Sin duda, uno de los protagonistas de la semana es José Luis Ábalos, ex ministro del Gobierno de Sánchez, ex secretario de organización del PSOE, y número dos en la candidatura encabezada por Diana Morant en las últimas Elecciones Generales, solo unos breves apuntes bibliográficos para reseñar que no era un afiliado más del partido.

Las voces Abalistas defensoras a ultranza cada vez están más silenciadas, incluso la líder de los socialistas valencianos, no Abalista, todo hay que decirlo, cuando se le pregunta por su segundo afirma: “mi relación con Ábalos ha sido ninguna”, desmarcándose del que, ahora repudiado, al menos, debería haber coincidido en la campaña electoral.

Mediante el anuncio de la renuncia a la dirección letrada, con el único objetivo de conseguir la dilación indebida de las actuaciones, Ábalos, haciendo un uso pernicioso de las figuras jurídicas enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico como garante de los derechos y libertades, pretendía suspender su declaración y posterior vista de revisión de las medidas cautelares, ante los indicios que podrían haber sido estimados como suficientes para su ingreso en prisión preventiva.

Primera acción fallida y sí que ha habido comparecencia, envuelta de toda la expectación mediática que requiere el asunto y con todo tipo de especulaciones jurídicas, y, como no puede ser de otro modo, de las derivas políticas que no serían pocas.

Comparecencia sí, pero acogiéndose a su derecho a no declarar Ábalos queda en libertad, al menos, por el momento, porque esta decisión bien puede cambiar conforme avance la causa y se acerque la fecha de celebración de juicio.

Y seguimos preguntándonos sobre el ejercicio de su condición de diputado y resolver el problema aritmético que supondría un acta ocupada por un diputado en prisión, tanto para el cómputo del quórum como para las mayorías necesarias según los casos.

No cabe duda de que la maquinaria está en marcha para salvar los ajustados números con los que cuenta el Gobierno en una legislatura que se sostiene con cada uno de los votos de socios y colaboradores para su continuidad, sobre todo, si finalmente decide cumplir con el mandato constitucional y presentar al Congreso los Presupuestos Generales del Estado.

Ante esta anómala situación, al menos, debemos aceptar la invitación del magistrado Leopoldo Puente y reflexionar: “No es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados”.