Joan Baldoví y Carlos Mazón, durante una reunión en el Palau en mayo de 2024. Rober Solsona / EP
La llegada al Congreso de la ley de Compromís para reclamar la financiación valenciana queda en manos del PP y Vox
La coalición exigirá a la Mesa de Les Corts que la norma, que fue vaciada de contenido por los populares, sea enviada a la Cámara Baja para allí tratar de 'arreglarla'.
Más información: La ley de Compromís para reclamar la financiación entra en vía muerta un año después: el PP la vació de contenido
La ley de Tracte Just (Trato Justo) presentada por Compromís en mayo de 2024 todavía no ha finalizado su recorrido, si es que alguna vez empezó.
La coalición tiene previsto pedir a la Mesa de Les Corts que sea incluida en un pleno en el próximo período de sesiones que arrancará en septiembre, según fuentes del partido.
El objetivo es que posteriormente sea enviada al Congreso por parte de la Mesa del Parlamento autonómico. Con ello, su llegada a la Cámara Baja dependerá del PP y Vox.
Compromís quiere así seguir peleando por esta norma, que se ha convertido en un contrasentido total tras numerosos vaivenes y después de que los populares la vaciaran de contenido.
La ley contenía tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–; y la regularización de la deuda histórica.
La intención de Compromís era -y es- presentarla en el Congreso una vez pasara por Les Corts. Y aquí se desencadenó todo el conflicto.
De la pinza a la nada
El PP se mostró proclive inicialmente a pactar con la coalición el texto. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó a abordar con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, el asunto en una reunión entre ambos en el Palau de la Generalitat. Aquello se interpretó como una pinza.
El primero se comprometió a llevar la proposición al Parlamento autonómico para consensuarla entre todos los grupos posibles al tratarse de una reivindicación histórica valenciana.
El PP quería entrar en una estrategia conjunta con Compromís en este asunto. Con ella, además de hacer fuerza sobre una cuestión difícil de colar en la agenda nacional, podía, de paso, desgastar al PSPV al obligarlo a retratarse con exigencias dirigidas al Gobierno central.
Pero la cosa se fue complicando. Primero hubo un informe de la Conselleria de Hacienda que alertó de numerosas deficiencias jurídicas de la ley. Algo que suponía, a juicio de los populares, que existiera un considerable riesgo de que el Congreso directamente rechazara admitirla a trámite.
Baldoví sujeta la ley de Tracte Just. Rober Solsona / EP
Es decir, que ni siquiera cumpliera con el filtro previo para que entrara en la Cámara Baja y el texto quedara paralizado en la Mesa (algo altamente probable) aludiendo a cuestiones técnicas.
Pese a ello, el PP votó a favor de la tramitación de la ley por procedimiento de urgencia pidiendo que se corrigieran las deficiencias. Aún así, pospuso todo lo posible su recorrido en Les Corts.
La primera estrategia fue con los plazos de presentación de enmiendas, que los populares estiraron todo lo que pudieron para que se abordaran ya el pasado septiembre. Con ello llevaban todo el debate y votación de cara a finales de 2024.
El PP la vació
Entre medias hicieron algún gesto como retirar la enmienda a la totalidad de la ley de Compromís. Pero más tarde todo se volvió a torcer.
Ya durante el debate en comisión el pasado febrero, el PP vació de contenido prácticamente todo el texto mediante enmiendas parciales.
La ley se quedó, para sorpresa de muchos de los diputados, en un artículo único que hacía referencia exclusivamente a la reforma del modelo de financiación con el criterio de la población de derecho (no ajustada).
Los populares, a través de sus enmiendas -apoyadas por Vox- suprimían toda referencia al fondo de nivelación -una reclamación que el propio Mazón ha llevado y sigue llevando en su discurso público- y la condonación de la deuda, que en aquel momento el Gobierno negociaba con los independentistas.
Baldoví y Mazón, en Les Corts. José Cuéllar / Corts
Con todo ello eliminaban 4 de los 5 artículos de la norma y Compromís se acababa absteniendo del único que quedaba como estaba redactado inicialmente en su propia ley.
Aquel contexto político no era favorable desde luego para el PP. En realidad, este asunto nunca le ha venido demasiado bien a Génova cuando, además, existen discrepancias entre las autonomías populares sobre el modelo.
Pese a la duda de qué habría hecho el PPCV ahora con el fondo de nivelación, la realidad es que la ley de Compromís entró en vía muerta.
Compromís quiere 'arreglarla'
Desde aquel febrero -cuando la relación con Compromís ya era mucho más tensa que varios meses antes por la dana- ya ha pasado tiempo y Les Corts finalizó su período de sesiones el pasado julio sin que se incluyera en el orden del día del último pleno.
Ni el PP tenía ningún interés en que se debatiera y se sometiera a votación ni Compromís parecía decidirse al respecto con su ley vaciada y con una pinza en contra del PSPV que ya no le viene bien estratégicamente ahora.
Pese a todas estas circunstancias, fuentes de la coalición aseguran que sí pretenden continuar presionando con la norma.
Así, apuntan a que a una vez arranque el calendario parlamentario pedirán que vaya a un pleno y, una vez aprobada, exigirán a la Mesa de Les Corts que la envíe al Congreso para someterla a tramitación allí.
En ese momento todo quedará en manos del PP y Vox, que no parecen muy ilusionados con este asunto.
Si no la mandan al Congreso, todo quedará en nada. Si lo hacen, habrá que comprobar su recorrido. La intención de Compromís es 'arreglar' en la Cámara Baja el texto deshecho en Les Corts a través de enmiendas para que vuelva a ser la ley original que plantearon. Pero para eso todavía falta mucho.
