Carlos Mazón cumple este sábado 100 días desde que fue investido como presidente valenciano el pasado 13 de julio. Son poco más de tres meses, pero ha sido tiempo suficiente para llevar a término relevantes promesas de su programa electoral, como la reducción -o supresión- de impuestos y de altos cargos y asesores. También para afrontar un reto quizá mayor: el de minimizar el ruido de Vox.

Mazón pasó de ser un candidato con un bajo nivel de popularidad -a excepción de Alicante, donde presidía la Diputación- a convertirse en el epicentro de la actualidad política española por su precoz pacto con el partido de derecha radical. El dirigente apostó por llegar a un acuerdo sin ambages con la formación, al considerar mayor el riesgo de no cumplir con el mandato de cambio de los ciudadanos que el de gobernar junto a la extrema derecha.

Se cobró una incómoda pieza en la negociación, la de Carlos Flores, que fue el candidato de Vox pese a su condena por maltrato a su exmujer. Pero no fue suficiente para calmar las aguas. Las inminentes elecciones generales pusieron la lupa sobre lo que el PP hacía en la Comunitat Valenciana. Vox obtuvo una vicepresidencia -la del extorero Vicente Barrera- y tres de las diez consellerias: Cultura, Justicia y Agricultura.

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Desde entonces, Mazón ha conseguido mitigar poco a poco el estruendo. Las salidas de tono de sus socios han sido constantes, pero el dirigente está apostando por reducirlas a ruido, sin que se vean reflejadas en medidas de gestión.

Es el caso de asuntos como la violencia machista. Vox se negó a posar tras los asesinatos detrás de pancartas con esos dos términos, "violencia machista". Lo hace, eso sí, como miembro de un Gobierno donde las competencias en materia de Igualdad las ostenta el PP. En concreto, la vicepresidenta Susana Camarero -impulsora del primer pacto de Estado contra el machismo-.

Algo similar ha ocurrido con el cambio climático. El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, se ha pronunciado abiertamente contra los objetivos de desarrollo sostenible que contempla la Agenda 2030, pero las competencias de Medio Ambiente en la Generalitat las ostenta la popular Salomé Pradas.

Rebaja de impuestos

La primera gran medida de Carlos Mazón llegó en su primer pleno al frente del Gobierno valenciano. Se trata de la práctica supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para ascendientes, descendientes y cónyuges. Durante la campaña electoral ya había avanzado que sería su primera medida. Así fue.

También en materia tributaria, durante los primeros 100 días de Gobierno también se aprobó el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de 2024. El mismo contiene nuevas rebajas de impuestos. Entre ellas, seis deducciones sociales en el IRPF para las rentas más bajas y rebajas de tipos por la compra de vivienda (ITP) para menores de 35 años y colectivos más vulnerables.

Estas medidas supondrán más de 199 millones de euros de ahorro para los contribuyentes y beneficiarán a 2,1 millones de potenciales beneficiarios (el 87,5% de los contribuyentes).

Carlos Mazón. Vicent Bosch

Junto a los 166 que se esperan dejar de ingresar al eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones, el ahorro total para los valencianos será de 365 millones. La mayoría del ahorro beneficiará a las clases menos pudientes.

Otras medidas para la rebaja de la presión fiscal de los ciudadanos han sido la reducción de las tasas y precios públicos de la Generalitat Valenciana en un 10% hasta el 31 de diciembre. Además, la congelación de las tasas universitarias y la prórroga de la gratuidad del transporte público para los jóvenes -y del 50% de la reducción del gasto para los no tan jóvenes-.

En la misma línea, la Generalitat ha ampliado el aplazamiento del pago del canon del agua para todos los consumidores y ha aprobado bonificaciones del 30% y 50% para las personas vulnerables, lo que supondrá una condonación del pago de 7,2 millones de euros a 173.468 familias.

"Grasa política"

Antes de los comicios, Mazón también hizo hincapié en la necesidad de reducir el gasto político. Para llevarlo a término, sus consellerias pasaron de 14 a 10, se redujeron los altos cargos en un 25%, y el número de asesores, en un 50%.

Esta última medida fue controvertida a nivel interno. Está suponiendo un esfuerzo añadido para los equipos de todos sus consellers, que cuentan con la mitad de personal de confianza que sus antecesores. Pero Mazón la adoptó con determinación.

"Ya se han suprimido 6,5 millones de euros en gasto político superfluo, y la eliminación de la 'grasa política' supondrá un ahorro cercano a los 20 millones de euros en esta legislatura", según la Generalitat.

Además de la plantilla de asesores, Mazón se ha propuesto adelgazar la burocracia para captar más inversiones. Para lograrlo, ha impulsado el llamado Plan Simplifica, en busca de una mayor eficiencia administrativa.

Carlos Mazón, en su despacho. Vicent Bosch

En materia turística, Mazón ha atendido la petición de las empresas del sector al iniciar el proceso de derogación de la tasa que impulsó la izquierda. Iba a entrar en vigor en 2024 en los municipios que lo solicitaran.

En Sanidad, la nueva Generalitat ha impulsado la descentralización del CICU, que regresa a Alicante y Castellón. También ha creado la Dirección General de Atención Primaria ha reforzado las políticas en materia de salud mental. La última y más sorpresiva medida sanitaria la adoptó este viernes, al anunciar que siguen adelante las reversiones de los hospitales de Manises y Dénia. Pasarán a ser de gestión pública, como pretendía la izquierda.

Y en materia educativa, el Gobierno de Mazón ha introducido novedades pese al poco margen con el que contaba, como la recuperación de dos horas lectivas, preferentemente de lengua extranjera y matemáticas, para alumnos de 1º, 2º y 3º ESO, que fueron suprimidas por el Botànic.

También ha impulsado la libertad educativa con la Modificación de la Ley de Plurilingüismo, que suprime la obligación de que los alumnos y alumnas de las zonas castellanas cursen en valenciano asignaturas troncales. En la misma línea, ha suprimido la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), considerada por el PP como una "policía lingüística".