El Gobierno se prepara para hacer frente a la sequía que sufren diversos territorios en España y el Ministerio de Transición Ecológica ha comunicado a la Generalitat Valenciana que llevará barcos llenos de agua desde la planta desalinizadora de Sagunto, en la provincia de Valencia, hasta Cataluña para paliar la situación de emergencia.

Tras conocerse la decisión, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), aseguró que "estoy a favor de la solidaridad hídrica entre regiones, una solidaridad que debe extenderse de manera oficial a toda España".

El jefe del Consell se expresó en estos términos tras hablar con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La socialista comunicó al popular la intención de llevar agua en barcos desde la desalinizadora ubicada en Sagunto hasta Cataluña para luchar contra la sequía que sufre este territorio, según informó el Gobierno valenciano en un comunicado.

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Mazón explicó que está a favor de que "el agua desalada tenga un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo de boca, no para riego porque esto es muy perjudicial para nuestros cultivos y cítricos".

Asimismo, el máximo responsable del ejecutivo valenciano indicó que la ministra "le ha garantizado que aumentar la capacidad de la desaladora por encima del 15% no tiene ninguna afección para las necesidades de la provincia de Valencia".

Además, el presidente de la Generalitat Valenciana le planteó una reunión a la responsable del ministerio para abordar las necesidades hídricas de la Comunitat Valenciana en temas como los transvases o la emergencia de la Albufera.

Por último, el presidente recordó el compromiso del Consell para defender el derecho al agua "que necesita y merece la Comunitat Valenciana".

Además, apuntó alguna de las acciones que ya ha llevado a cabo la Generalitat como las obras del postrasvase con la adjudicación del tramo 1, en el que en breve se iniciarán las obras, con un presupuesto de 9 millones de euros o la licitación del tramo 2 de esta infraestructura.

Medidas

El jueves 1 de febrero de 2024 pasará a la historia como el día en que Cataluña declaró la emergencia por sequía en 200 municipios. Las regiones de Girona y Barcelona han entrado ya en esta fase que vaticina unas intensas restricciones de agua en las localidades que las conforman, incluida la Ciudad Condal.

Un total de seis millones de personas viven desde este viernes en este estado de emergencia por sequía. Empieza, así, el verano más largo para muchos catalanes. 

Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) se encuentra un incremento de las restricciones para los usos agrarios (del 80%), ganaderos (50%), industriales (25%) y otros usos recreativos (25%) así como la prohibición de usos recreativos que impliquen riego.

Igualmente, se fija una dotación máxima municipal. Los volúmenes totales de agua que entren en el depósito municipal para el abastecimiento de la población no pueden superar los 200 litros por habitante y día (incluyendo actividades económicas y comerciales). Los ayuntamientos están amenazados con sanciones por superarlos.

Así, los 202 ayuntamientos afectados por la entrada en emergencia quedan habilitados a partir de ahora por la Generalitat catalana a imponer restricciones a los ciudadanos para los usos domésticos para hacer perdurar el suministro.

Las entidades locales puedan reducir esos consumos disminuyendo la presión del agua aunque también pueden hacer cortes horarios en función de sus planes municipales de emergencia aprobados en cada caso.