lugar, con llamadas del 112 cuya gravedad no se midió y con Utiel en una situación crítica, se convocó el Cecopi, que se inició a las 17:00. Nada más empezar, la CHJ alertó del riesgo de ruptura de la presa de Forata. Y en ese cúmulo de situaciones el Poyo no estaba en el debate. El resultado fue que el 90% de las 229 muertes se produjeron en esta rambla.
6. Vigilancia de barrancos
La vigilancia de los barrancos se encuentra tanto al nivel de revelación como de duda en la causa judicial. De revelación porque la Generalitat, con los vídeos aportados, reconoce por primera vez que el control in situ dependía de ella.
Emergencias solicitó el despliegue de los bomberos tras decretar la alerta hidrológica, porque así lo establece el protocolo. "Bomberos forestales para darle el seguimiento que forma parte en esa zonas. Más que nada un seguimiento visual. Aquí lo importante es que nos informen si hay alguna variación", le explicaba Suárez a Pradas en un vídeo.
Uno de los jefes de estos efectivos aseguró que aquel día no les dieron indicaciones concretas y que en las zonas en las que midieron no subía el agua, sino que incluso bajaba.
Hora y media después del envío solicitaron instrucciones y les dijeron que se retiraran a la base porque "se entendió que el trabajo estaba hecho". Se marcharon sobre las 14:40.
Esa retirada, que pone en foco en el que fuera jefe del Consorcio, José Miguel Basset —otro de los testigos pendientes más importantes—, parece que fue desconocida en el Centro de Coordinación de Emergencias.
Varios técnicos han afirmado hasta la fecha que no supieron que eso ocurrió porque nadie se lo comunicó. Otro de ellos señaló además que el departamento de Emergencias se quedó "a ciegas" por esta decisión.
La vigilancia de los barrancos, sin embargo, no se circunscribe sólo al control presencial, sino a la evolución de los caudales. Y aquí entra en juego la CHJ. Según han declarado ya hasta seis técnicos de Emergencias, el organismo estatal tenía que llevar un control exhaustivo de los barrancos e interpretar el riesgo de los datos que manejaba.
Alguno de estos testigos ha apuntado igualmente que debía verificar el envío de toda la información relevante con llamadas, algo que no hizo.
La jueza no comparte esta tesis y cree que era la Generalitat la que contaba con los medios para estar pendiente de todo ello.
Vehículos en los alrededores de la V-30 tras el paso de la dana. Rober Solsona / EP
7. Un Cecopi con el debate centrado en Forata
El inicio del Cecopi fue para abordar la situación de Utiel, pero todo el foco se desvió al riesgo de la presa de Forara, según todos los testigos han detallado hasta la fecha. Desde Salomé Pradas a Emilio Argüeso e incluso la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, aseguraron que el presidente de la CHJ habló de un posible escenario de ruptura de la presa.
Polo trató de rebajar este hecho y señaló en el juzgado que él nunca habló de rotura o colapso de la presa de Forata, sino de la "incertidumbre de qué pasaría con la coronación". Algo que contradice los anteriores testimonios.
Este hecho resulta importante, pues que la atención estuviera centrada en Forata tenía su justificación por el riesgo tan alto que suponía para la población aguas abajo. De hecho, la primera vez que se habló del Es-Alert fue por este motivo, de acuerdo con todos los testigos e investigados.
El interrogante es por qué no circulaba la información sobre lo que pasaba en el Poyo y qué ocurrió realmente conforme avanzaba la reunión del Cecopi, antes del envío de la alerta de las 20:11. Pilar Bernabé aseguró que alrededor de las 19:00 advirtió de que se había desbordado el barranco en Paiporta tras una llamada con la alcaldesa.
A las 18:43, Polo leyó el famoso correo de la CHJ sobre el caudal del Poyo pero nada dijo en el Cecopi de esos datos. Según su versión, pidió, también alrededor de las 19:00, que la alerta se enviara a toda la provincia de Valencia.
Sin embargo, ni Pradas ni Argüeso ni otros testigos como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, han dicho que el foco pasara de Forata al Poyo. Todo lo contrario.
En medio de todo este relato cruzado, la jueza considera que la alerta de las 20:11 "nunca" se envió por Forata, sino por la "emergencia en toda la provincia" en base a las declaraciones de los técnicos que participaron en su elaboración y envío.
8. Las horas del envío de la alerta
Los testimonios más importantes hasta la fecha relacionados con la elaboración y envío del Es-Alert han sido los de los técnicos que participaron en todo este procedimiento. A la espera, por supuesto, del relato de Jorge Suárez.
Mientras el incremento súbito de caudal del Poyo detectado por la CHJ era a las 17:40 —sin que avisara—, y los primeros fallecimientos de aquel día ya se habían producido, en el Centro de Coordinación de Emergencias se comenzó a hablar de la alerta por la presa de Forata a las 18:09.
Uno de los técnicos precisó que fue a esa hora cuando el subdirector general de Emergencias le informó por primera vez sobre la posibilidad del envío del mensaje masivo a los teléfonos por Forata.
Ahí se empezó a redactar un primer mensaje para parte de la provincia de Valencia, en el que se pedía a la gente que se quedara en sus domicilios. Pero luego se descartó mientras el debate continuaba. A las 19:08 el primer borrador de la alerta desapareció del ordenador.
Paralelamente, Suárez, según los técnicos, les dio la orden de establecer la situación 2 en toda la provincia de Valencia. A partir de ahí les transmitieron que prepararan un nuevo mensaje de ES-Alert para toda la provincia.
"A las 20:08 me llamaron porque tenía que eliminar un mensaje que estaba en inglés y validar otro por la emergencia en toda la provincia de Valencia", aseguró un técnico. Fue el que se envió a las 20:11.
Resulta llamativo que todo lo sucedido entre las 18:00 y las 19:00 no fuera conocido para los miembros del Cecopi conectados telemáticamente, pues tanto Pilar Bernabé como José Ángel Núñez detallaron ante la jueza que de la alerta no se habló antes de la reconexión de las 19:00 horas.
Algunos de los técnicos comentaron ante la jueza que Pradas les dijo que no se enviara nada sin que ella diera el visto bueno.
9. El contenido de la alerta
La jueza considera el mensaje "tardío y erróneo" al haberse enviado cuando ya se habían producido multitud de fallecidos y con órdenes poco claras.
El contenido del Es-Alert de las 20:11 se limitaba a avisar de la necesidad de evitar cualquier tipo de desplazamiento.
Sin embargo, hubo un segundo Es-Alert que se mandó a las 20.57, en el que sí se recomendaba subir a zonas elevadas en viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas.
La lengua en la que se tenía que enviar también parece que tuvo su debate. Un técnico declaró que Jorge Suárez dijo que se descartó un texto en castellano e inglés, y se envió en castellano y valenciano.
10. Primeros fallecidos
La jueza ha afirmado en uno de sus autos más recientes que entre las 16:45 y las 17:30 del 29 de octubre ya hubo "fallecimientos producidos por ahogamiento de las aguas de barrancos afluentes del Poyo", de acuerdo con las declaraciones de familiares. Éstos, indicaba, tuvieron lugar "por el arrastre del agua" en Godelleta, en Turís y en Torrent.
Esos minutos, entre las 16:45 y las 17:30, comprenden los instantes previos del Cecopi que se inició a las 17:00 y los primeros momentos de esa reunión.
La magistrada toma como hipótesis más probable, según un informe de la Universidad de Alicante, que la escorrentía que llegó primero a l’Horta Sud fue la generada en la subcuenca del barranco de l’Horteta, con la aportación de Gallego y de la parte baja de la cuenca de Poyo.