La CHJ ataca a la Guardia Civil por la dana, pero admite que tardó 53 minutos en reaccionar ante la mayor crecida del Poyo

Ese tercer umbral de aviso, en el caso de la rambla del Poyo, está establecido en 150 metros cúbicos por segundo. Una vez rebasado, la CHJ debió informar de inmediato vía mail a Emergencias de la Generalitat Valenciana, pero no lo hizo hasta las 18:43 horas. El caudal, entonces ya desbocado, era de 1.683 metros cúbicos por segundo.

La CHJ, no obstante, alega que el tercer umbral de aviso "se superó ya por la mañana y provocó que el Centro de Coordinación de Emergencias decretara la Alerta Hidrológica a las 12.20 horas, sin que tomara ninguna otra medida extraordinaria".

Sin embargo, la confederación no ofrece ninguna explicación sobre los 53 minutos de retraso que van desde las 17:50, cuando se da por enterada de la gravedad en el Poyo, hasta las 18:43, cuando por fin comunica lo ocurrido. En dicho periodo habría tenido lugar una prolongada labor de verificación.

"Cuando el servicio del SAIH validó y verificó esta nueva subida vertiginosa de caudal, se envió el correo de las 18.43 horas al CEE, con el valor último de caudal del que se disponía", explicaron las fuentes consultadas de la CHJ.

Estragos de la dana en el barranco del Poyo a su paso por Torrent. EE

La Guardia Civil fue muy contundente sobre la actuación de la CHJ durante el mencionado periodo de silencio informativo. "Destaca sobremanera la inexistencia de avisos como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas", afea en su escrito la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia.

La Benemérita critica que durante el "ascenso exponencial" del caudal en la rambla del Poyo desde las 16:15 horas, la CHJ no realizó "comunicación alguna" hasta las mencionadas 18:43 horas.

"Cabría preguntar a los responsables de la CHJ cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas estas funciones durante la tarde del día 29 de octubre", reza el documento.

"Sin duda, denotaron una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la rambla del Poyo, justo en el peor momento", asevera el escrito de la Guardia Civil.

Otros argumentos

La CHJ, en su respuesta de este lunes, empleó otros argumentos menores, como que el informe de la Guardia Civil "no recoge los cerca de 200 avisos pluviométricos y de caudal que el organismo envió aquel día y que se relacionan en un documento que se hará llegar al juzgado cuando declare como testigo el presidente de la entidad, Miguel Polo".

En efecto, se realizaron centenares de avisos, pero el informe de la Guardia Civil se centra en los relevantes que atañen al barranco del Poyo.

La CHJ también defendió este lunes que el informe del cuerpo policial "no tiene en cuenta la documentación ya aportada a la jueza acerca del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), como la que la confederación trasladó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra en febrero".

La misma, según la CHJ, "recalcaba que, además de la publicación de los datos en tiempo real, se enviaron por correo electrónico, entre las 16.13 y las 18.42 de aquel día, una serie de avisos específicos sobre la superación de umbrales de lluvia".

En efecto, se enviaron dichos correos, pero ninguno de los mismos versa sobre la cuenca del Poyo, tal y como reconoce a continuación la propia CHJ: "En concreto, refería un total de 16, además de otros dos emails a las 16.13 y a las 18.43 del caudal del Barranco del Poyo".

La mañana del 29-O

Igualmente, recordó la CHJ este lunes que se envió un correo al mediodía sobre el Poyo "que se tradujo en alerta hidrológica a las 12:20" decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y que "nunca dejó de estar activa".

Sin embargo, después comunicó a las 13:42 que el caudal era descendiente. Esto lo omitió este lunes la CHJ.

Por último, la CHJ insistió este lunes en que la información "estaba disponible en todo momento en la web del SAIH y en la aplicación SAIHWIN, actualizada cada cinco minutos".

Daños del barranco del Poyo en Paiporta. Carlos Luján / Europa Press

También que "el informe de la Guardia Civil se centra en el SAIH, Aemet y las llamadas al 112, pero no alude al resto de fuentes de información que, según el Plan de Inundaciones, intervienen en una emergencia".

"Nada dice de los servicios de intervención desplegados en el territorio o de los puntos de control manuales en los barrancos donde no hay sensores, como es el caso del barranco de la Horteta, por ejemplo", concluye la CHJ.

Antes y después

La Confederación Hidrográfica del Júcar la preside el socialista Miguel Polo, a quien el Gobierno de España mantiene desde hace nueve meses alejado de la prensa. Apenas ha atendido brevemente a los medios en un par de ocasiones. No concede entrevistas ni ruedas de prensa desde la dana.

La instructora del caso ha sostenido hasta la fecha la tesis de que la Generalitat Valenciana, competente en materia de Emergencias, disponía de "información suficiente" para haber advertido a la población antes de las 20:11 horas.

No fue hasta ese momento cuando se envió el ES-Alert a toda la provincia, que en realidad se remitió por la posible rotura de la presa de Forata en el río Magro, no por los estragos que ya estaba generando la inundación en la cuenca del Poyo.

De hecho, la magistrada desestimó la petición inicial de las acusaciones que solicitaban la imputación de Miguel Polo. Ella lo citó como testigo, si bien no fijó su declaración y deberá fecharla ahora tras dirimir de nuevo sobre si lo convierte en investigado o no, tal y como vuelven a pedir algunas acusaciones populares.

La magistrada, en el auto de hace tres meses, manifestó que "no concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado".

Consideró entonces que, "más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH", algo de lo que discrepa la Guardia Civil.

La jueza añadía un argumento clave para no imputarlo. "Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición", subrayó.

Miguel Polo, presidente de la CHJ, junto a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Rober Solsona / Europa Press

Interpretaba entonces que la ausencia de los correos electrónicos obligatorios por parte de la CHJ no tuvo una incidencia directa en las muertes que se produjeron, un extremo en el que no parece coincidir la Guardia Civil.

Pero la Benemérita considera en su informe "fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua que circulaban por los cauces de los cursos fluviales con dispositivos de SAIH, en este caso, del barranco del Poyo".

Conviene recordar también que ya han sido al menos cinco los técnicos de Emergencias de la Generalitat que, en sus declaraciones como testigos ante la jueza, han señalado a la CHJ por su deficiente información durante la tarde noche de la tragedia.

Por todo lo expuesto, el pronunciamiento de la Guardia Civil puede suponer un antes y un después en la investigación. Por primera vez, un organismo estatal se alinea con la tesis de la Generalitat (PP), que afea desde el inicio la ausencia de avisos por parte del Gobierno (PSOE).

El Ejecutivo central ha defendido desde el principio que eran suficientes para la Generalitat los datos "cincominutales" sobre el estado de las cuencas que se subían de forma automática a la web de la CHJ, disponibles online para cualquier persona.

En cambio, el Gobierno autonómico denuncia desde hace nueve meses que la CHJ obvió los llamados "mensajes redundantes", que ahora la Guardia Civil denomina como "avisos de superación de los umbrales preceptivos".

Además de la ausencia de avisos mediante correo electrónico, la crecida del Poyo no fue comunicada durante la reunión del Cecopi, en la que estaba presente el propio Miguel Polo.