El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Europa Press
El presidente de la CHJ, la cúpula de Emergencias y más de 20 alcaldes: los esperados testigos en la causa de la dana
Las comparecencias de los próximos meses aparecen como claves en el procedimiento. Los técnicos deberán responder sobre las responsabilidades que descargaron en ellos los investigados.
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Septiembre traerá consigo el reinicio de la causa de la dana en el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuyas novedades son seguidas con sumo interés.
Los próximos meses aparecen como claves por las declaraciones pendientes de varios testigos de importancia. Sus citaciones todavía no tienen fecha y tendrán que ser acordadas por la magistrada.
Uno de ellos es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien romperá su silencio de todo este tiempo y tendrá que explicar la información ofrecida por el organismo estatal.
También el motivo por el que los avisos de la brutal subida del caudal del Poyo, que ocasionó la mayor parte de las muertes, figuró en un correo enviado a las 18.43 sin que hubiera, dentro del Cecopi, una advertencia acorde a la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
La jueza rechazó citarlo en calidad de investigado como pedía una asociación de víctimas o el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso (único imputado junto a la exconsellera de Interior Salomé Pradas).
Para la magistrada, "no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana" del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), en el que se actualizaban a tiempo real los datos de la subida de los caudales.
Tampoco, opinó, de otras vías de información como las llamadas al 112 alertando de inundaciones y rescates o de las retransmisiones de medios de comunicación como À Punt.
Motivo por el que rechaza atribuir responsabilidad penal al presidente de la CHJ y a todos los cargos de este organismo.
Informe de la Guardia Civil
Recientemente, la Guardia Civil se manifestó en una tesis contraria en un informe remitido al juzgado en el que puso énfasis en la destacada falta de avisos de la Confederación. Algo que apuntaba a la gestión de su presidente.
La magistrada tachó el trabajo de la Guardia Civil de "erróneo e incompleto" y rechazó de nuevo investigar a Polo en una reacción que sorprendió a varias acusaciones.
![Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Efe / Biel Aliño](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/25\/actualidad\/1003743863458_257570604_320x180.jpg"])
Además del presidente de la CHJ, deberán declarar como testigos miembros de la cúpula de Emergencias. Los testimonios más relevantes serán, sin duda, los del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset.
Jorge Suárez y José Miguel Basset, a la izquierda de la mesa del Cecopi. Jorge Gil / EP
Tanto Pradas como Argüeso -y hasta el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó- los han señalado a ambos como los que dirigían aquella tarde el Cecopi en la práctica. Según su versión, ninguno de los dos avisó de la crecida del Poyo y no asesoraron como debían en la toma de decisiones.
La declaración de Suárez resulta especialmente relevante para tratar de responder a algunas de las preguntas que todavía siguen en el aire. Por ejemplo, por qué todos los ojos estaban puestos en la presa de Forata y ninguno en el Poyo o cómo se gestionó todo lo relativo a la alerta de las 20.11.
Sus palabras pueden servir de cargo o de descargo para Pradas y Argüeso, además de despejar incógnitas sobre el recorrido -y el cortocircuito- de la información que debía manejar el órgano de la emergencia la tarde de la dana.
Retirada de bomberos
Basset, por su parte, deberá aclarar en sede judicial el proceso completo de despliegue de bomberos en los barrancos y por qué aquellos que estaban midiendo en el Poyo recibieron la orden de retirada a las 15.00 horas.
En la comisión de investigación de la Diputación de Valencia, Basset explicó que el nivel del caudal ahí había descendido y eran las 14.30. "Así que me piden instrucciones. Si tú me informas de que el nivel ha descendido, son las 14.30 y dices 'tengo ganas de comer'...", justificó, haciendo alusión a una frase textual de un bombero que luego salió a pedir su destitución.
Estas palabras del técnico provocaron que acabara pidiendo disculpas a los bomberos y asegurando que la decisión fue por "criterios técnicos". Ahora habrá de relatar la verdad ante la jueza.
Todos los alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas por la dana tendrán que circular igualmente por el juzgado. Son más de 20, entre ellos la de Valencia, María José Catalá.
También tendrán que acudir el ingeniero de caminos Teodoro Velázquez y el arquitecto Julio Gómez-Perretta.
Se trata de dos declaraciones relevantes para la línea de defensa de Pradas, que sostiene que la causa principal de lo sucedido fue la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo.
