La Generalitat remite a la jueza de la dana el protocolo que la CHJ incumplió: tenía que avisar de los riesgos de las crecidas

La Generalitat Valenciana ha remitido a la jueza de la dana un informe que recoge el protocolo interno de actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en situaciones de alerta hidrológica como la acontecida el 29 de octubre de 2024 en Valencia.

En él destaca que el organismo estatal tenía que avisar de los riesgos de crecidas porque sus técnicos son los encargados de interpretar los datos y también que debía alertar telefónicamente. 

El protocolo interno de la CHJ, de carácter "provisional", fue elaborado en el año 2015 y recoge el conjunto de "normas de actuación en caso de fuertes lluvias y de riesgo de avenidas en el ámbito de la CHJ".

Cinco técnicos de Emergencias señalan ante la jueza de la dana que la CHJ tenía que avisar del riesgo del Poyo en el Cecopi

En él se establecen las funciones de la CHJ ante al aumento de los caudales en los ríos pertenecientes a la cuenca, entre las que se afirma que debería alertar sobre el riesgo de desbordamiento y posibles avenidas.

En el caso del Barranco del Poyo, los avisos directos se tenían que realizar cuando el caudal supera los 150 metros cúbicos por segundo.

Tal y como recoge el reglamento, "los avisos a Protección Civil se realizarán generalmente por e-mail, salvo excepciones, que será por fax; y en cualquier caso, sería conveniente la confirmación telefónica de su recepción".

En este sentido, Emergencias apunta que "no consta ninguna comunicación telefónica en ese sentido por parte de la Confederación del Júcar". Es decir, que la CHJ no contactó con Emergencias para confirmar la recepción de las distintas comunicaciones enviadas por mail.

Pese a que en su funcionamiento interno está recogido de tal manera, el organismo no informó de forma directa a la Generalitat entre las 16:13 y las 18:43". Tampoco de manera telefónica en ningún momento. 

El mail automático que envió llegó a las 18:43 horas y en él se hacía constar que el caudal ya alcanzaba los 1.686 m3/s. Pero, hasta entonces, la subida fue progresiva y no hubo correos previos sobre esa tendencia. El aumento de caudal se iba actualizando en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). 

Por otro lado, el protocolo afirma que "no se deben realizar valoraciones subjetivas sobre la magnitud del evento o los riesgos existentes, ya que estas deberán hacerlas los técnicos de la Confederación". "Los datos a transmitir deberán ser objetivos", reza el documento.

Es por ello que los datos que manejaba el organismo acerca del aumento de caudal de los ríos debía ser interpretada por los propios técnicos de la CHJ de acuerdo con el riesgo de desbordamiento y avenidas y comunicarlo a Protección Civil, según sus normas internas.

Sin incluir en la causa

La subdirección de Emergencias de la Generalitat que dirige Jorge Suárez -quien ha sido citado como testigo en la causa- ha aportado el documento después de que ni la jueza ni la Fiscalía lo requiriesen.

La magistrada considera que toda la dirección de la emergencia del 29-O recaía sobre la Administración Valenciana y, por tanto, debía ser el Gobierno autonómico quien tomara todas las medidas pertinentes para la protección de la población.

Hasta la fecha, cinco técnicos de Emergencias de la Generalitat coincidieron en que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tenía la obligación de avisar en  el Cecopi del riesgo que suponía la progresiva subida de caudal en el barranco del Poyo.