La Fiscalía de Valencia ha constatado los problemas surgidos en el último año para guardar la distancia de 500 metros de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género en localidades pequeñas, situadas fundamentalmente en el interior de la Comunitat Valenciana.

Los dispositivos instalados por orden del juzgado tampoco cuentan con una buena cobertura que permita enviar las alertas a tiempo a las Fuerzas de Seguridad. Además, la Fiscalía de Castellón ha comunicado que las "incidencias reiteradas" provoca ansiedad en muchas mujeres que se presentan en los juzgados para pedir su retirada de manera voluntaria.

Las órdenes de alejamiento y los dispositivos de seguridad se han convertido en herramientas imprescindibles que buscan proteger a las víctimas de violencia de género y prevenir futuros incidentes de agresión, pero su aplicación en los pueblos pequeños han generando muchos problemas.

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Los fiscales han alertado de la "deficiente cobertura de las zonas rurales aisladas" y aseguran que el tiempo que emplean el trasladarse los técnicos expertos en los dispositivos a esas áreas supone un riesgo añadido para las víctimas.

A todo ello se suma el costoso trabajo que supone el análisis y cribado de los informes que se remiten el centro, es decir, si son alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil, para decidir sobre la formulación de denuncia.

Además, el ministerio fiscal señala "lo gravoso que supone para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas" por mala cobertura, que les provoca "ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos", según consta en la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

Así, por las especiales circunstancias geográficas de determinadas zonas valencianas, cuando se trata de hechos graves y el investigado queda en libertad, se impone en algunos casos la prohibición de residir y acudir en el municipio porque en muchos de ellos la distancia máxima entre viviendas es de menor de 500 metros. 

Según los datos de la Fiscalía, la Comunidad Autónoma que más dispositivos instaló en 2022 fue Andalucía (125 para el control de penas y 160 para medidas cautelares), seguida de Madrid (67 y 149), Comunitat Valenciana (74 y 53), Galicia (38 y 69), País Vasco (43 y 27), Canarias (41 y 61), Castilla-La Mancha (23 y 43) y Castilla y León (5 y 45) y Aragón (38 y 15).

52 mujeres asesinadas

La violencia de género en la Valencia rural es una realidad que afecta a muchas mujeres que viven en municipios pequeños y aislados.

El entorno rural dificulta la salida de la violencia de género y las víctimas que residen en estaos municipios, sin casi presencia policial, se enfrentan a mayores trabas para denunciar a sus agresores y acceder a recursos y servicios de atención.

El uso de estos dispositivos ofrece ventajas y beneficios a la hora de proteger a las víctimas. Pero se ha abierto un debate sobre posibles mejoras y buenas prácticas para potenciar su utilidad y eficacia, sobre todo en entornos rurales, en ocasiones muy alejados de los servicios públicos básicos.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de año 2023, han sido asesinadas 52 mujeres por violencia de género en España.

De ellas, 5 residían a la Comunitat Valenciana, lo que representa el 9,6% del total nacional. La mayoría de las víctimas tenían entre 31 y 40 años y eran de nacionalidad española.

Según estos datos, el 76,9% de las víctimas no había presentado denuncia previa contra el presunto agresor. Estos datos reflejan la gravedad de este problema social que afecta a miles de mujeres y sus familias

Los dispositivos cometa son unos aparatos que se utilizan para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. 

Estos dispositivos consisten en unas pulseras o tobilleras que llevan tanto el agresor como la víctima, y que emiten una señal de radiofrecuencia que permite verificar si el agresor se acerca a la víctima más de lo permitido por la autoridad judicial. 

El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento está operado por el Centro de Control Cometa, que es el encargado de monitorizar, instalar y gestionar las alarmas que se produzcan por el incumplimiento de las órdenes de alejamiento.

El Centro de Control Cometa se comunica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal para informar de las incidencias y coordinar las actuaciones necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género.

Los dispositivos cometa son una medida de protección y prevención que busca garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género y evitar futuros incidentes de agresión. 

Sin embargo, estos dispositivos no son infalibles y pueden presentar fallos técnicos o manipulaciones que dificulten su funcionamiento. Además, los últimos casos registrados en zonas rurales de Valencia constan las dificultades para guardar la distancia de 500 metros y los problemas de cobertura.

Por ello, los fiscales creen que es importante que las víctimas de violencia de género cuenten con otros recursos y apoyos. En estos recursos destaca el Sistema Viogen, que es una aplicación informática del Ministerio del Interior que evalúa el nivel de riesgo de las víctimas y establece unas medidas policiales específicas para cada caso.