Pisos turísticos en Valencia. Rober Solsona/Europa Press
De no renovar licencias a crear un censo público: los reparos de PSPV y Compromís a la ley de pisos turísticos en Valencia
La nueva normativa entró en un período de exposición pública hace 45 días y los partidos de la oposición ya han presentado sus alegaciones.
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El Ayuntamiento de Valencia sacó adelante el pasado mes de abril una nueva normativa por la que regula los alojamientos hoteleros y viviendas de uso turístico en la ciudad. Una regulación sobre la que los partidos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, han presentado sus alegaciones.
Unos reparos que muestran, sin matices, la diferencia de modelo turístico que defienden el gobierno municipal que forman PP y Vox, frente a la oposición. Los primeros defienden limitar la implantación de viviendas de uso turístico e incrementar las inspecciones, pero los segundos abogan por ir más allá.
Medidas que van desde crear un censo público de pisos turísticos para que los vecinos sepan si los que tienen en la comunidad son legales o no, hasta eliminarlos progresivamente con la finalidad de devolver su uso al residencial y resolver así el problema de acceso a la vivienda que existe en la ciudad.
En cuanto a los reparos presentados por Compromís, la formación aboga por eliminar de forma progresiva los apartamentos turísticos. ¿La manera? Prohibir la transmisión o venta de licencias, así como no renovar las que ya se hayan concedido una vez caduquen con la intención de que vuelvan a ser residencias.
Algo que ya planteó el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que se comprometió a eliminar progresivamente los pisos turísticos en la Ciudad Condal, con el objetivo de que para noviembre de 2028 no queden viviendas de uso turístico en la ciudad.
También instan a que la moratoria actual que impide conceder nuevas licencias hasta mayo de 2026, sea una suspensión sine die. Es decir, que se elimine el margen temporal y se deje en standby la medida.
En cuanto a la normativa municipal valenciana, el grupo de Papi Robles cuestiona "la ausencia de medidas" que incluye la regulación "para reducir la saturación ya existente en algunos barrios como Ciutat Vella." No plantea medidas de vivienda de alquiler asequible y que hay vacíos legales que permitirían infringir la norma", aseguran.
Para la coalición, los porcentajes de saturación turística que plantea la nueva norma -no más de 8% de la población residente en barrio, 2% en un parque residencial o un 15% de hoteles por manzana- son demasiado elevados, ya que "permitiría incrementar hasta 3.000 el número de apartamentos de uso turístico en Valencia".
Papi Robles. Vicent Bosch
Asimismo, Compromís propone la puesta en marcha de un programa municipal de compra de licencias turísticas aún vigentes, con el fin de retirarlas del mercado y facilitar que esas viviendas vuelvan a ser hogares para vecinos de Valencia.
De manera paralela, pretenden que el Ayuntamiento dirigido por María José Catalá ponga en marcha un paquete de incentivos fiscales para los propietarios para que den uso residencial a sus propiedades, y no turístico.
Por último, instan al gobierno municipal a que resuelva el "vacío legal" que permite que hoteles de cuatro estrellas se instalen en barrios ya saturados. Y un plan de choque que permita combatir realmente los pisos ilegales que hay por la ciudad, que actualmente podrían alcanzar los 9.000.
Alegaciones del PSPV
Por su parte, el grupo municipal socialista considera necesaria la creación de un equipo de inspectores especializado que actúe "de forma continuada" contra la oferta ilegal de pisos turísticos en la ciudad.
"La ciudad carece de un equipo de inspección dedicado exclusivamente a la detección, sanción y clausura de apartamentos turísticos ilegales. Según datos facilitados por el propio Ayuntamiento, en lo que va de año únicamente se han impuesto siete multas a este tipo de alojamientos", sostienen.
Para el PSPV, el equipo de inspectores que ha puesto en marcha el consistorio, no debe estar integrado por policías locales, dado que supone que estos dejen de realizar labores en las calles del municipio. Y proponen encargarle este cometido a otro servicio municipal.
El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, en la puerta de los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia. Kike Taberner
Los socialistas ponen sobre la mesa una medida que, a su juicio, podría contribuir de forma sencilla a luchar contra los pisos ilegales: la puesta en marcha de un censo público de viviendas de uso turístico como tiene la Generalitat. De esta manera, cualquier vecino podrá comprobar si la o las que tiene en su comunidad gozan de las licencias pertinentes, o no. Y en este caso, denunciar.
Por último, el PSOE también propone eliminar la compatibilidad urbanística de calificación residencial con la de alojamientos turísticos. De esta manera, cuando los propietarios de pisos turísticos fueran a renovar sus licencias a los 5 años, "no podrían hacerlo".
Una estrategia que permitiría que, transcurridos esos cinco años en cada caso, se fueran revirtiendo al uso residencial las viviendas turísticas que existen hoy por hoy en la ciudad.
En el caso de las licencias concedidas con anterioridad a 2018 no deben renovar licencias cada lustro. Sin embargo, el registro único aprobado por el Gobierno les obliga a volverse a registrar y demostrar que cumplen con la normativa autonómica.
Aún así, en este punto, el grupo municipal socialista insta al Ayuntamiento a dirigirse a la Generalitat Valenciana para que sea esta administración la que obligue a los propietarios de pisos turísticos con licencia anterior a 2018 a registrarse de nuevo.
