Votaciones celebradas en Les Corts para ambos órganos. José Cuéllar / Corts

Votaciones celebradas en Les Corts para ambos órganos. José Cuéllar / Corts

Valencia

A la tercera va la vencida: PP y Vox renuevan el Consejo de Transparencia tras permanecer cinco años en funciones

La izquierda no vota a los candidatos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria que presentó en la legislatura pasada.

Más información: El PP presenta para la Agencia de Seguridad Ferroviaria a los mismos candidatos que pactó con el PSPV y Compromís

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PP y Vox lograron este jueves sacar adelante el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Transparencia. Un órgano que lleva en funciones cinco años y que ha tenido que pasar tres veces por un pleno de Les Corts Valencianes para conseguir la luz verde.

Los consejeros electos son Sonia Barriga Alejandro, profesora de la Universitat de València; Vicente Fernández García, un diputado tránsfuga de Ciudadanos de la pasada legislatura; y Eduardo Ruiz Navarro, secretario autonómico de Justicia durante el paso de Vox por esta Conselleria con Elisa Núñez al frente.

El alto cargo fue, entre julio de 2023 y julio de 2024, número dos de Núñez. Pero tras la salida del partido de Santiago Abascal del Gobierno autonómico fue cesado.

Uno de los tres será el presidente del Consejo de Transparencia y hay quien muestra su preferencia por que sea Sonia Barriga, cuyo perfil es más independiente y de menor adscripción política.

Mientras que en el caso de Fernández y Ruiz, su vinculación con partidos resulta evidente. Algo que entra en conflicto con un organismo cuya pretensión es tener carácter puramente técnico.

El pasado del primero, además, es especialmente destacado. En junio de 2021 comunicó su salida de Ciudadanos y su paso al grupo de no adscritos en el parlamento autonómico junto al resto de tránsfugas -llegaron a ser cinco de esta formación-.

En aquel momento, el partido se encontraba en absoluta descomposición en toda España y el que era portavoz en el Parlamento valenciano, Toni Cantó, había saltado del barco unos pocos meses antes. Ahora, Fernández se había centrado en su profesión, la abogacía.

La elección de los tres ha tenido que aprobarse en tercera votación. En la última sesión plenaria, los populares y el grupo parlamentario de José María Llanos no pudieron validar los nombramientos por un defecto de forma en la ley.

No en vano, esta permite designar a los candidatos con una mayoría absoluta de la Cámara autonómica, pero no especifica cuántas votaciones previas son necesarias para hacerlo.

La ley, modificada en 2023 precisamente por PP y Vox, señala que el Consejo lo integran tres personas, que debe haber una representación paritaria y que sus miembros son elegidos por tres quintas partes del parlamento. Es decir, 60 diputados.

En caso de no alcanzar esta mayoría, la norma prevé que puedan ser designados por mayoría absoluta si "tras sucesivas votaciones, y en el plazo de dos meses desde la primera votación, no se hubiera alcanzado el consenso necesario".

Sin embargo, dada la inexactitud del término "sucesivas", los letrados de la cámara autonómica advirtieron hace dos semanas que no podía considerar válida la elección de los tres aspirantes e instaron a fijar una nueva votación en el siguiente pleno.

Por ello, PP y Vox acordaron introducir de nuevo la elección en el orden del día de la sesión de este jueves. Con ella, ya serían tres las votaciones que se habrían producido al respecto y los nombramientos serían válidos.

El Partido Popular cuenta con 40 escaños y el grupo de Abascal suma 13 diputados. Por lo que la elección de los tres consejeros sumó 53 papeletas, puesto que se votó en urna.

El Consejo de Transparencia llevaba en funciones desde diciembre de 2020. Sus anteriores consejeros fueron elegidos entre 2015 y 2016, y su presidente, Ricardo García Macho, había reclamado en varias ocasiones la renovación para poder cesar y resolver así la interinidad en la que se encontraban.

Hasta ahora, el órgano lo componían cinco personas y cobraban dietas por cada reunión que celebraban. Pero tras el cambio de la ley, sus integrantes pasarán a tener dedicación exclusiva, por lo que percibirán un sueldo con rango de director general. Es decir, de más de 60.000 euros brutos anuales.

Seguridad Ferroviaria

En la misma jornada, los dos partidos validaron el nombramiento de Antonio Esparza, Carla García y Manuel Miñés como vocales de la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Los tres fueron candidatos de PSPV y Compromís en la legislatura pasada. PP y Vox aprovecharon para presentar estos mismos nombres y lograr así que también la izquierda secundara estos nombramientos.

Sin embargo, esto no ocurrió. Socialistas y valencianistas prefirieron dejar su papeleta en blanco a pesar de que antaño fueron sus propios candidatos.