Una inmigrante que acudió a un hospital en Maryland en busca de atención médica fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y profesionales de la salud, quienes advierten que este tipo de acciones disuaden a las comunidades migrantes de buscar la atención que necesitan, poniendo en riesgo su salud y bienestar.
De la consulta médica a la detención
Según lo mencionado por The Washington Post, la mujer acudió al Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en Bethesda, Maryland, para recibir tratamiento médico especializado. Según reportes, durante el proceso de registro, presentó una licencia de conducir que no cumplía con los requisitos del estándar federal Real ID.
Lo anterior ocasionó una revisión más exhaustiva, lo que reveló una orden de deportación en el historial de la mujer.
Al detectarse que tenía este tipo de irregularidades, el personal del hospital notificó a las autoridades migratorias. Poco después, agentes de ICE llegaron al lugar y procedieron a detenerla dentro de las instalaciones.
Este hecho ha reavivado el debate sobre la eliminación de las denominadas “zonas sensibles” que, hasta 2021, protegían a hospitales, escuelas y lugares de culto de operativos migratorios. Defensores de derechos humanos sostienen que la ausencia de estas protecciones convierte a centros de salud en espacios inseguros para las personas indocumentadas, afectando gravemente el acceso a la atención médica.
Detención e incertidumbre sobre su futuro
Tras su detención, la mujer fue trasladada a un centro de detención de ICE, donde enfrenta un proceso que podría culminar en su deportación. Organizaciones como el Centro Nacional de Derecho de Inmigración y el sindicato SEIU-UHW han exigido su liberación inmediata y el cese de arrestos en hospitales, argumentando que estas prácticas generan miedo y desconfianza en la comunidad migrante.
“Nuestros hospitales y clínicas deben seguir siendo lugares de curación, no de miedo”, señalaron en comunicados públicos.
Actualmente, su situación legal sigue en curso y dependerá de la revisión de su caso por las autoridades migratorias. Sin embargo, su historia ya ha encendido las alarmas sobre el impacto de este tipo de acciones en la salud pública y en el derecho básico de recibir atención médica sin temor a represalias.
El caso de esta mujer no solo expone la vulnerabilidad de las comunidades migrantes frente a las políticas migratorias actuales, sino que también plantea un reto urgente para el sistema de salud en Estados Unidos. Para muchos defensores, garantizar que los hospitales sean espacios libres de operativos es esencial para proteger vidas, fortalecer la confianza comunitaria y asegurar que nadie tenga que elegir entre su salud y su libertad.