Destrucción del barranco del Poyo a su paso por Chiva. Efe / Kai Försterling
La jueza atribuye las muertes en Valencia a la riada del barranco del Poyo que nadie previno y de la que nadie avisó
El sumario recoge testimonios espeluznantes. La magistrada recopila las horas exactas de las muertes para dirimir si podían haberse evitado.
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Un vecino con discapacidad de Alfafar que murió "aterrorizado" de madrugada tras acabar la riada con su máquina de oxígeno. Una niña, de tan solo 11 años, que fue arrastrada por la fuerza del agua ante el horror de su familia, que sí logró sobrevivir con la ayuda de unos vecinos. La encontraron muerta a kilómetros.
Una mujer de Massanassa que pasó ocho largas horas en una barandilla tras arrancarle la riada a su marido, al que ya no pudo sostener más. Apareció muerto a los dos días. Una anciana que "salió despedida por la puerta de su vivienda, en el mismo sofá donde permanecía sentada", según las últimas personas que la vieron viva.
Son solo cuatro de las decenas de testimonios espeluznantes recabados por la jueza de la dana, responsable de investigar las consecuencias letales de la riada del barranco del Poyo. Una riada de la que nadie avisó conveniente a la población, de la que ningún Gobierno previno con las inversiones hidráulicas propuestas por los técnicos.
La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja está llevando a cabo un minucioso trabajo de recopilación de los datos de cada muerte, entre los que precisa la hora exacta de la defunción de los casos analizados para determinar si podían haberse evitado, según los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El grueso de las muertes se produjeron antes de que se enviara la única alerta a los móviles ES-Alert transmitida aquel día, a las 20:11, que en realidad se envió a la población ante el grave riesgo de rotura de la presa de Forata -que finalmente resistió- y no por el desbordamiento del barranco del Poyo -que fue el que generó la catástrofe-.
El Gobierno señala al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como responsable único de la alerta tardía. El Ejecutivo autonómico, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal que se limitó a colgar en su web los datos de caudal sin avisar de forma directa a Emergencias durante las dos horas y media de la brutal crecida.
En cualquier caso, nadie alertó convenientemente a la población, hubo una "palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse", según aseveró la jueza en uno de sus autos.
"El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. Sobre ello se han manifestado reiteradamente las familias de las víctimas", explicó la magistrada en los razonamientos jurídicos de su escrito.
La información que está solicitando causó este miércoles un gran revuelo. Tras meses de especulaciones, el presidente Mazón precisó la hora exacta a la que llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) en el que se gestionaba la emergencia.
20:28 horas
Dijo que fue a las 20:28 horas. "Me llegó la alerta al móvil en el coche", subrayó. El día previo comunicó al juzgado que, en consecuencia, llegó al organismo, del que no forma parte formalmente, cuando ya se había enviado la alerta a la población por la posible rotura de la presa de Forata.
La jueza, en su búsqueda de posibles responsabilidades, también preguntó a la CHJ por los avisos que transmitió el fatídico 29 de octubre a Emergencias de la Generalitat.
El escrito de respuesta del organismo reconoce "un incremento súbito de caudal" a las 17:40 y que no informó sobre el Poyo de forma directa a la Generalitat -mediante los avisos "redundantes" que recoge su protocolo- "entre 16:13 y 18:43", al margen de los mencionados datos automáticos que cuelga en su web.
Al margen de la investigación judicial queda el factor determinante por el que se produjo la catástrofe: la no ejecución de las obras de encauzamiento y desvío del barranco proyectadas por los técnicos en 2011.
La propia CHJ, en un escrito reciente dirigido a la comisión no permanente del Ayuntamiento de Valencia sobre la dana, explicó las dos grandes razones por las que no se hicieron las obras.
Se trata, por un lado, de la no ejecución de los siete proyectos hidráulicos que impulsó la propia CHJ desde "hace más de 15 años", cuyo coste partía de un presupuesto de 240 millones de euros.
Por otro, de "los reparos" que puso el Consejo de la Huerta -creado por la Ley de la Huerta del Gobierno de Ximo Puig- a una de las obras esenciales -una de las dos conexiones para desviar agua del Poyo al nuevo cauce del Turia-.
