La detención de operaciones en el polémico centro de detención Alligator Alcatraz, a causa de la decisión de la jueza Kathleen Williams, no evitó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara la planeación de un nuevo punto de control migratorio en el estado republicano: Panhandle Pokey.
Panhandle Pokey: el nuevo centro en el noroeste de Florida
De acuerdo con el medio WPEC, DeSantis informó que se pondrá en marcha la construcción de un nuevo centro de detención ubicado en la región del Panhandle, de ahí el origen de su nombre, al noroeste del estado.
La instalación se encuentra todavía en fase de planificación, aunque el gobernador adelantó que su objetivo es reducir los largos traslados que actualmente enfrentan los inmigrantes detenidos en esa zona.
Según lo detallado por la administración estatal, se espera que este centro pueda albergar a cientos de personas y que, al igual que otras instalaciones impulsadas por DeSantis, los costos iniciales sean cubiertos por Florida pero reembolsados posteriormente con fondos federales.
La medida, según DeSantis, busca agilizar los procesos de detención y deportación, reforzando el papel de Florida como actor central en la política migratoria nacional.
El polémico “Deportation Depot”
El anuncio de Panhandle Pokey llega poco después de que DeSantis confirmara la reapertura de la antigua Baker Correctional Institution, que será transformada en un centro de detención conocido como Deportation Depot.
Esta instalación tendrá capacidad para alrededor de 1.300 personas y podría ampliarse hasta 2.000. El gobernador ha defendido la medida como necesaria para enfrentar la presión migratoria, asegurando que permitirá procesar de forma más rápida las deportaciones desde Florida.
Ambos centros, de los cuales se desconocen sus fechas de apertura, están precedidos de las polémicas instalaciones de Alligator Alcatraz, el cual se encuentra instalado en los Everglades y que fue criticado desde su inauguración por las condiciones inusuales en las que operaba.
De manera reciente, la jueza federal Kathleen Williams determinó que este punto debía ser cerrado tras comprobarse que se levantó sin cumplir con los estudios ambientales exigidos por la ley. El fallo señaló que la administración de DeSantis ignoró los lineamientos de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), lo que convirtió la instalación en un proyecto ilegal dentro de una zona ecológicamente sensible.
Como parte de la resolución, se ordenó desmontar en un plazo máximo de 60 días las estructuras añadidas al área, incluyendo cercas, sistemas de iluminación y generadores, y se prohibió tanto su ampliación como el ingreso de más detenidos.
A pesar de los amparos presentados por el gobierno estatal, la decisión se mantiene, lo que podría generar grandes pérdidas millonarias para Florida.