En un movimiento legal que incrementa la presión contra las políticas migratorias impulsadas durante el gobierno de Donald Trump, más ciudades de California han decidido unirse a una demanda colectiva encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La acción legal cuestiona las redadas de inmigración realizadas bajo su administración, argumentando que se cometieron violaciones a los derechos constitucionales, incluyendo detenciones sin órdenes judiciales válidas y prácticas de perfil racial.
Lista de ciudades que se han sumado a la demanda
Entre las municipalidades que han oficializado su participación en la demanda se encuentran:
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Los Ángeles
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Long Beach
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Pomona
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South Gate
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Lynwood
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Huntington Park
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Paramount
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Bell Gardens
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Beverly Hills
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Anaheim
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Santa Ana
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Santa Bárbara
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Carpinteria
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Oxnard
Estas ciudades se unen a otras jurisdicciones que ya formaban parte del proceso, con el objetivo de frenar lo que consideran una política de aplicación de la ley migratoria indiscriminada y carente de las debidas garantías legales para las personas afectadas.
El impacto y los argumentos de la demanda
De acuerdo con la ACLU y las autoridades locales, las redadas implementadas bajo la administración de Trump no solo afectaron a personas sin antecedentes criminales, sino que también generaron un clima de temor generalizado en comunidades enteras.
Entre los señalamientos están el uso de detenciones arbitrarias, arrestos sin orden judicial, objetivos basados en origen étnico y tácticas que vulneran el derecho al debido proceso.
La fiscal municipal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, destacó que la participación de su ciudad en esta demanda responde a la necesidad de proteger a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, y de enviar un mensaje claro contra la discriminación y el abuso de poder.
Según la funcionaria, la demanda no solo busca frenar prácticas de control migratorio consideradas ilegales, sino también exigir transparencia, supervisión y reparación para quienes fueron afectados injustamente.
Para las ciudades demandantes, la adhesión a este litigio representa una defensa de sus residentes y un rechazo a prácticas que consideran contrarias a los valores de justicia y equidad. La coordinación entre gobiernos locales, organizaciones de derechos civiles y comunidades migrantes busca establecer un precedente legal que limite el alcance de estas operaciones y garantice la protección de los derechos humanos.