El Tribunal Supremo decidirá el próximo 13 de diciembre si finalmente envía a prisión al exmarido de Mónica Oltra, Luis Ramírez, por abusar de una niña tutelada cuando era menor de edad u ordena repetir la celebración del juicio, tal y como pidió la defensa para volver a interrogar a la víctima.

Esta causa es independiente a la que investiga a la dirigente de Compromís por supuestamente dejar desprotegida a la víctima, que estaba tutelada por la conselleria que dirigía Mónica Oltra, y ocultar los abusos.

El único condenado en este caso es Ramírez y la decisión final que se tome el 13 de diciembre, sea cual sea, no influirá en las diligencias abiertas contra Oltra porque son hechos y delitos distintos, según manifestaron fuentes judiciales a EL ESPAÑOL. 

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Luis Eduardo Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos y la resolución definitiva del caso estaba pendiente de este último recurso. 

La sala segunda notificó este lunes un auto a las partes en el que informa que se ha señalado para la deliberación el próximo 13 de diciembre y que el tribunal estará presidido por Juan Ramón Berdugo, magistrado del Supremo desde el año 2004.

Entre los magistrados que revisarán el caso también se encuentra Vicente Magro, expresidente de la Audiencia de Alicante y jurista valenciano de reconocido prestigio, y Pablo Llarena, el magistrado instructor de la causa del Procés catalán.

El tribunal también estará integrado por Ana María Ferrer García, la primer mujer en convertirse en miembro de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España y una de las siete jueces del juicio del Procés; y por el magistrado Ángel Luis Hurtado.

Luis Eduardo Ramírez Icardi fue condenado por la Audiencia de Valencia en marzo de 2021 tras una repetición parcial de su juicio que se saldó con el mismo resultado: cinco años de cárcel por abusar de una menor tutelada de 14 años.

Los hechos probados del dictamen recogieron que "en el periodo referido, en fechas que no se han concretado, pero, entre dos y diez ocasiones, Luis Eduardo Ramírez Icardi, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor cuando esta se hallaba castigada".

La menor tenía "dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, por lo que reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo". Y Luis Eduardo procedía "a masajearle en la zona del cuello y la espalda".

Pero, "una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".

El juicio debió repetirse porque en aquel proceso no se tuvo en cuenta un informe autonómico y otro del Instituto Espill que ponían en duda la credibilidad de la víctima. En la repetición tuvo lugar, precisamente, la confrontación de estos análisis con el de la forense del Instituto de Medicina Legal que examinó a la menor y sí creía en su versión.

Tras contemplar estos documentos, la sentencia, además de reafirmarse en su condena, cargó con dureza contra la Conselleria de Igualdad que entonces dirigía, precisamente, Mónica Oltra.

En concreto, le afeó la "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla".

Fruto de tales consideraciones y de posteriores procesos impulsados por la defensa de la menor y por acusaciones particulares, se abrió un nuevo caso en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia para analizar las presuntas maniobras de la administración para desacreditar a la víctima de los abusos sexuales.