El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Rober Solsona / EP
El PP se abre a frenar el Tribunal de Contratos que impulsa su Conselleria de Hacienda tras reclamárselo Vox
El portavoz popular dice que "estudiarán" la enmienda a la totalidad de sus socios parlamentarios al Proyecto de Ley de la 'consellera' Ruth Merino.
Más información: Limitar la Renta de Inclusión, cambiar la Ley de Señas y frenar el Tribunal de Contratos: los órdagos de Vox a Mazón
El recorrido del Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos tal como lo planteaba el PP puede ser tan corto como curiosa la imagen que puede quedar en el Parlamento valenciano si este partido se 'autofrena' el Proyecto de Ley.
Los populares se abren a estudiar la enmienda a la totalidad presentada por Vox a la norma que pone en marcha este nuevo organismo, impulsada desde la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino.
Así lo admitió este miércoles el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca. "Vamos a estudiar la enmienda. Si mejora la ley, la aceptaremos; si no, no".
Algo que, según afirmó, no cambia el hecho de que se trate de un proyecto de ley que proviene del departamento de Hacienda del propio Gobierno autonómico.
"Nosotros siempre nos abrimos a estudiar las cosas. Cuando un gobierno presenta presupuestos, siempre hay enmiendas que se aceptan. No se trata de llamar la atención al Consell, sino de mejorar la norma", indicó.
A lo que añadió: "Si consideramos que la enmienda mejora la norma, la mejoraremos. Si no, intentaremos convencerles (a Vox) de que apoyen la propuesta que hizo en su día la consellera" (Merino).
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos es un organismo que existe en otras comunidades como Navarra, Aragón o Galicia.
Ahora mismo, en la Comunitat Valenciana cualquier contratista con la administración pública tiene que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Pero con la nueva ley impulsada por el PP se creaba uno propio para la autonomía que se adscribía a la Conselleria de Hacienda -departamento que ha impulsado el proyecto-.
Su ámbito de actuación sería la administración de la Generalitat, su sector público instrumental, los ayuntamientos y entidades públicas vinculadas, las universidades públicas valencianas y los consorcios con mayoría pública.
Su misión consistiría en resolver recursos especiales, medidas cautelares, reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
El portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, saluda al de Vox, José María Llanos. José Cuéllar / Corts
La creación de este tribunal ya fue llamativa en su momento, pues partió de una enmienda transaccionada entre el PP y Compromís. La única pactada por ambos partidos en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024 y con la que los populares querían evidenciar que podían llegar a entendimientos con la oposición.
Ese texto contó con la abstención de Vox y el voto en contra del PSPV. Tras la elaboración del proyecto de ley para la creación del tribunal, este ha llegado a Les Corts para su tramitación.
Y es aquí donde Vox ha hecho valer su capacidad de presión con una enmienda a la totalidad que supone un 'rejón' directo a la consejera de Hacienda, Ruth Merino, y que ya se preveía que iba a complicar las cosas al PP.
Todo ello en plena incertidumbre sobre si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, podrá iniciar la tramitación de los presupuestos en Les Corts antes del 1 de noviembre con la disposición de sus ex socios a negociarlos.
Los populares, sin embargo, ya anticipan que podrían acabar autofrenándose su propio proyecto de ley en una imagen poco convencional.
Consell Jurídic
Una de las claves de la enmienda de Vox es que recoge que el Consell Jurídic Consultiu sería el que asumiría estas competencias. De esta manera, proponen que el tribunal quede adscrito al organismo estatutario.
Los miembros del tribunal -presidente y tres vocales- serían, de esta manera, presidente y otros dos miembros del CJC y no percibirían retribución adicional alguna por estas funciones, por lo que se declararían ambas actuaciones compatibles entre sí.
La enmienda de Vox especifica asimismo que el Consell Jurídic facilitaría al tribunal "los necesarios medios materiales y personales con cargo a su presupuesto, sin que ello suponga un aumento del presupuesto del ente estatutario". El texto fija la entrada en vigor de esta ley en el 2 de junio de 2029.
Será en las próximas semanas cuando se voten las enmiendas en comisión y se compruebe el desenlace de este asunto y el posicionamiento final del PP.
Cabe recordar, en cualquier caso, que el CJC es uno de los entes estatutarios pendientes de renovar desde hace años por la falta de entendimiento entre los populares y los socialistas.
