El Ayuntamiento de Gandía (Valencia) ha negado este sábado que ocultara ningún informe al juez que investiga si la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant cometió un delito al paralizar el desahucio de un bloque de viviendas de protección oficial cuando era alcaldesa.

"El Ayuntamiento de Gandía no ha ocultado ningún informe al juez y siempre se le ha entregado todo lo requerido", defendió el consistorio socialista en un comunicado.

El comunicado mantiene que "se trata de una denuncia, sin fundamento e interesada, que fue interpuesta por el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel por corrupción, y 6 meses de inhabilitación absoluta".

[Gandía ocultó informes al juez en el caso que podría llevar a juicio a Diana Morant, según la Fiscalía]

El ayuntamiento recuerda que "Torró, además, ha sido juzgado en el Tribunal de Cuentas, con sentencia firme a pagar al Ayuntamiento de Gandía 350.000 euros por el caso Tele 7".

"La Justicia ya le ha dado la razón en cuatro ocasiones al Ayuntamiento de Gandía respecto a este asunto. En una de estas ocasiones, el juzgado contencioso eximió de toda responsabilidad a las autoridades de la ciudad".

Respecto a los motivos por los que no se envió el expediente completo que afecta a Morant, fuentes del ayuntamiento de Gandía ampliaron la información a este periódico.

Una parte de la documentación requerida por el juzgado se envió a través de la plataforma digital del juzgado el 23 de octubre de 2023, pero subrayan que se "traspapeló" en el propio juzgado.

Otra de la documentación requerida, y que no estaba incluida en el expediente que se envió al juzgado, era la relativa a la concesión de este edificio público.

En este sentido, fuentes del ayuntamiento admitieron que consideraron que no era necesaria una documentación relacionada con una medida cautelar solicitada por la empresa porque el caso estaba resuelto y se envió la sentencia firme.

El ayuntamiento realizó estas manifestaciones después de que EL ESPAÑOL revelara un escrito de la Fiscalía que insta al juzgado a volver a requerir los documentos solicitados el año pasado tras comprobar que el expediente remitido estaba incompleto.

La Fiscalía presentó un escrito en los juzgados de Gandía que revela que el ayuntamiento de esta ciudad valenciana ocultó al juez información del caso que amenaza a la ministra de Ciencia por impedir en 2015 un desahucio en un bloque de viviendas oficiales.

Los hechos de este caso se produjeron en junio de 2015, año en el que la nueva secretaria general del PSOE valenciano ocupó por primera vez el cargo de alcaldesa de Gandía.

Morant, recién nombrada en el cargo, se presentó a las puertas de un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento y gestionado por una concesionaria, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.-

El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", según concluyeron los tribunales después de que la promotora del bloque presentara una demanda contra el ayuntamiento.

La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según las sentencias.

Desde ese momento, el edificio está abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas.

"Faltan documentos"

Según la Fiscalía, "habiendo observado que en la documentación presentada faltan ciertos documentos", pidió que se le volviera a requerir, según consta en el informe de la fiscal con fecha del pasado mes de diciembre, al que ha tenido acceso este periódico.

Entre esta documentación, destacan las dos sentencias dictadas en lo contencioso-administrativo y que atribuyeron directamente a Morant la responsabilidad del grave deterioro del bloque viviendas de protección oficial, al permitir múltiples daños ocasionados por ocupaciones y redes de delincuencia.

"Siendo necesaria su aportación", la fiscal pidió al juzgado que volviera a dirigirse al Ayuntamiento de Gandía para que aportara la documentación, pendiente de entrega desde hacía meses, y valorar de una vez la actuación de Morant.

Documento de la Fiscalía.

Finalmente, el ayuntamiento entregó toda la documentación requerida. Fuentes municipales insistieron este sábado en atribuir la queja de la Fiscalía a un error que ya ha sido subsanado.

El caso pasó de la vía contenciosa a la penal el año pasado después de que presentara una querella contra Morant el exalcalde del PP Arturo Torró, condenado por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión por causar un perjuicio económico de 135.812 euros al rescindir el contrato de la TV local -la sentencia está recurrida-.

Junto a Morant también fue denunciado el actual alcalde de Gandía, además de María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales.

La querella atribuye a los tres los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

"Como ya hemos venido manifestando en el último año hasta en tres ocasiones, se trata de una denuncia, sin fundamento e interesada, que fue interpuesta por el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel por corrupción, y 6 meses de inhabilitación absoluta", insistio el ayuntamiento en la nota dufundida a los medios.