
El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón. EE
El Gobierno valenciano modifica la Ley de la Huerta de Ximo Puig que impedía encauzar el barranco del Poyo
El decreto ley deberá convalidarse ahora en Les Corts, donde el PP se ha garantizado el apoyo de Vox para que salga adelante.
Más información: El Gobierno prometió hace 4 años en el Senado encauzar el barranco del Poyo, y lo paró por la Ley de la Huerta de Ximo Puig
El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha aprobado un decreto ley que modifica aspectos sustanciales de la Ley de la Huerta para que los proyectos para encauzar el barranco del Poyo y de La Saleta puedan llevarse a cabo.
Según la norma, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ejecutivo suprime el Consejo de la Huerta, cuyas competencias pasarán a asumirse directamente por las consellerias competentes de Agricultura, así como Infraestructuras, Urbanismo, Territorio y Paisaje.
Conviene apuntar que el citado Consejo fue el que, con sus informes, frenó en su día las obras que hubieran contribuido a minimizar el impacto de las inundaciones causadas el pasado 29 de octubre por la dana que azotó la provincia de Valencia.
Emitió informes desfavorables sobre la mejora a realizar en el barranco del Poyo y de La Saleta, pese a que los técnicos reconocieron en su momento que las obras eran urgentes para evitar inundaciones. Por lo que el Ministerio de Transición Ecológica acabó bloqueando las obras.
La intención inicial del Gobierno de Mazón era mantener el órgano, pero quitarle las competencias urbanísticas y de territorio que tenía atribuidas. De manera que, a partir de su modificación, el organismo solo pudiera pronunciarse sobre cuestiones agrarias y nunca sus dictámenes tuvieran carácter preceptivo y vinculante, sino solo consultivo.
Sin embargo, finalmente el Ejecutivo valenciano ha decidido suprimir el Consejo para que sean las consellerias implicadas las responsables de emitir informes. Aún así, la modificación vía decreto ley también suprime el carácter "vinculante" de los informes en mateira de paisaje.
Según explican fuentes del Consell, se debe a la "extraordinaria y urgente necesidad de reparar o acometer determinadas infraestructuras, especialmente las hidráulicas y sus elementos asociados".

Actuaciones previstas en el barranco del Poyo y sus localidades adyacentes desde 1994. Diseño: Arte EE
Actuaciones que debería acometer el Gobierno central tras las riadas del pasado 29 de octubre y a las que la Confederación Hidrográfica del Júcar se comprometió para 2026, 15 años más tarde de lo que se proyectaron, y que estaría previsto que culminaran en 2030.
Ahora, el Consell deberá remitir el decreto ley a Les Corts Valencianes para su convalidación. No obstante, esta ya está en marcha y tampoco tendrá dificultad para salir adelante, dado que el PP ha pactado con Vox su apoyo a esta reforma para garantizarse su apoyo.
Con los votos a favor de sus 13 diputados, el decreto ley quedará aprobado tal y como lo ha redactado el Gobierno valenciano con 53 apoyos.
La ley que frenó las obras
Conviene recordar que en 2021 la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, reconoció en una respuesta parlamentaria en el Senado haber elaborado ya un estudio para calcular el llamado coste-beneficio de las actuaciones en las dos ramblas.
"No siendo definitivos los resultados del citado estudio, sí se muestra que ambas actuaciones son viables desde el punto de vista económico, social y ambiental", explicaba en su respuesta el Ejecutivo a una pregunta del senador Carles Mulet.
Se refería, en concreto, al acondicionamiento del barranco de la Saleta en el tramo de Aldaia y la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a l’Albufera. Y proseguía: "Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar va a impulsar la redacción de dos proyectos que se corresponden con las actuaciones estudiadas".
Así, la CHJ se comprometía a mantener "reuniones de trabajo con las Administraciones afectadas, en especial con los ayuntamientos más directamente afectados como Aldaia" para que la solución fuera lo "más consensuada posible".
"La Confederación Hidrográfica del Júcar, dentro de sus competencias, está trabajando para adoptar medidas que minimicen el riesgo de inundación en los municipios de la traza y entorno de los barrancos de la Saleta y Poyo, en sus tramos bajos", concluía la respuesta al senador de Compromís.
Sin embargo, los proyectos acabaron paralizados "por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales". Concretamente, por su "incompatibilidad" con la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de Valencia, aprobada en marzo de 2018 por el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig.
Esta normativa creó el denominado Consejo de la Huerta que con sus informes desfavorables acabó frenando las actuaciones en el barranco del Poyo y La Saleta.