La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, confirmó un plan integral para proteger a los niños inmigrantes de posibles redadas en la ciudad. La medida surge en un contexto de creciente preocupación por las operaciones federales de control migratorio, justo cuando inicia el nuevo ciclo escolar en el distrito angelino.
Audiencia pública y presentación del plan
De acuerdo con AP News, la alcaldesa presentó una orden ejecutiva destinada a reforzar los protocolos municipales para impedir que recursos de la ciudad o del distrito escolar sean utilizados en colaboración con agencias federales migratorias.
El plan incluye la creación de un grupo especial en el LAPD y la instalación de casi 100 “zonas seguras” alrededor de las escuelas, vigiladas por la policía escolar y voluntarios comunitarios, con el objetivo de blindar los entornos educativos frente a cualquier intento de redada.
Según ABC7 Los Ángeles, el plan también contempla la distribución de paquetes informativos a las familias con materiales de “conoce tus derechos”, contactos de ayuda a través del “compassion fund” y guías sobre qué hacer en caso de que un padre o tutor no pueda recoger a un estudiante debido a una detención.
Además, se implementarán ajustes en las rutas de autobuses escolares bajo el programa safe passage, que busca garantizar que los estudiantes eviten zonas de riesgo durante sus traslados.
Alligator Alcatraz y la polémica alrededor de los centros de detención
La alcaldesa subrayó que Los Ángeles no permitirá que los niños inmigrantes vivan bajo miedo constante de redadas, una postura que refleja la creciente tensión entre autoridades locales y federales. El Washington Post señaló que esta iniciativa se da en paralelo a demandas nacionales de mayor protección a comunidades vulnerables, en especial frente a la incertidumbre migratoria que afecta a miles de familias.
De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Los Ángeles, la orden ejecutiva también exige a las agencias federales entregar información sobre las redadas en la ciudad, reforzando la idea de que estos centros de poder local no son intocables ni están al margen del escrutinio público.
Al igual que en casos pasados donde se han logrado frenar expansiones de centros de detención, esta acción demuestra que es posible ejercer presión política y legal para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, en especial los más jóvenes.